Navarra y Euskadi encabezan el registro de testamentos vitales, que regulan desde 2002 el derecho de los ciudadanos a elegir qué cuidados desean recibir en la recta final de su vida. La comunidad foral lo lidera con un 2,6%, mientras que el Euskadi le sigue con un 2,1% de sus ciudadanos.

Ambas autonomías superan de largo la media española, que se sitúa en un exiguo 0,94%. Es decir, más del 99% de los españoles y españolas llegan al final de sus días sin haber expresado por escrito qué tipo de tratamientos médicos prefieren no recibir para alargar innecesariamente sus vidas.

La Rioja (1,65%) y Catalunya (1,61%) también forman parte del grupo de comunidades autónomas más activas en la formulación de testamentos vitales, según indica el Registro Nacional de Instrucciones Previas actualizado en enero de este año.

En total, el número de personas que han expresado en España su voluntad por escrito asciende a 454.533, la mayoría por encima de los 65 años. Entre los 18 y 30 años, solo lo han solicitado 6.250 personas, mientras que de 31 a 50 la cifra sube a 51.043.

La comunidad autónoma más rezagada es Extremadura, cuya tasa de instrucciones previas (IP) apenas alcanza el 0,27%. Le siguen Murcia (0,41%), Castilla La Mancha (0,50%), Galicia (0,59%), Andalucía (0,59) y Madrid (0,70%). El cuadro gráfico revela una acusada disparidad entre regiones a la hora de ejercer un derecho regulado oficialmente desde hace 22 años. A simple vista, las autonomías más activas son las más desarrolladas desde el punto de vista económico.

Asimetría territorial

La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) cree que las profundas diferencias entre comunidades están directamente vinculadas con el empeño que cada una de ellas pone en promover el ejercicio de los testamentos vitales. "Falta voluntad política", afirma tajante Fernando Marín, vicepresidente de la organización federal de DMD. "Las consejerías de turno no dedican tiempo, ni campañas de difusión, ni forman profesionales adecuados", lamenta.

La asimetría radica, por lo tanto, en el desigual apoyo prestado por los diferentes gobiernos autonómicos. "Hay 17 formas diferentes de facilitar que las personas puedan ejercer su derecho", explica Marín, en relación al número de comunidades que integran España. "Por eso, hay una gran disparidad de resultados. Hay sitios donde el testamento vital aún no se conoce siquiera".

El caso de Extremadura es paradigmático. "No ha hecho nunca nada. Ni una sola campaña de difusión. No ha actualizado siquiera los formularios oficiales para adaptarlos a la Ley de Eutanasia", describe gráficamente el vicepresidente de DMD.

Marín no cree que detrás de la acusada desproporción de voluntades vitales anticipadas se esconda una cuestión ideológica o moral. Pone como ejemplo precisamente a Extremadura, gobernada durante décadas por el PSOE, mientras que Catalunya y Euskadi, líderes estatales en instrucciones previas, han estado controladas tradicionalmente por el centro derecha independentista.

"No creo que haya fundamentos ideológicos. No le veo una relación directa", argumenta. En ese escenario, opina Fernando Marín, "uno esperaría que los territorios gobernados por la derecha estuvieran peor en términos de testamentos vitales, mientras que los de la izquierda estarían mejor. Pero no es así", responde tajante.

En los sectores más conservadores, por influencia de las creencias religiosas, suele haber un mayor prejuicio a la hora de regular las circunstancias de la muerte. Solo Dios, según su marco ideológico, puede dictaminar cuándo se pone fin a la vida.

Un caso claro ha sido el desarrollo de la Ley de Eutanasia, aprobada en diciembre de 2020, con los votos en contra de PP, Vox y UPN. La derecha independentista, en esta ocasión, respaldó el texto, en un gesto claro de distanciamiento del influjo tradicional de la Iglesia católica.

Diferencias entre el testamento vital y la eutanasia

Fernando Marín, precisamente, estima que el escaso desarrollo del testamento vital en España tiene que ver con un "ruido de fondo" que tiende a identificarlo con la eutanasia. "Y evidentemente no es lo mismo", puntualiza.

Las instrucciones previas recogen la voluntad de las personas en recibir, llegado el momento, un cierto tipo de tratamientos relacionados con la transfusión de sangre, la alimentación gastrostómica o parenteral, la hidratación por vía venosa, el uso de respirador artificial, la sedación paliativa y otros cuidados para prorrogar la vida.

Tampoco considera el vicepresidente de DMD que la incidencia regional de las voluntades vitales tenga que ver con el desarrollo económico o social de las comunidades autónomas. "Catalunya fue pionera. Tiene un trabajo detrás sobre derechos humanos y sanitarios que les avala como comunidad. Navarra se ha implicado mucho. Ha impulsado campañas en marquesinas y ha puesto a disposición trabajadores sociales. Madrid tiene una ley que le obliga a informar en centros sanitarios públicos y privados, y no lo hace".

Lo que percibe Marín es que existe una enorme disparidad entre los protocolos implementados por las comunidades autónomas. En algunas regiones los testamentos vitales se hacen ante notario y en otras se pueden gestionar por correo. "No diría yo que haya caos, pero sí mucha diversidad. Lo que pedimos es que el Gobierno coordine todo", señala.

En Andalucía, una de las comunidades más atrasadas en voluntades vitales, DMD ha detectado un atasco notable en el sistema de registro. "Hay muchos problemas para conseguir cita", protesta Gabriel Sánchez Bellón, responsable andaluz de la asociación.

En esta comunidad, la presentación del formulario debe hacerse de forma presencial a través de un funcionario de la Administración sanitaria. Existen 55 puntos de registro en todo el territorio autonómico y la atención, en muchos casos, se limita a unas cuantas horas semanales. "Faltan funcionarios y más tiempo", lamenta Sánchez.

Otro problema serio es la aplicación informática. "Falla cada dos por tres", asegura el presidente de DMD Andalucía. Ha habido periodos donde ha llegado a estar hasta dos meses seguidos sin funcionar. La Consejería de Salud les ha prometido activar un sistema informático más avanzado, pero, por el momento, se sigue usando el antiguo. "¿Cómo es posible que en una comunidad autónoma no haya informáticos para solucionar este problema?", se pregunta.

Sánchez Bellón coincide con su colega federal. "No hay voluntad política" para promover el derecho a los testamentos vitales. A su modo de ver, sin embargo, sí hay razones de tipo ideológico o moral que influyen en el compromiso político de los gobiernos autonómicos. "Las comunidades con un menor porcentaje de testamentos vitales suelen ser del PP", sostiene. "No se preocupan por este tema, porque piensan que difundir el testamento vital es difundir la eutanasia. Y no tiene por qué".

DMD distingue claramente la diferencia entre la vida biológica y la biográfica. "Los avances de la medicina te pueden mantener conectado a siete cables. Pero eso no es vida", advierte Sánchez Bellón. Y los ciudadanos, en su opinión, tienen derecho a elegir hasta cuándo y en qué condiciones quieren seguir viviendo.