La escalada de los precios de la energía, especialmente los de la electricidad, van a tener en los próximos meses un efecto especialmente intenso en las zonas de montaña, donde se dan dos circunstancias que complican su consumo a un amplio segmento de sus habitantes: una mayor demanda por tener una climatología más fría y una menor disponibilidad de renta por el envejecimiento de su población, que hace que en ocasiones los pensionistas y quienes han alcanzado la edad de jubilación sin haber generado el derecho a una prestación lleguen a ser mayoría en los censos.

Ese avejentamiento, del que dan fe trabajos como el Mapa 174, que muestra como altitud, pendiente, envejecimiento y despoblación confluyen como dificultades principales para la propia viabilidad de los pueblos de montaña, y que hace que la esperanza de vida de muchos de esos núcleos coincida con la de sus habitantes, tiene su origen en los movimientos migratorios del campo a la ciudad del último siglo.

"Los espacios urbanos resultan mucho más atractivos para la población joven por la capacidad de generar empleo, de la que carecen los rurales. Al irse esta de estos últimos, el porcentaje de población mayor va subiendo progresivamente en ellos", explica María Zúñiga, que anota que este fenómeno se da "cuanto más rural o remoto es un espacio", aunque también con "la única excepción de los municipios que han encontrado alguna potencialidad concreta (y endógena) que genere ese empleo, como pueden ser las estaciones de esquí o disponer de algún patrimonio excepcional".

Un estudio de la Fundación BBVA estima en el 13,7% (6,4 millones) la población española que residen en zonas rurales y cifra en el 38% los mayores de 64 años que viven en ellas, porcentajes que, respectivamente, decrecen hasta el 4,1% (1,9) y aumentan hasta el 43,8% conforme el terreno va ganando pendiente, lo que indica que alrededor de 850.000 personas en edad de jubilación viven en áreas de montaña.

"Hay gente que cobra pensiones de 500 euros, de 700, porque trabajaron en la agricultura, y si les quitas cincuenta euros cada mes para pagar la luz se quedan en nada", explica Mario Rouco, teniente de alcalde de Muras, un pequeño municipio lucense cuyo ayuntamiento comenzó a pagar parte del recibo de la luz de vecinos y negocios locales con la pandemia y que ha decidido mantener la medida para paliar el encarecimiento de la electricidad. La suya es una de las tres recetas montañesas para bajar el precio de la energía.

"A quien vive con una pensión no contributiva le puede salir gratis"

En Muras, donde 620 vecinos viven a 1.218 metros de altitud rodeados por un inmenso monte de 172 kilómetros cuadrados, el termómetro no supera estos días los quince grados mientras registra unas mínimas de cinco a las que el viento quita otra grado más de sensación térmica. Eso resulta más frío que otra cosa.

"Casi todo el mundo tiene cocina de leña, o una cocina francesa, además de electricidad. Aquí no tenemos gas natural", señala Rouco, que explica cómo el ayuntamiento decidió en 2019, con el cambio de legislatura, comenzar a asumir una parte del recibo de la luz de sus vecinos.

"Se trata de una subvención. Hay un procedimiento, para el que creamos una normativa, y unos requisitos". Indica. En función de la renta, con un límite de 50.000 euros anuales que los vecinos acreditan con algunos datos de la declaración del IRPF, el ayuntamiento cubre distintos porcentajes del recibo de la luz con aportaciones que pueden llegar hasta 600 euros, con un máximo de 50 mensuales.

A esa línea de ayuda, que solicitan más de un centenar de familias, se le sumaron durante la pandemia otra para los negocios locales, que pueden llegar a cubrir hasta 1.500 euros de la factura de la luz, y una más para las explotaciones agrícolas y ganaderas. Todas ellas se mantienen ahora, cuando los contagios, hospitalizaciones y muertes por coronavirus han cedido el centro del plano informativo al encarecimiento de la energía.

"Todos tienen la posibilidad de pedirlo. Era un pago anual, pero con la pandemia decidimos agilizarlo y lo hemos hecho trimestral", entre otras causas por el descuadre que supone para muchas economías familiares ir adelantando ese dinero mes a mes, anota el concejal, que explica cómo las tres líneas se cubren con un fondo de 60.000 euros anuales que sale del presupuesto municipal.

"Si falta, vamos añadiendo más dinero mediante modificaciones presupuestarias", añade el concejal, que destaca que con este sistema "quienes viven con una pensión no contributiva tienen la posibilidad de que el recibo les salga prácticamente gratis".

Fondos europeos para calentar casas con placas solares y biomasa

El millar escaso de habitantes de La Vall de Boí, en la Alta Ribagorça catalana, vive repartido en nueve pueblos cuya altitud va de los 1.100 metros del fondo del valle, junto al lecho del río Noguera de Tor, y los más de 1.500 de Taüll.

En las zonas más elevadas ya ha helado, aunque "todavía no ha llegado el frío", explica su alcaldesa, Sonia Bruguera, que estos días última dos proyectos vinculados a las energías renovables y la eficiencia energética que, si prosperan, permitirán rebajar el recibo de la luz de los vecinos de al menos dos de esos nueve núcleos, Barruera y Durro.

Se trata de construir en el primero de ellos un polideportivo cuya techumbre estará equipada con placas solares cuya producción tendrá como destino los edificios públicos, como el ayuntamiento, la escuela o el consultorio médico, mientras el excedente se distribuye entre el vecindario. "La normativa de los fondos Next Generation obliga a consumir el 80% de la producción" en los primeros, explica la alcaldesa.

Para el segundo, de apenas 80 habitantes, la idea inicial consiste en combinar la instalación de placas solares con la puesta en marcha de una caldera de biomasa para generar energía con la misma finalidad. "Allí es más factible distribuirla por las casas de todo el pueblo, que además dispone de biomasa porque los vecinos son los propietarios del bosque", anota.

El plan inicial, para el que disponen de una memoria que está revisando un gabinete de ingeniería y que en unas semanas optará a la financiación comunitaria, contempla ejecutar ambas actuaciones en dos años, aunque "hay que redimensionarlo para adaptarlo a la realidad del territorio y del ayuntamiento. Veremos hasta donde podemos llegar y cómo podemos ponerlo en marcha", matiza la alcaldesa.

El IVA sale catorce veces más caro que la energía

En La Torre de Cabdella, un municipio de 19 pueblos del situado a 1.706 metros de altitud en el Pirineo de Lleida en el que esperan las primeras heladas la semana que viene, llevan unas semanas esperando a que la jueza de Tremp aclare cuánto cuesta producir un kilowatio, algo que Endesa no ha sido capaz de aclarar en el prolongado y enconado conflicto que mantienen el ayuntamiento y los vecinos, por un lado, y la eléctrica por otro.

La historia arranca en 1927, cuando La Canadiense, una de las empresas antecesoras de Fecsa, que acabaría siendo absorbida por Endesa durante las fusiones del cambio de siglo, cerró con el consistorio un acuerdo por el que los vecinos pagarían la luz, que esa empresa producía en la central de Cabdella, a 35 céntimos de peseta (0,21 céntimos de euro) por kilowatio.

El acuerdo, retocado en 1979 y 1985, se fue aplicando hasta que en 2010 un movimiento de Endesa desató las hostilidades: mantuvo el precio de 0,21 céntimos por Kw en los recibos, pero comenzó a aplicar un IVA del 21% sobre la energía consumida calculada sobre la base de una tarifa TUR (Tarifa de Último Recurso), que entonces dejaba el Kw a 14 céntimos.

Eso suponía 2,94 céntimos por kilowatio, con lo que los impuestos resultaban catorce veces más caros que la energía en un pueblo que soporta la presencia de otras cuatro centrales, una más de Endesa en el lago Sallente y tres de Hidrodata (Molinos, La Plana y la minicentral de Cabdella), varias de ellas en el río Flamisell.

Tanto el Ayuntamiento como los vecinos dejaron de pagar la luz durante cinco años, en un conflicto que se cerró con un acuerdo de liquidación al que siguió una nueva negativa a pagar los recibos que, mayoritariamente, se mantiene.

Cortes de luz, negociaciones y casos abiertos

En 2020, Endesa comenzó a girar facturas y a enviar cartas con avisos de corte del suministro en las que explicaba que se veía obligada a cobrar el IVA puesto que una consulta vinculante con la Agencia Tributaria indicaba que debía hacerlo "sobre el coste de la energía", explica la edil.

El nuevo cálculo estimaba el impuesto sobre los precios del mercado mayorista más los peajes de transporte, lo que daba lugar, de nuevo, a un precio teórico similar al de la tarifa TUR. "Lo que dice la Agencia Tributaria es que hay que gravar el coste de la energía, pero ese es un dato que las eléctricas no dan", señala Burgués, que muestra su extrañeza por la aplicación de los peajes "a una elecricidad que se genera aquí mismo".

En septiembre del año pasado llegaron los primeros cortes de luz, lo que, tras su paralización, dio lugar a una nueva negociación que acabó con el acuerdo de liquidar las deudas del periodo 2015-2020 en 18 meses y sin intereses. "Nos encontramos con que o pagábamos o nos cortaban la luz, y más de cien vecinos se acogieron a esas condiciones", anota.

Algunos habían acumulado deudas de más de 10.000 euros e incluso por encima de los 20.000. "La gente lo tiene todo eléctrico porque esa era la energía más barata con el acuerdo inicial", recuerda la concejal. La deuda del ayuntamiento superaba los 300.000.

Los impagos de varios vecinos acabaron judicializados, en una serie de procedimientos en los que el TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Catalunya) acabó avalando los argumentos de la eléctrica, que paralelamente había denunciado a otros en el juzgado de Tremp, cuyas sentencias abrieron un nuevo escenario: el IVA debe aplicarse sobre el precio acordado en 1927 para los primeros diez Kw de consumo y, a partir de ahí, sobre el coste de generación de la electricidad.

La magistrada deberá determinar ahora en qué consiste ese último concepto al haber recurrido el abogado del ayuntamiento la petición de ejecución de la sentencia sobre uno de los vecinos que hace tres semanas pidió Endesa, que insistía en que no es posible calcular el concepto ‘coste’ y proponía de nuevo aplicar la combinación de los precios mayoristas y los peajes de transporte.