La celebración del Día del Orgullo LGTBIQ+ se ha visto afectada este año por la polémica de las banderas arcoíris. La alianza del PP con Vox tras las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo no sólo ha provocado la desaparición de consejerías de Igualdad y anuncios de reforma de leyes trans en diversas comunidades autónomas –como Madrid–, sino también que muchos ayuntamientos y parlamentos autonómicos donde la derecha y la ultraderecha gobiernan –o están a punto de hacerlo– hayan vetado el emblema LGTBIQ+. 

La polémica ha recorrido el país de punta a punta, pero donde mejor se visualiza esa disputa es en las Cortes de Castilla y León, la primera institución que presidió Vox con el apoyo del PP. Allí la bandera LGTBIQ+ ha sido vetada por segundo año consecutivo con la anuencia de los populares, aunque el PSOE ha colgado una en el balcón exterior de su grupo parlamentario, en un claro desafío a las directrices de la ultraderecha. Vox ya ha amenazado a Luis Tudanca, secretario general del PSOE de Castilla y León, con denunciarle en los tribunales si los parlamentarios socialistas no retiran la bandera arcoíris.

Lo ocurrido en Castilla y León ha tenido réplicas por todo el Estado, hasta el punto de que la controversia sobre colgar o no colgar en las instituciones oficiales el emblema que simboliza la lucha de un colectivo históricamente discriminado ha copado el debate político y ha vuelto a colocar al PP en una incómoda posición a menos de un mes para las elecciones generales. 

A sus evidentes contradicciones con la lucha contra la violencia machista el PP añade ahora el problema de mantener su alianza con Vox sin parecer un partido homófobo. Los populares son rehenes de sus pactos con la ultraderecha en más de un centenar de ayuntamientos donde no ha ondeado la bandera arcoíris, pero no quieren mostrar una imagen de debilidad permitiendo que Vox le marque la agenda en otro asunto tan sensible como los derechos del colectivo LGTBIQ+.

En este sentido, las palabras de Yolanda Díaz son ilustrativas: la líder de Sumar tiene muy claro que Feijóo "quiere hacer vicepresidente" a Santiago Abascal, el líder de Vox, y no tiene más remedio que tragar con lo que le marque la ultraderecha. Abascal dijo el miércoles que él no celebra el Día del Orgullo, entre otras razones, porque es heterosexual, y arremetió contra los "lobbies" LGTBIQ+.

La estrategia del PP es clara: pretende marcar distancias con Vox aunque ello suponga dejar al desnudo sus incoherencias y sus contradicciones. 

Para salir del paso, el PP ha optado por una solución intermedia pero insuficiente: en los ayuntamientos donde forma equipo de gobierno con Vox, la bandera LGTBIQ+ ha desaparecido y allí donde gobierna en solitario la ha sacado al balcón.

Es más, empeñado en ofrecer una imagen amable y solidaria con el colectivo LGTBIQ+ pese a que los pactos con Vox ponen en tela de juicio esa voluntad, el PP publicó un manifiesto este miércoles con motivo del Orgullo en el que presume de ser un partido comprometido con las "políticas que hagan frente a la lgtbifobia y que permitan que todas las personas vivamos con plenitud de derechos y amemos en plena libertad".

En ese mismo manifiesto, el PP destaca que España es una de las naciones más igualitarias y justas del mundo, la tercera en respeto al colectivo LGTBI de toda Europa, y sostiene que esta realidad se ha alcanzado "gracias a hombres y mujeres libres, a políticos de toda ideología y sensibilidad; y en poco más de cuatro décadas de democracia". Como parte de ese compromiso, el PP ha llegado a iluminar con los colores de la bandera arcoíris el logo del partido en la fachada de su sede central, en la madrileña calle de Génova. Incluso Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, publicó un tuit en el que afirma: "Libertad es poder elegir. Celebramos el reconocimiento a la diversidad y a que cada uno decida quién quiere que le acompañe en su vida".

Los intentos del PP de disimular su dependencia de Vox en esta materia están condenadas al fracaso. Incluso el azar ha dejado en mal lugar a los populares: el mismo día del Orgullo el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad que el PP ha presentado contra la Ley Trans, recientemente aprobada. 

Estas contradicciones del PP han sido aprovechadas por la izquierda y destacados representantes del colectivo LGTBIQ+, que han salido en tromba a criticar la hipocresía y el doble juego de los populares y de su líder. 

Pero nadie mejor que Uge Sangil, presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), para retratar la doble moral del PP en la defensa de los derechos del colectivo. A juicio de Sangil, "el PP se retrata con acciones como el recurso de la ley trans. No son distintos a Vox. Es un partido que trata a las personas LGTBI de enfermas".

Sangil recordó el largo historial de actuaciones que deja en evidencia al PP: "Durante toda la historia de la democracia, los populares han votado en contra de leyes como el divorcio, la eutanasia, el aborto o el matrimonio igualitario, contra el que también presentaron un recurso".

Sangil sostiene que el PP habla de boquilla y que su verdadero objetivo es meter al colectivo LGTBIQ+ "en el armario". "No podemos permitir que Vox entre en nuestras instituciones. Un partido que ataca los derechos humanos no está legitimado para gobernar", dijo Sangil el miércoles. Lo peor de todo para Sangil es que el PP de Feijóo, pese a sus palabras y sus manifiestos, ya ha demostrado que "seguirá la estela de países como Italia o Hungría con su intención de derogar la ley LGTBIQ+".