El Ayuntamiento de Rivas, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid han impedido este miércoles la entrada de una asociación de vecinos y sus representantes en la Asamblea de la Cañada Real, donde se debatían cuestiones como la reciente resolución del Consejo de Europa. "Los representantes públicos van a decidir qué medidas adoptan para devolver la luz a los barrios, hablarán de realojos y desalojos; hablarán, en definitiva, del futuro de las personas a las que están bloqueando el acceso", denuncian desde la Plataforma Cívica por la Luz en la Cañada Real. 

"Las autoridades referencian una serie de argumentos absolutamente burocráticos que lo único que hacen es impedir la participación vecinal y democrática que exige la legislación", continúan las mismas fuentes. La Ley 2/2011 de Cañada Real y el Pacto Regional consideran que las decisiones relacionadas con la zona se tienen que tomar contando con la participación de las familias implicadas y las asociaciones vecinales. "Los funcionarios han impedido nuestro acceso", insisten desde las entidades que forman parte de la plataforma, una afirmación que niegan desde el Consistorio.

El Ayuntamiento de Rivas asegura que "todas las asociaciones y entidades sociales que están representadas en la Asamblea" han participado y recuerdan, además, que el Consistorio tiene una mesa de seguimiento permanente con las entidades sociales que pertenecen al término municipal, "donde se abordan todos los temas que son de interés vecinal". La Asamblea la convoca y preside el Comisionado de la Cañada Real y se realiza en esta localidad madrileña por su proximidad con el barrio. 

La administración local insiste además en que "las solicitudes para participar deben hacerse en tiempo y forma", una máxima que contradicen los colectivos sociales. "Hemos intentado pasar, pero había una especie de control de acceso, nos han dicho que habíamos enviado tarde la documentación, cuando estaba entregada y, además, no había ningún plazo para enviarla. Estamos ante un atropello de los derechos democráticos", denuncia Alejandra Jacinto, asesora legal de uno de los distritos.

El presidente de la Asociación de Vecinos Barrio Unido del Sector IV, "legalmente constituida", y asesores legales del grupo no han podido participar en el debate; tampoco han tenido acceso los representantes de la Plataforma Cívica por la Luz en la Cañada Real. "Estamos más que legitimados para participar porque se han debatido precisamente cuestiones que hemos conseguido pelear desde la plataforma", reivindican. El Ayuntamiento de Madrid argumenta que "todas las estructuras previstas en el Pacto Regional se rigen por normas de organización y funcionamiento" y "no es un espacio de puertas abiertas", pero "la participación vecinal está perfectamente asegurada con las asociaciones que forman parte del órgano". 

Más Madrid ha mostrado su disconformidad con la decisión y ha abandonado el debate en señal de protesta. "Llevo en los órganos de seguimiento del Pacto desde 2021 y esta es la primera vez que me encuentro con un control de acceso. El aforo era inmenso, puedo dar fe de muchas mesas de trabajo en las que entraron colectivos y vecinas sin estar previamente registrados, y lo veo lógico, porque ese es el espíritu del Pacto", señala Alicia Torija, representante del partido en las sesiones. La subdelegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid también ha intervenido en el encuentro. 

"No podemos hablar de lo que nos dice Europa si no escuchamos a todos los vecinos, había personas fuera de la sala con un interés acreditado, conocedoras de la realidad, hemos insistido en pedir du entrada, pero no había diálogo posible", continúan desde Más Madrid. Alejandra Jacinto suscribe esta tesis y añade: "Lo que están haciendo es insistir en esa vulneración de derechos que precisamente cuestiona el Consejo de Europa; la participación vecinal es un derecho".

Estrasburgo hizo pública en febrero la primera sentencia que condena a España por los cortes de luz en la Cañada Real; un fallo que reconoce la vulneración de varios derechos de la Carta Social Europea. La resolución llegó tras una denuncia colectiva de la Plataforma Cívica por la Luz, que "tampoco ha podido entrar a la Asamblea". Las familias que habitan el barrio llevan más de cuatro años sin suministros. Las instituciones comunitarias consideran que los organismos públicos deberían haber intervenido para garantizar el derecho a la vivienda y un "acceso estable, constante y seguro a energía adecuada".