Consejos vendo, pero para mí no tengo. Durante 2015, uno de los peores años de la crisis mundial de refugiados, el Gobierno de Mariano Rajoy mantuvo una actitud dispar. Mientras públicamente vendía el mensaje de “responsabilidad y solidaridad”, en el interior de sus fronteras aplicaba la mano dura contra las personas inmigrantes.

De ello pueden dar fe los más de tres mil marroquíes que fueron expulsados de este país en 2015 y que ahora figuran como simples y frías cifras en un documento enviado por el ministerio de Interior a la diputada vasca Marian Beitialarrangoitia (EH Bildu).

La pregunta escrita de la parlamentaria abertzale fue presentada en noviembre de 2016, pero el gobierno no dio una respuesta hasta el pasado martes 20 de junio, siete meses después. En su iniciativa, Beitialarrangoitia solicitaba al ministerio de Interior una amplia colección de datos sobre las actuaciones desarrolladas contra personas extranjeras a lo largo de 2015. Básicamente, requirió información sobre todas las vías posibles por las que pueden producirse expulsiones, así como por las detenciones practicadas en base a la polémica Ley de Extranjería.

El documento de respuesta tiene 14 páginas. Allí pueden encontrarse datos sobre las detenciones de inmigrantes por “infracción de la Ley de Extranjería”: suman en total 36.296 personas, de las cuales 32.378 eran hombres y 3.918 mujeres. Las cinco comunidades donde más detenciones se registraron fueron Madrid (7.875), Andalucía (6.822), Ceuta (4.873), Catalunya (3.760) y Valencia (2.586).

También aparecen los 13 vuelos organizados por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para echar de España a 499 personas. Bucarest (Rumania), Dakar (Senegal), Quito (Ecuador) y Bogotá (Colombia) fueron los principales destinos, con tres viajes al año cada uno. Seguido aparece Lagos (Nigeria), con dos vuelos, y detrás figuran Douala (Camerún), Bamako (Malí), Tirana (Albania), Tbilisi (Georgia) y Noauakchot (Mauritania), con un vuelo respectivamente. También figuran los 15 traslados financiados por la Agencia Europea de Fronteras Exteriores (FRONTEX) durante ese año, destinados a expulsar vía aérea a otros 240 extranjeros.

Por su parte, 1.463 inmigrantes marroquíes fueron repatriados en vuelos que partieron de Madrid, hicieron escala en Barcelona, Jerez o Algeciras y acabaron en Ceuta. También hubo 13 ciudadanos de ese país que fueron devueltos a través de Melilla en cuatro vuelos realizados durante los meses de febrero –cuando se registraron dos viajes-, marzo y octubre. Asimismo, las autoridades españolas echaron a 918 argelinos en 82 barcos que salieron desde los puertos de Alicante y Almería.

Miles de escoltas

Ya sea por aire o mar, los operativos de expulsiones requirieron una amplia presencia de “escoltas”. En el caso de los barcos con destino Argelia, se emplearon hasta 1492 funcionarios. Por ejemplo, en el barco que repatrió a 708 argelinos hubo 1.151 escoltas. En el caso de los vuelos organizados por Interior –con destinos que no fuesen Ceuta ni Melilla- el número asciende hasta 905, mientras que en los aviones fletados para expulsar a marroquíes participaron 2.304 policías (2.262 en los que iban a Ceuta y otros 42 en los que se dirigían a Melilla), con una media de 30 funcionarios por avión.

En su respuesta, el gobierno asegura que “no se tiene conocimiento de ninguna denuncia” interpuesta contra esos agentes de la Policía Nacional, a los que define como “encargados del traslado y la custodia durante la expulsión”.

Marruecos a la cabeza

En ese contexto, la tabla de “personas expulsadas en el año 2015” eleva el número de marroquíes deportados hasta 3.033, ya que no todos ellos fueron devueltos vía Ceuta y Melilla. De esa cifra, 2.848 eran hombres, 184 mujeres y otra persona figura en el listado de Interior como de sexo “indeterminado”. El segundo país con mayor número de compatriotas expulsados de España en 2015 fue Colombia, con 469 (422 hombres y 47 mujeres), seguido por Rumania con 320 (293 hombres y 27 mujeres) y Ecuador, país al que se vieron obligados a regresar 275 personas (251 hombres y 24 mujeres).

En total, durante 2015 se registraron 6.869 expulsiones, de las cuales 2.871 fueron ejecutadas desde Centros de Internamiento de Extranjeros y otras 2.607 desde calabozos policiales. En 1.088 casos se trató de “sustituciones de penas”, mientras que otros 984 inmigrantes fueron deportados tras obtener la libertad definitiva. Hubo otros 478 que resultaron expulsados mientras se encontraban en libertad condicional, al tiempo que 57 fueron forzados a marcharse cuando se encontraban en prisión preventiva, aún a la espera de juicio. Nadie sabía si finalmente serían condenados, pero España optó por echarles.