Polémica en Málaga por un proyecto de rascacielos en el Puerto que modificará el 'skyline' de la ciudad

Málaga es una ciudad que mira al mar y el mar le devuelve la mirada. Desde los muelles se puede observar su skyline, en el que hitos como la Catedral han quedado relegados a un segundo plano por la construcción en los años 50 del hotel Málaga Palacio, paradigma de la arquitectura turística. Seis décadas después surge el mismo peligro: el proyecto de un hotel rascacielos de 135 metros de altura en el Puerto cosecha desde hace meses rechazo ciudadano ante la idea de que el horizonte y el patrimonio urbano sea hipotecado de nuevo.

Así, la capital de la Costa del Sol se ha sumado a un calendario de movilizaciones como la de la sanidad en Granada o la del movimiento popular contra el muro del AVE en Murcia. Pero la afección paisajística no es la única preocupación: también lo es la “apropiación privada de un espacio público de primera magnitud”, según apunta el concejal Eduardo Zorrilla, del grupo Málaga para la Gente, coalición en la que se enmarca Izquierda Unida (IU), uno de tantos que apuntan también al “modelo de puerto y ciudad que queremos”. Una discusión que pasa, inevitablemente, por la transformación de la urbe para ser un escaparate para el turista antes que una ciudad para sus vecinos.

PP, PSOE y Ciudadanos esgrimen el argumento de la creación de empleo para justificar recalificaciones urbanísticas

Tras el proyecto del hotel se encuentra un opaco grupo de inversores qataríes llamado Al Bidda, y el arquitecto José Seguí como principal interlocutor y valedor. Y a su favor se posicionan PP, PSOE y Ciudadanos, que esgrimen el argumento de la creación de empleo para justificar recalificaciones urbanísticas y una serie de complejos trámites burocráticos que todas las administraciones implicadas (desde Autoridad Portuaria al Consejo de Ministros) están dispuestas a agilizar.

En este sentido, desde septiembre de 2016 los distintos gobiernos de Mariano Rajoy han ido dando muestras de que la legislación no será un obstáculo. Por aquellas fechas, el entonces ministro de Fomento en funciones, Rafael Catalá, consideró que la iniciativa de hotel de gran lujo en el muelle era “un gran proyecto” para la economía turística de la zona. El pasado mes de julio, su sucesor en la cartera, Iñigo de la Serna, firmó en una visita a la ciudad la nueva Delimitación de espacios y usos del puerto (Deup), un documento que permite continuar con los trámites para dar encaje urbanístico a la obra.

La pelota la tiene ahora el Ayuntamiento, que comenzará a trabajar de forma inminente en la modificación del Plan Especial del Puerto para posibilitar la construcción del hotel de lujo. Todo gracias a un controvertido Informe de Impacto Ambiental de la Junta de Andalucía, que se aprobó por vía rápida (4 meses en lugar de 18) y que señalaba que la torre afectará a “determinadas vistas (…) fácilmente modificables en función de la ubicación del observador”. Una suerte de “si no te gusta, no mires” que ha molestado a los grupos contrarios a esta edificación.

Superado el escollo del Plan Especial, será entonces el Consejo de Ministros el encargado de levantar la prohibición de erigir una instalación hotelera en un espacio de dominio público portuario, tal y como prevé la Ley de Puertos estatal.

Las ciudades frente al monocultivo intenso del turismo

Desde hace años las autoridades locales se hinchen de orgullo después de que medios extranjeros hayan comenzado a definir a Málaga como “la nueva Barcelona”. La analogía es evidente, y no solo por los buenos datos económicos que arroja el turismo. También en los problemas que supone el exceso del mismo: ruidos, aumento de los alquileres, abundancia de pisos vacacionales y, en definitiva, en la conversión del barrio en un “parque temático” como ha denunciado en numerosas ocasiones colectivos como Málaga Centro Antiguo. Al menos 10.000 vecinos han abandonado el Centro en los últimos ocho años según datos del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), una oficina municipal.

En este contexto de turistificación de la ciudad se sitúa la polémica de la torre, que viene a confirmar la tendencia de la Autoridad Portuaria por privatizar su suelo. En muy pocos metros se puede comprobar la coexistencia de los dos modelos: un muelle es una extensa zona peatonal con espacios de esparcimiento para niños y mayores, y a pocos metros comienza una zona de comercio de lujo que emula el recinto marbellí de Puerto Banús.

"Los suelos son de uso ciudadano, el interés general no está demostrado”

Pero uno de los dos modelos se está imponiendo frente al otro. Es revelador que para la misma parcela sobre la que ahora se proyecta la torre -un hotel de “superlujo” de 135 metros de altura- se pensó ubicar equipamientos públicos, como el Auditorio de Málaga, en el limbo desde hace años. “Los ciudadanos tenemos derecho a la ciudad y a su imagen urbana. Una ciudad que no permite que se debatan proyectos no merece ese nombre”, reivindica el arquitecto malagueño Fernando Ramos.

Todo el malestar social contra la torre lo aglutina una plataforma, Defendamos Nuestro Horizonte (DNH), que en pocos meses ha reunido más de 8.000 firmas por internet. El 16 de noviembre reunió a 300 personas en una concentración para oponerse a que se edifique “esa torre en ese lugar”. “No es un mensaje casual, es que no queremos que el debate se desvíe a rascacielos sí o rascacielos no, o rascacielos en otro sitio sí o no”, explica Juan Antonio Triviño, trabajador portuario jubilado y portavoz del colectivo.

Más allá del impacto paisajístico, quienes se oponen al rascacielos han empleado una ristra de argumentos que desde las administraciones y los grupos a favor siempre se ha contestado con la lacónica excusa de la generación de empleo. Ysabel Torralbo, concejala por Málaga Ahora, grupo que nació al albor de Podemos para las elecciones, ha incidido en que un hotel de lujo en el Puerto no será algo disfrutado por la “inmensa mayoría de los malagueños”. “Los suelos son de uso ciudadano, el interés general no está demostrado”.

Su homólogo en el grupo de Málaga para la Gente (IU), Zorrilla, es “consciente” de que con la crisis de los Puertos, el de Málaga busca “alternativas para salir adelante, dada la fuerte competencia que hay por hacerse con el tráfico de contenedores”. “Se están buscando fórmulas alternativas, pero eso no puede justificar la privatización y el vender a cachitos el Puerto de Málaga”.