Ninguno de los dos sabía lo que les esperaba en Tarragona, el único lugar en el que les podían ayudar. Recién llegados desde la madrileña ciudad de Torrejón de Ardoz y acompañados de dos bolsas en las que guardan todos sus enseres, pronto vieron que su suerte no había cambiado en absoluto. En pocos días se verían, de nuevo, viviendo en la calle. Ellos son Pedro José Gavilán: 42 años, parado de larga duración y con problemas en el corazón; y Ana Vidal: 43 años, con una discapacidad del 65%, arrastra las consecuencias de un ictus que sufrió hace años y que ahora le produce desorientación, y recibe una ayuda de 350 euros al mes. Es el único dinero que tienen para vivir, por lo que ahora sobreviven en un parque, se alimentan en comedores sociales y se pasan las horas pidiendo frente a un supermercado.

"La situación parecía que se iba a arreglar cuando una supuesta amiga de Ana nos acogió en Torrejón, pero lo que hacía era cobrarnos toda la prestación que recibe por una habitación en su casa, y no sabían convivir. Se comían la poca comida que llevábamos", empieza a relatar Gavilán. En ese instante empezó su periplo para encontrar ayuda, pero el problema del empadronamiento era una frontera imposible. "Nadie nos quería empadronar porque no nos hacían contrato en las habitaciones que alquilábamos, así que fuimos a la Cruz Roja", cuenta el afectado.

Julio Riera, miembro de la junta directiva de la Asociación Ciudadana Torrejón de Ardoz (ACTA), les atendió en la despensa solidaria del municipio. "Llegaron casi con lo puesto y nos dijeron que a él le habían denegado la ayuda en el SEPE, así que lo primero que hicimos fue ayudarles de emergencia, sin pedirles ningún tipo de papeles", relata el mismo Riera. Era julio y el calor arreciaba en esta ciudad del Corredor del Henares cuando la Cruz Roja les dijo que, para recibir cualquier tipo de prestación, deberían acudir al lugar de empadronamiento, así que decidieron ir a Tarragona.

Antes del viaje, la Cruz Roja les pagó una noche en un hostal y los billetes para ir a la ciudad en la que Gavilán está empadronado. El 6 de agosto llegaban a Tarragona e, inmediatamente, acudieron a servicios sociales. "Nos decían que nos pagaban unos días en un hostal, y luego lo alargaron una semana más, pero el día 18 ya estábamos en la calle", cuenta el propio Gavilán.

Miedo a dormir en la calle

"Con un poco de depresión, que está lloviendo y estamos pidiendo enfrente de un supermercado", responde Vidal al ser preguntada cómo está. Ella está empadronada en Barcelona, donde hace tiempo servicios sociales también les dio la espalda, denuncia. "No nos podemos duchar, no podemos dormir bien, y estamos muy preocupados siempre porque la gente te puede robar o agredir", cuenta ella. Y así sucedió, pese a que intentan pernoctar en un parque que cierra por la noche. En sus propias palabras: "Una noche dos hombres quisieron abusar de mí, pero Pedro les echó".

Vidal, además, tiene una hija a la que no ve desde hace mucho tiempo dado que la custodia la tiene su madre. Es decir, la abuela de más de 60 años cuida a la nieta, de 18. "Viven cerca de Barcelona y con la cría sí que suelo hablar, me llama, aunque le cuesta mucho hablar. Ella también tiene una discapacidad del 78% porque su padre, mi pareja de entonces, me pegó una paliza estando embarazada. Me empujó y me di con la mesilla de noche en la tripa, con la niña dentro", se explaya la afectada antes de decir que vivir en la calle le ha causado diferentes picaduras de chinches y pulgas.

Buscando la ayuda social

Gavilán se las ve y se las desea para poder acceder al Ingreso Mínimo Vital que espera le concedan pronto. Define su situación como "una pelota que cada día se va haciendo más grande". Se refiere a la mella que supone vivir en la calle: "Vamos al reparto de comida de un comedor social por las mañanas, pero para cenar es algo más difícil. La Cruz Roja de aquí nos deja un espacio para asearnos, con duchas y gel, y también podemos lavar la ropa. Es lo único en lo que nos pueden ayudar, dicen".

Por su parte, aunque la Cruz Roja de la Comunidad de Madrid no puede dar información concreta de los dos afectados por la Ley de Protección de Datos, afirman que atienden a todas las personas en situación de vulnerabilidad que acuden a ellos, realizan una valoración de su situación y les ofrecen respuestas adaptadas a sus necesidades.

Algo parecido es lo que les ocurrió en ACTA: "Cuando nos dijeron que estaban otra vez en la calle se nos cayó el mundo a los pies. Los servicios sociales no funcionan en este país porque nunca proporciona soluciones estructurales, solo parches", en palabras de Riera. Es él quien aporta una perspectiva más general de la situación: "La realidad es muy clara. Van a echar a mucha gente de sus pisos porque no pueden pagarlos, porque la vivienda social y pública no existe, muchos empleos de estas personas son en B y los que son en A no llegan a los 400 euros. Así están de llenas las despensas solidarias".

Los dos afectados se pasan los días acudiendo a servicios sociales, arreglando papeles y pidiendo en la calle, rodeados de todas las pertenencias que pueden llevar encima: "Fuimos a la asistenta el otro día y nos dijeron que estaba de vacaciones hasta dentro de más de tres semanas. Además, el de seguridad que hay en la puerta nos faltó el respeto. Me dijo que tenía sarna en un tono muy feo porque me ha salido un sarpullido en las piernas que ya me estoy tratando", comenta al respecto Vidal. A todo ello se suma el ictus que sufrió hace seis años, lo que ahora le hace desorientarse con facilidad. "Tienen que volver a examinarme porque mi discapacidad ha podido aumentar", exige.

Un trabajo como salvavidas

Gavilán, en cambio, dejó de trabajar en 2015 aquejado de fuertes dolores musculares: "Siempre estaba fatigado, con mucho dolor de piernas y después de hombros. Me hicieron muchas pruebas y me tomaba pastillas muy fuertes, pero no me hacían nada. Los pinchazos de cortisona me hicieron engordar más de diez kilos y también me aumentó la tensión, así que tuve que dejar de tomármela y ahora tomo pastillas para regular la tensión", explica él mismo.

Pese a que se enfrentó a un tribunal médico en dos ocasiones, a Gavilán nunca le dieron la incapacidad laboral. "Y a eso ponle que hace unos días, los médicos de Madrid me dijeron que tenía un fallo en una válvula del corazón, así que ahora estamos más preocupados que nunca por la salud y la falta de higiene que tenemos al vivir en la calle", puntualiza el tarraconense. En estos momentos, Gavilán espera que le aprueben el IMV, que no superaría los 700 euros. Con ese dinero y la pensión por incapacidad de Vidal mejorarían las cosas, aunque no cambiarían demasiado.

"La cosa está muy jodida, pero a mí lo que me gustaría sería encontrar un trabajo. Soy informático y programador, y todo lo he aprendido por mi cuenta, y querría algo así porque no puedo estar de pie muchas horas porque se me cargan las piernas", recalca Gavilán. Y así están, "carrito p’arriba, carrito p’abajo", como dicen, esperando que alguien les ofrezca un trabajo o los servicios sociales estén a la altura de las circunstancias.