La Cartuja de Jerez, el monumento más relevante del patrimonio histórico de Cádiz, según todos los expertos, es propiedad del Estado aunque fue cedido al Obispado de Asidonia-Jerez en un convenio firmado en 2003 con el Ministerio de Hacienda. Fundada en 1474 por Álvaro Oberto de Valeto y ocupada por los monjes cartujos en régimen de clausura durante cinco siglos, en 2004 fue traspasada a las Hermanas de Belén hasta que en marzo pasado abandonaron el cenobio.

Ahora la Diócesis prepara un nuevo plan de usos, que incluye la incorporación de una nueva orden religiosa para dar cumplimiento a las condiciones de cesión pactadas con la Dirección General de Patrimonio. El protocolo estipula el préstamo de la joya arquitectónica durante 75 años y circunscribe su gestión al uso "religioso" y "cultural", incluido su destino como "sede de congregaciones". El Obispado anunció hace apenas diez días el inminente ingreso de las Carmelitas Mensajeras del Espíritu Santo y planeó cambios sustanciales en el modelo de gestión, con la apertura al público de un monumento fundamental del catálogo andaluz de patrimonio histórico.

Una joya poco visitada por su gente

Hasta ahora el monasterio ha estado cerrado "a cal y canto" y bajo un régimen de "absoluta opacidad" y "falta de transparencia", según denuncian varios colectivos ciudadanos agrupados en la asociación Amigos de la Cartuja. Los colectivos exigen la "reversión" del monumento al "pueblo de Jerez" y la denuncia del convenio firmado en razón al "reiterado incumplimiento" por parte del Obispado de las cláusulas pactadas con el Estado. El atropello más flagrante, a juicio de las asociaciones, es haber privado a la ciudadanía del derecho de visita durante décadas. "Ni los jerezanos ni los andaluces conocen esta joya patrimonial", protesta Fernando Romero, miembro de la Plataforma por la Defensa del Patrimonio Histórico de Jerez y uno de los pocos privilegiados que conocen los tesoros artísticos de un bien de interés cultural (BIC), que integra elementos de enorme valor del gótico, el renacimiento y el barroco español.

De hecho, el convenio suscrito en 2003 obligaba a la Diócesis a desarrollar "actividades de difusión de la dimensión histórico-artística del inmueble, que deben implicar la apertura al público permanente o puntual de las zonas aptas para ello", en referencia a las áreas restringidas por ser un monasterio de clausura. En esa circunstancia, según los colectivos, se ampara el Obispado para limitar restrictivamente la entrada al monumento, que en la práctica ha impedido su visita.

El nuevo plan de usos anunciado por la Diócesis prevé "por primera vez en su historia", según admite la propia Iglesia, un programa de visitas regulado de martes a domingo y en horario de mañana y tarde. Según el proyecto notificado por el Obispado, la Cartuja de Jerez abrirá sus puertas a "espacios no visitables" hasta entonces. La web oficial del monumento ya dispone de una taquilla virtual para comprar entradas, aunque aún no especifica horarios de visitas ni tarifas.

Al tratarse de un bien de interés cultural (BIC), la ley le obliga a programar un mínimo de cuatro visitas gratuitas al mes y a exponer públicamente los horarios en un lugar visible. Ninguna de esas estipulaciones han sido cumplidas por el Obispado, según denuncian las organizaciones culturales.

Otro de los reproches ciudadanos a la gestión eclesiástica del monumento público se dirige al presunto descontrol patrimonial y la ausencia de un inventario que certifique el listado de obras de arte contenidas en el monasterio. "Aquí se han hecho barbaridades", lamenta José Luis Moreno, miembro de Laicistas de Jerez, una de las asociaciones más activas en la defensa del patrimonio cultural público e integrada en la red Amigos de la Cartuja.

Moreno cita dos obras ejecutadas en los últimos años por el Obispado, que han "alterado notablemente la estructura" de algunas zonas del inmueble. De un lado, la rehabilitación del claustro mayor y, por otra parte, la reforma de las antiguas celdas de los monjes para convertirlas en alojamientos. Las dos intervenciones sumaron una cuantía cercana a los tres millones de euros, según cálculos de Juan Taboada, ex concejal del Ayuntamiento y miembro también de Laicistas de Jerez. Ambos proyectos fueron financiados casi íntegramente por fondos públicos, aduce Taboada, lo que contraviene una de las cláusulas del convenio pactado.

La orden de cesión adjudicaba al Obispado la "vigilancia, custodia y mantenimiento del inmueble" con el fin de garantizar su "conservación". También asumía los "gastos corrientes y el personal", así como el abono de los "impuestos que correspondan". Y contemplaba que todos los proyectos de reforma, rehabilitación y restauración quedarían "incorporados al inmueble sin que el Obispado pueda reclamar compensaciones". Ninguna de estas prescripciones han sido respetadas por la Iglesia, aseguran los colectivos.

Según la denuncia ciudadana, la Iglesia pretende ahora explotar comercialmente el monumento con un servicio de hospedería y una tienda de souvenirs, que ya fue abierta por las Hermanas de Belén con anterioridad. Público contactó con el Obispado de Asidonia-Jerez para confirmar todos estos extremos. Fuentes de la Diócesis remitieron a la nota de prensa distribuida semanas atrás y la información contenida en la web oficial.

La Cartuja de Jerez es un monumento de "primer nivel histórico nacional", indica el arquitecto y profesor de la Universidad de Sevilla Manuel Castellano, profundo conocedor del monasterio gaditano. De hecho, fue declarado monumento nacional en 1856, uno de los primeros de España. El experto destaca sus excepcionales valores como ejemplo de la "arquitectura tardogótica" española, pese a que muchas de sus obras fueron expoliadas a lo largo de los siglos y otras se encuentran depositadas en museos internacionales.

Castellano ha podido entrar en varias ocasiones para cumplimentar sus investigaciones doctorales, pero dice lamentar las "dificultades de acceso" público al gran tesoro patrimonial de Cádiz. Hasta ahora las visitas han estado "muy restringidas", admite. El arquitecto asegura no tener datos suficientes para valorar el modelo de gestión eclesiástico del inmueble, aunque razona que la cesión estatal a la Iglesia le evita tener que gestionar un conjunto cultural muy extenso. "La administración pública es la primera interesada en mantener el actual estatus. Es un problema menos", sostiene. El magno edificio es propiedad del Estado desde la desamortización de Mendizábal a mediados del siglo XIX.

Los colectivos están dispuestos a intensificar sus reclamaciones. "Llevamos luchando muchos años", asegura Fernando Romero. "Nos hemos reunido con la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento", agrega. Y, al parecer, con escaso éxito. El objetivo es anular el convenio con el Obispado y recuperarlo para una gestión pública y transparente. "La Iglesia no ha cumplido con sus obligaciones. Y, si no cumple, que revierta el monumento al Estado", explica Romero, quien se reclama cristiano, creyente y practicante, y defiende el mantenimiento del culto católico en el edificio, aunque en el marco de una gestión pública.

Laicistas de Jerez, en cambio, pide la "desacralización" del monumento por los "incumplimientos flagrantes y reiterados" del convenio. "La Iglesia no pone nada ni paga impuestos y quiere convertir la Cartuja de Jerez en un negocio turístico", concluye Juan Taboada.