La lucha contra la violencia de género y los planes para la corresponsabilidad y la conciliación suponen las principales apuestas del Ministerio de Igualdad en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que el Gobierno ha hecho público este miércoles. Por primera vez, el Ministerio que dirige Irene Montero dispone de más de 500 millones de euros para las políticas de Igualdad y diversidad. En concreto serán 525 millones, tal como avanzó Público este fin de semana en una entrevista con la Ministra de Igualdad. De esta partida total, más de la mitad (el 54%) estará destinada a la lucha contra la violencia machista (284 millones), lo que supone un incremento superior al 19% con respecto a los presupuestos del año pasado.

Una de las principales partidas se las lleva el cumplimiento de los acuerdos del pacto de Estado contra las violencias machistas que entra en su último año de ejecución. Se trata de un acuerdo parlamentario para poner en marcha más de 200 medidas consensuadas en 2017 por todos los grupos representados en el Parlamento. Su duración sería de cinco años, con un presupuesto total de 1.000 millones (200 por año). Los Presupuestos presentados por el Gobierno para 2022 incrementan esta partida en un 15%, lo que significa que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género dispondrá de un total de 209 millones de euros, lo que supone un incremento de 29 millones con respecto al presupuesto de 2021. 

Esto supone, también, un incremento del presupuesto que recibirán la comunidades autónomas y los entes locales, principales ejecutores del pacto de Estado contra estas violencias. Así, el texto presentado por el Ejecutivo prevé una transferencia de 117 millones a las autonomías para desarrollar "nuevas y ampliadas competencias" de dicho pacto y duplica la dotación a ayuntamientos y entes locales que percibirán 40 millones de euros por este concepto, en lugar de los 20 millones que se presupuestaron el año pasado.

Tal como afirmó Irene Montero, su ministerio está llevando a cabo acciones para blindar este pacto para que efectivamente la violencia contra las mujeres sea una cuestión de Estado, para lo que prevé modificar la ley contra la violencia de género de 2004 y convertir este compromiso en permanente, tanto a nivel de medidas, como de continuidad de los fondos.

La inversión en cuidados se mantiene

Los presupuestos para el ejercicio que viene mantienen intactos los 190 millones de euros destinados al plan Corresponsables, iniciado en el ejercicio pasado. Se trata, tal como ha anunciado la ministra de Igualdad, de la primera política pública en la que el Estado se corresponsabiliza de los cuidados. Son fondos que van destinados a las comunidades autónomas y cuya finalidad es crear una red de cuidados a domicilio o en espacios públicos para el cuidado de los niños menores de 14 años y que no estarán supeditados a que la madre trabaje. Se espera que estas medidas ayuden a que las mujeres puedan compatibilizar los cuidados con la vida personal y disponer de tiempo, no sólo para trabajar, sino también para el autocuidado o el ocio. 

Ya los Presupuestos Generales del año pasado incluían esta partida, sin embargo no son muchas aún las comunidades que han puesto en marcha este plan. Por ello y de manera excepcional, el Gobierno ha anunciado este miércoles que los fondos no comprometidos en 2021 para el plan Corresponsables no se descontarán de la cantidad que corresponda transferir en 2022 y podrán ejecutarse a lo largo del próximo ejercicio. 

En total, el programa "igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres" que gestionan la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género y por el Instituto de las Mujeres (ente autónomo) tendrá una dotación de 225 millones de euros, lo que supone un incremento de 3 millones con respecto al año anterior. 

Fondos de recuperación y Resiliencia

Tal como anunció el Gobierno en la presentación de su propuesta de ley de los PGE, se trata de los presupuestos más sociales de la historia y están destinados a la recuperación económica. En este sentido, el Ministerio de Igualdad gestionará parte de los fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia provenientes de la Unión Europea. En total dispondrá de 76 millones de esta partida para 2022, que estarán destinados principalmente a mejora, digitalización y ampliación del servicio integral de atención telefónica y telemática a víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres; modernizar y ampliar los dispositivos de atención y protección a las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres; a la creación de Centros de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual en todas las provincias y las comunidades autónomas, que provean atención presencial, telefónica y telemática y a desarrollo de una plataforma online que centralice la información en materia de Cuidados disponible en la Administración General del Estado (AGE), y en las Comunidades Autónomas.

La propuesta de presupuestos presentados por el Gobierno pone el foco, además, en la situación de las mujeres rurales y de la llamada España vaciada. Tal como afirma el documento, "la masculinización del medio rural hace que la lucha para reducir la brecha de género en estos territorios sea fundamental". Por eso, para 2022 Igualdad prevé impulsar un conjunto de medidas para favorecer la conciliación y la corresponsabilidad en el medio rural, así como recursos asistenciales y de apoyo a las víctimas de violencia de género para lo que ha destinado un presupuesto de 32,5 millones.

Lo que se queda fuera

La ley de presupuestos Generales del Estado, que serán debatidos en el Congreso, no prevé fondos para algunas de las partidas que el equipo de Irene Montero consideraba claves. Ese es el caso de la anunciada ampliación de los permisos de paternidad y maternidad hasta los seis meses, el conocido como cheque bebé o la aplicación del IVA superreducido para los productos de higiene femenina, la conocida como tasa morada, que se quedaron fuera en la negociación con el PSOE.

Por último, Igualdad destina en los presupuestos del año que viene una partida de cuatro millones de euros para el programa de Igualdad de trato y Diversidad que tiene un importante componente de orientación y asistencia a las víctimas de discriminación, a la prevención y erradicación del acoso LGTBIfóbico y a la integración socio laboral de las personas transexuales y transgénero.