"Repsol no ha querido asumir su responsabilidad social en el ecocidio", lamenta Zenón Gallegos, pescador artesano ha llegado a España para visibilizar el drama que las comunidades pesqueras peruanas viven un año después del derrame de petróleo de La Pampilla, la refinería de la petrolera vasca que en enero de 2022 se vio involucrada en uno de los mayores vertidos contaminantes de la historia de América Latina.

"Nos han dejado sin trabajo y con una economía destrozada que ya venía muy lastrada por toda la pandemia de la covid. Hay daños en la salud mental de miles de personas, en jóvenes que han tenido que dejar de estudiar para buscar trabajo y ayudar a las familias", narra con crudeza este hombre.

Un año después de la catástrofe el ruido se ha apagado, pero el lodo negro del petróleo sigue adherido a los fondos marinos. Es imposible, cuentan, salir a la mar y no encontrar restos. "Teníamos acantilados pedregosos y una gran cantidad de biomasa marina, pero de eso no queda nada. En las piedras se siguen viendo restos de hidrocarburos y el mar sigue escupiendo peces y cangrejos muertos. No hay sostenibilidad ni hay rehabilitación", describe Luis Díaz, otro compañero pescador que viaja con Gallegos por España en busca de ruido y asesoramiento para saber cómo actuar legalmente para exigir reparación a la petrolera española. 

Junto a estos dos hombres, Alejandro Chirinos, reconocido activista peruano y presidente de la organización CooperAcción, trata de abrir algunas puertas para recabar apoyos a una causa que hace un año estremeció también a España. Tanto, que el Estado que hoy preside Pedro Sánchez tiene algo que decir en todo esto, pues avaló las obras para renovar la refinería de Repsol involucrada en la catástrofe a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE). "Necesitamos saber y conocer el papel del Estado español y si su presencia en la refinería puede ayudar a que exija una reparación justa de las personas y del ecosistemas", dice Chirinos.

Son, de hecho, las formas neocoloniales las que impiden a este grupo de pescadores encontrar justicia. Repsol Perú, a ojos de la Justicia, no es la misma empresa que Repsol, sino una matriz. "Esta empresa no es peruana. Por mucho que digan, es española. Nosotros pedimos unas garantías mínimas para que se respeten nuestros derechos fundamentales y los derechos ambientales. Este año Repsol ha ganado un 70% más que el anterior, así que no hay excusas. ¿Cómo es posible que no vayan a reparar nuestro mar? No puede ser que una multinacional venga de un país ajeno, extraiga recursos, refine y no asuma los daños provocados cuando pasa algo así", protesta Díaz. 

En la conversación, Chirinos reconoce que las culpas no recaen únicamente sobre los hombros de la petrolera. El Gobierno peruano no ha hecho lo suyo, dice. "No se ha hecho el estudio correspondiente para cuantificar el coste económico y ambiental del vertido", explica, "no hay una valorización exacta y eso le beneficia a Repsol". Por el momento, el Estado sólo ha pactado una paga mensual para los afectados de 720 euros que, en suma, llegará a los 10.000 euros, algo que es insuficiente para los miles de pescadores y comerciantes que han visto caer estrepitosamente su economía en el último año.

La compañía, cuentan los dos marineros, ha sabido jugar sus cartas y dividir al grupo, "aprovechando las necesidades" de los más vulnerables. A finales de año, la empresa presentó a los más de 10.000 afectados –además de pescadores, transportistas o comerciantes que dependen del ecosistema marino– un acuerdo extrajudicial para tratar de cerrar la polémica y acallar las voces más críticas. Al menos 7.000 personas lo firmaron, a pesar de que el documento incluía algunas clausulas que dejaban sin derecho a más reclamos en el futuro. Las indemnizaciones, además, sólo cubría los días no trabajados por culpa del accidente y dejaba de lado los datos de la ONU, que halan de un periodo de crisis ecológica en la zona de hasta 15 años.

"Lo que hace Repsol es presentar un acta abusiva y mentirosa, una imposición que arrebata derechos", valora Gallegos, que comprende que haya habido quien, ante la falta de dinero y alimentos, se haya visto obligado a rubricar el acuerdo. "Se han aprovechado de ello", insiste. "Actualmente estamos resistiendo unos mil pescadores que no vamos a firmar un acuerdo lesivo. Los que ya han firmado no han tenido alternativa porque ha habido que asumir muchos gastos. Además, Perú ha tenido a finales de año una crisis de Gobierno muy importante y muchos han aceptado el acuerdo porque tampoco sabían que podría ocurrir en el país y cómo afectaría el cambio político en el caso", denuncia.