La Abogacía del Estado ha presentado este lunes el recurso ante el Tribunal Supremo contra el fallo de la Audiencia Provincial de A Coruña que ratificó como parte del patrimonio público el pazo de Meirás, pero que condenó al pago de una indemnización a los Franco por los gastos contraídos desde 1975.

En concreto, la Abogacía del Estado interpone conjuntamente recurso extraordinario por infracción procesal y de casación. En su escrito parte de que la sentencia recurrida "construye su argumentación jurídica sobre una base incierta respecto del contenido de la demanda al afirmar que en ésta se reconocía la buena fe de los demandados".

"Lo cierto es que la demanda no reconoce esa condición de poseedores de buena fe a los demandados", insiste sobre la formulada en su momento para reclamar el inmueble para el patrimonio público.

"Por el contrario, los hechos, pruebas y pretensiones ejercitadas implican la negación expresa de esta buena fe", señala después de que la Audiencia Provincial sí la apreciase frente al criterio contrario recogido en la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña.

"El hecho de que la sentencia de apelación altere sustancialmente el contenido de los hechos, fundamentos y causa de pedir de la demanda supone una infracción del principio de justicia rogada y da lugar a una interpretación incongruente", argumenta la Abogacía del Estado en un escrito integrado por 27 páginas.

Además, sostiene que los hechos declarados en primera instancia "permiten justificar" que no hubo tampoco "buena fe" por parte de la viuda del dictador Francisco Franco, Carmen Polo.

De ella, dice que "tuvo perfecto conocimiento de las circunstancias de la adquisición del pazo de Meirás, de que la escritura de 1941 era un negocio simulado, de la posesión pública, pacífica, ininterrumpida y en concepto de dueño de la Administración del Estado en relación con el referido inmueble desde 1938 hasta 1975, así como del mantenimiento de la posesión del Estado a partir de 1975 hasta la donación del pazo".

"Estas condiciones excluían su condición de poseedora de buena fe y sin que pudiera beneficiarse de lo previsto en el artículo 442 del Código Civil ya que conocía los vicios de la escritura de compraventa de 1941 y tampoco podía ignorar la posesión por el Estado del inmueble hasta 1975 y los actos posesorios posteriores y, por lo tanto, que la persona de quien recibió la cosa ni era dueño de ella, ni podía transmitir su dominio".