Madrid
Más de 250 organizaciones de 18 países se han sumado a la campaña internacional para exigir la prohibición global y en todos los países de los vientres de alquiler. Se unen así a la iniciativa iniciada la semana pasada por organizaciones españolas reunidas bajo la Red Estatal contra los vientres de alquiler. La campaña exige a los jefes de Estado que participarán en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas a posicionarse de forma rotunda contra este práctica que es, afirman, "una forma de explotación reproductiva de las mujeres" que convierte a los recién nacidos en "objeto de transacción contractual".
La campaña pone además en el punto de mira de sus críticas a dos organizaciones de Naciones Unidas por haber comenzado en su seno un debate sobre la posibilidad de contemplar una modalidad de gestación subrogada "altruista" en algunos países. Estas dos organizaciones son el Fondo de Población de la ONU (UNFPA) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que recientemente ha designado a la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, como nueva directora. La campaña internacional contra los vientres de alquiler pide a los Gobiernos que incluso se planteen dejar de financiar a estas organizaciones.
En este sentido han querido recordar que "el altruismo no existe porque se trata de una práctica que exige la firma previa de un contrato, la renuncia de derechos fundamentales y que establece compensaciones económicas". Por eso advierten a los Gobiernos, que la financiación a estas agencias "podría poner en riesgo los derechos humanos de las mujeres".
A la campaña iniciada por organizaciones feministas españolas, se han sumado ahora organizaciones de Francia, Suecia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Alemania, Holanda, Canadá, EE.UU., Australia, México, Argentina, Perú, República Dominicana, India, Tailandia y Camboya y en los próximo días esperan que se sumen más organizaciones, puesto que ya "se han iniciado contactos con otras organizaciones de Europa, de América Latina y de África y que están trabajando con funcionarios de la ONU y de diferentes gobiernos para monitorear los avances globales en la lucha contra el alquiler de vientres", afirman en un comunicado.
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