20 años del asesinato de Ana OrantesDe Orantes a La Manada: veinte hitos en la lucha contra la violencia machista en España

El asesinato de Ana Orantes en 1997 marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en España. Durante las últimas dos décadas nuestro país se ha ido dotando de leyes y medidas encaminadas a acabar con este drama social que sigue arrebatando la vida de unas 65 mujeres cada año, según las cifras oficiales. A pesar de lo avanzado, las cifras no disminuyen. La movilización social, especialmente multitudinaria en los últimos años, ha sido el mejor antídoto contra el avance del machismo y el retroceso de los derechos de las mujeres.

En Público hemos querido recoger los principales hitos, positivos y negativos, que han marcado los últimos 20 años de lucha contra la violencia de machista. 

1.- Se rompe el silencio.  Ana Orantes apareció en televisión el 4 de diciembre de 1997 para contar su historia.

Con voz firme, gesto tranquilo y porte distinguido, desgranó durante media hora de programa los 40 años de torturas a las que su marido la había sometido. Fue la primera vez que se oía un relato pormenorizado y la experiencia de una mujer maltratada hasta lo inimaginable. La presentadora Irma Soriano, que conducía el programa de Canal Sur, las otras mujeres presentes en el plató y la audiencia se estremecieron al oír lo que esta mujer había aguantado. Hasta ese momento la violencia machista "ocurría de puertas para adentro y suponía una vergüenza para las mujeres más que para los maltratadores", argumenta Nuria Varela, escritora, experta en violencia de género, profesora y reportera. De hecho se consideraba violencia doméstica. Sin embargo, no fue hasta 13 días después de su aparición en televisión que su testimonio cobró una fuerza imparable, cuando su marido la asesinó de la forma más terrible el 17 de diciembre, hace ahora justo 20 años.

2.- Primer informe sobre violencia doméstica. El Defensor del Pueblo redacta, el primer informe nacional sobre el alcance de la violencia de género en nuestro país. Lo hace, según reconoce el primer párrafo del documento, debido a las numerosas denuncias recibidas, especialmente de la Asociación Lobby de Dones de Mallorca, que "estimó necesario elaborar un estudio monográfico acerca de los malos tratos, las agresiones y las lesiones que sufren las mujeres dentro del ámbito doméstico".  Su denominación es, aún, la de violencia doméstica y reconoce la necesidad de realizar un análisis exhaustivo debido a que se trata de delitos que ocurren en el seno del hogar y, sobre todo, a la falta de datos que existen. 

3.- Día Internacional. El 17 de diciembre de 1999 la Asamblea General de las  Naciones Unidas designa el 25 de noviembre como el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha no es casual. Conmemora el asesinato en 1960 de las hermanas Mirabal (Minerva, Patria y María Teresa) en la República Dominicana a manos del dicatador Rafael Leónidas Trujillo, del que eran opositoras. 

4.- Primera manifestación. Barcelona es el escenario de la primera manifestación en España contra la violencia contra las mujeres. El 25 de noviembre, ante la catedral de de Barcelona, el exfutbolista Pichi Alonso afirmaba ante un grupo de 400 personas que "la violencia doméstica causa más muertes que el terrorismo". 

5.- Mujeres artistas exigen una ley integral contra la violencia de género. Mujeres de distintos ámbitos de la cultura se unen en la Plataforma Mujeres Artistas para presionar a instituciones públicas y a los partidos políticos sobre la necesidad de elaborar una ley integral contra la violencia de género. El término había sido ya ámpliamente utilizado tras la Conferencia de la mujer de Beijing en 1995. En las elecciones presidenciales del año 2000, pidieron a todos los candidatos un compromiso para elaborar esta ley. Las elecciones ese año las ganó José María Aznar para el Partido Popular, que no asumió el compromiso.

6.- Se aprueba por unanimidad la ley contra la violencia de género. Los trabajos de la Plataforma de Mujeres Artistas continúan y cuatro años más tarde, en representación de otras 50 organizaciones de mujeres, insisten en buscar compromisos políticos para la ley. Para entonces, lo fundamental de la norma ya había sido redactado.

En febrero de ese año, tras una jornada triste en la que cuatro mujeres fueron asesinadas en el mismo día, el candidato del PSOE a la presidencia, José Luis Rodríguez Zapatero, se compromete a que si gana las elecciones, la primera ley que impulsaría sería una para combatir la violencia machista. De hecho la ley se llama 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Se aprobó en el Congreso de los Diputados el 28 de diciembre de ese año con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios.

Fue y es considerada a nivel internacional como una ley pionera. La ley reconoce como víctimas de violencia de género única y exclusivamente a las que se producen en el ámbito de la pareja y exparejas de la víctima, para las que contempla un amplio abanico de medidas de protección, sociales y de apoyo a las víctimas. En el momento de su aprobación no contemplaba a los hijos como víctimas de esa violencia. Si bien se considera una ley clave, muchas de las críticas en sus 13 años de vigencia se centran en que muchas de las medidas que contiene no se han aplicado. Entre 2003 (primer año del que se tienen registros públicos de asesinatos) hasta finales de 2017 más de 900 mujeres han sido asesinadas por sus parejas. Una media de 65 por año.

7.- Se crean los juzgados especializados contra la violencia.  Es una de las medidas contenidas en la ley de 2004 y supone la creación de órganos judiciales específicos y especializados en juzgar casos de violencia de género. Comenzaron siendo nueve en ese año y su número creció hasta superar ligeramente los 100. La ley estableció, además, lo que se ha llamado un tratamiento penal diferencial para casos de violencia contra las mueres, lo que supone penas más elevadas para los hombres en los casos de violencia de género. Según explica a Público Miguel Lorente, delegado del Gobierno contra la violencia de género en aquella época, esta medida recibió cerca de 500 cuestiones de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional desestimó. Montserrat Comas, magistrada, vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, lo explicaba en un artículo publicado en el diario El País en 2008.

8.- Ley de Igualdad sin unanimidad. "La única forma de acabar con la violencia contra las mujeres es atajar el problema de forma amplia, promoviendo la igualdad. Sin esto es imposible acabar con este problema", explica Lorente para defender la importancia de esta ley. Sin embargo, la norma propuesta por el gobierno socialista no contó con la unanimidad del Parlamento. Se aprobó por mayoría con la abstención del Partido Popular. El día de su aprobación, Rodríguez Zapatero afirmó que se trataba de una ley que transformará "para bien, radicalmente y para siempre la sociedad española". La principal crítica que hacía el PP a la norma era que la obligatoriedad de la paridad en las listas electorales vulneraba preceptos constitucionales sobre la libertad de los partidos. Una vez más, el Tribunal Constitucional desestimó esta reclamación. La ley estipulaba que las listas no podían tener menos de un 40% ni más de un 60% de miembros del mismo sexo. Diez años después de su puesta en marcha, muchos critican la falta de voluntad política en la aplicación de esta norma, que no prevé consecuencias por el incumplimiento de sus medidas y que, además, nació sin presupuestos.

9.- La ley del aborto, en peligro. El Partido Popular gana las elecciones convocadas el 20N de este año.

Un mes después, Rajoy anuncia que Alberto Ruiz Gallardón ocupará el ministerio de Justicia. Una de las principales medidas del nuevo ministro será la modificación de la ley del aborto. El proyecto de ley de Gallardón ponía fin a la ley de plazos y acababa con la libertad de las mujeres a decidir de forma autónoma cuándo querían ser madres. La reforma solo permitía la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación y de que la salud física y mental de la gestante corriera serio peligro. Y esto debía ser acreditado por dos informes médicos. Además no contemplaba la interrupción en caso de malformaciones del feto. Estas medidas provocaron una reacción social hasta ese momento desconocida en defensa de los derechos sexuales y reproductivos.

10.- José Bretón asesina a sus dos hijos. El 8 de octubre de 2011 Bretón asesinó a sus hijos y los quemó en una hoguera para ocultar el crimen. España entera se conmocionó con este asesinato por el que finalmente fue condenado a 40 años de cárcel. La frase pronunciada por el autor del crimen a su exmujer, Ruth Ortiz, presagiaba lo peor de la violencia de género: "Te voy a dar donde más te duele". Sin embargo, Ortiz no fue reconocida como víctima de violencia de género y Bretón fue absuelto del delito de malos tratos psicológicos a su mujer. El caso abriría un profundo debate sobre la protección de los hijos de padres maltratadores y el reconocimiento de la condición de víctima de la mujer.

11.- El Tren de la Libertad. El proyecto de ley del Partido Popular de modificación de la ley del aborto había generado un gran malestar social. Miles de personas de toda España se manifestaron en Madrid con motivo de la llegada del Tren de la Libertad, una iniciativa formada e ideada por la Tertulia Feminista Les Comadres y Mujeres por la Igualdad de Barredos (Asturias), a las que se sumarían numerosas organizaciones, partidos políticos y sindicatos. Se trata de la manifestación más multitudinaria que se había celebrado hasta la fecha. Poco después la ley fue retirada y Gallardón cesado. Una gran victoria social. 

12.- España ratifica el Convenio de Estambul del Consejo de Europa. El convenio data de 2011 y es el primer instrumento regional a nivel europeo que considera la violencia contra las mujeres como violaciones de los derechos humanos. El documento, que tiene grandes defensores y algunos detractores también ente los grupos feministas, establece que los países firmantes deben abordar la violencia machista de forma amplia e incorporar en sus legislaciones todos los tipos de violencia contra la mujer, incluida la violencia sexual, la trata, la mutilación genital, los matrimonios forzosos de niñas... La legislación española sólo contempla como violencia de género la ejercida en el ámbito de la pareja.

13.- Naciones Unidas condena a España. La inacción del Estado español en el caso de Ángela González Carreño llegó hasta el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU.

Su hija, Andrea, fue asesinada por su padre en abril de 2003 cuando tenía siete años, durante una visita no vigilada con su progenitor maltratador, a pesar de las 51 denuncias presentadas por su madre para intentar proteger a su hija e impedir que su ex pareja tuviera con ella citas a solas. En una de esas citas la asesinó. La ONU dictaminó que el Estado español había fallado en este caso; recomendó al poder judicial, al ejecutivo y al legislativo tomar medidas concretas para evitar que un caso como este volviera a producirse y exigió a España a que indemnizara a Ángela González como medida de reparación y reconocimiento de un gran error. El Gobierno no sólo no implementó las medidas, sino que se limitó a afirmar que las recomendaciones de los comités de Naciones Unidas no son vinculantes, aunque nuestro país haya firmado un convenio. Este caso puso en la agenda la necesidad de adoptar medidas que impidieran la custodia y las visitas a los padres acusados de maltrato. González sigue luchando para que se reconozcan los fallos del sistema y que casos como el suyo no vuelvan a suceder.

14.- Niños y niñas son víctimas directas. La modificación de la ley de protección de los menores y la infancia supuso reconocer como víctimas directas de la violencia de género a los hijos e hijas de las víctimas. Este cambio implicó que los menores obtuvieran las protecciones y beneficios contenidos en la ley de 2004, que tuvo que ser modificada para reconocerlos. Con dicha modificación, se incrementan también las medidas de protección al obligar a los jueces a pronunciarse sobre medidas de tutela y visitas, y se impide a los asesinos obtener la custodia de los menores y beneficiarse de pensiones de la víctima. A pesar de estos cambios legislativos, la doctora en estudios interdisciplinares de género Barbará Tardón denuncia que la ley nació sin dotación presupuestaria y que no se está traduciendo en garantías de los derechos de los menores, tal como recoge el informe de CEDAW Sombra. La ley no se ha traducido en más garantías de derechos y no se ha ampliado ni especializado a profesionales para abordarlos. Los ratios siguen siendo los mismos que antes de la ley. De hecho, 2017 ha batido récords de asesinatos de niños desde que se comenzaron a hacer públicos los datos en 2013. En lo que va de año han sido asesinados 8 menores.

15.- Plataforma 7N contra las violencias machistas. Las cifras de violencia son insostenibles y los colectivos feministas se organizan. Ese año la Plataforma 7N congrega a cientos de organizaciones y plataformas en una masiva manifestación para reclamar que la violencia contra las mujeres sea cuestión de Estado y que se dote de más medios y voluntad política la lucha contra este drama. Desde este momento, las movilizaciones desbordan las previsiones y son multitudinarias. Sus reclamaciones provocan la puesta en marcha de un pacto de Estado. 

16.- El estatuto de la víctima amplía la protección de mujeres y niños. La modificación de esta norma refuerza los derechos y garantías procesales de las víctimas de violencia de género y sus hijos, así como de las víctimas de trata con fines de explotación sexual.

17.- Se aprueba el pacto de Estado contra la violencia machista. Se trata de una demanda de las organizaciones feministas. En febrero de este año se pone en marcha la subcomisión del Congreso para acordar las medidas. Tras la comparecencia de más de 60 expertos y casi seis meses de trabajo, todos los grupos acuerdan una batería de 213 medidas que el Congreso aprobó el pasado 28 de septiembre. El Gobierno contaba con dos meses para realizar distintas reuniones y poner en marcha el pacto. Sin embargo, a mediados de diciembre, aún no se ha concretado un plan. El pacto contempla el cumplimiento de las medidas en un plazo de cinco años, para lo que se destinarán 1.000 millones de euros adicionales. Es considerado por las organizaciones como un pacto de mínimos. 

18.- El caso Juana Rivas pone a prueba las leyes de protección. 

Un juzgado de Ganada estableció que Juana Rivas debía entregar a sus hijos de 3 y 11 años a su ex pareja, condenado por malos tratos en 2009 y contra el que Juana Rivas había presentado otra denuncia en 2016. La resolución judicial se basaba en la aplicación del Convenio de La Haya. Rivas protagonizó una huida en un intento de proteger a sus hijos. En ningún momento del proceso se tuvo en cuenta que tanto ella como sus hijos eran víctimas de violencia de género. Cientos de organizaciones de mujeres presentaron quejas ante distintos organismos este mes de diciembre denunciando las irregularidades del caso, que pone en tela de juicio las medidas de protección de las víctimas de violencia de género de las que España se ha dotado en los los últimos 13 años.

19.- #Metoo. La publicación de los abusos sexuales del productor de Hollywood Harvey Weinstein durante casi tres décadas supuso el inicio de una denuncia social sin precedentes. Millones de mujeres de todo el mundo comenzaron a compartir en redes sociales los abusos que habían callado durante años. En Estados Unidos, las denuncias se tradujeron en medidas concretas contra los abusadores. Nunca antes había existido una denuncia tan masiva y una decisión de romper el silencio respecto a unos abusos que hasta ahora las mujeres han vivido en silencio. 

20.- 'La Manada'. El juicio a los cinco hombres acusados de violar a una joven en los Sanfermines de 2016 puso en el foco el problema de la violencia sexual, y dejó de manifiesto las grietas del sistema.

"Pone de relieve que no se cree a las víctimas y que no se las protege", afirma Varela. La violencia sexual no está considerada violencia de género, por lo cual las víctimas no están suficientemente protegidas, según afirman las organizaciones de mujeres. Pero deja al descubierto la revictimización de las mujeres que la sufren cuando denuncian estos casos. Para Tardón, este caso pone sobre la mesa el hecho de que no se ha hecho nada en los últimos 20 años en relación a la violencia sexual y que el pacto de Estado lo toca de manera residual. Las grandes movilizaciones sociales que ha provocado este juicio dejan patente la desprotección que sufren las víctimas de este tipo de violencias.