El Gobierno ha autorizado al barco de rescate Open Arms, de la oenegé catalana Proactiva, que desembarque en España a las 69 personas que había rescatado este sábado en el Mediterráneo, según han confirmado fuentes del Ejecutivo, que precisan que podrá atracar en Barcelona, al haber sido el lugar donde la oenegé ha pedido desembarcar.

Tras la autorización del Ejecutivo, es ahora el capitán del barco el que deberá decidir cuándo emprenderá la navegación hacia España. La ONG española ha salvado la vida de 59 personas la mañana de este sábado en el Mediterráneo central, a unas 33 millas de las costa de Libia. Sin embargo, ni Italia ni Malta estaban dispuestos a permitir la entrada a puerto al barco, y la ONG se había convertido en el centro de las críticas e insultos del ultraderechista ministro del Interior y vicepresidente italiano, Matteo Salvini.

Ante esta situación, la ONG había pedido permiso a las autoridades españolas para poder dirigirse y desembarcar a los rescatados en un puerto español, según informaron a Público fuentes de la organización. "Nos han cerrado los puertos italianos y malteses y nuestra bandera es española, por eso contactamos con las autoridades españolas para que nos faciliten un puerto seguro", explicaron desde Proactiva. Una vez que desde Madrid se ha permitido que se dirijan a Barcelona, desde la ONG estiman que llegarán el próximo miércoles.

Tras una tarde entera de conversaciones entre el barco y el Centro de Coordinación Marítima de España, finalmente ha llegado la luz verde. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo no han precisado cómo se va a proceder. "Se trata de un barco español de una ONG española que ha pedido autorización para llegar a un puerto español", ha precisado a Público fuentes del Ejecutivo, que han insistido en diferenciar esta situación de la ocurrida con el Aquarius, a quien el Gobierno permitió llegar a Valencia con 630 personas rescatadas. "Ésta no es una situación emergencia humanitaria", han puntualizado las mismas fuentes. 

Colau ofrece el puerto de Barcelona

Por su parte, la primera política en reaccionar ante esta situación de emergencia ha sido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha ofrecido la ciudad como puerto seguro. Colau pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que permitiera la llegada del barco porque "Barcelona está preparada para acoger a los rescatados".

En el barco viajan un total de 59 personas de hasta 14 nacionalidades distintas, entre ellas varios niños y mujeres.

El capitán de la ONG, Riccardo Gati, informó a Efe de que los rescatados son 8 palestinos, 8 de Sudán del Sur, 3 de Mali, 5 de Siria, 1 de Burkina Faso, 1 de Costa de Marfil, 4 de Eritrea, 8 de Egipto, 3 de República Centroafricana, 2 de Camerún, 2 de Etiopía, 6 de Libia, 8 de Bangladesh y 1 de Guinea. Gati refirió que la intención ahora es trasladarles a un puerto seguro.

Por su parte, Matteo Salvini ha acusado a la ONG de actuar antes de la intervención de los guardacostas libios y avisó de que no permitirá que llegue a Italia. "La nave Open Arms, de una ONG española con bandera española, se ha precipitado hace poco a por una patera y, antes de que interviniera un barco libio en la zona, se apresuró a embarcar a unos 50 inmigrantes", dijo el ministro ultraderechista en Facebook.

Salvini señaló que "esa nave se encuentra en aguas SAR (Búsqueda y Rescate, en inglés) de Libia", el puerto más cercano es Malta y que se trata de una asociación y un buque con bandera de España. "Que se olviden de llegar a un puerto italiano. Stop a la mafia del tráfico de seres humanos: cuantas menos personas zarpen, menos personas mueren", defendió.

A bordo de las naves de Proactiva también viajan los eurodiputados españoles Miguel Urbán, de Podemos; Javier López, del PSOE; Ana Miranda, del Bloque Nacionalista Gallego, y la italiana Eleonora Forenza, de Refundación Comunista.

Mientras tanto, Salvini sigue acusando a las ONG que salvan inmigrantes en el Mediterráneo de fomentar el tráfico de seres humanos, del que se enriquecen las mafias que operan en las descontroladas playas del fallido Estado libio.

Por eso, en colaboración con el Ministerio de Infraestructuras, ha decidido prohibir el atraque de los barcos de estas organizaciones en territorio italiano, ni siquiera para aprovisionarse, según ha avisado el ministro ultraderechista.

Una política similar ha impulsado Malta, que impedirá que las ONG usen sus servicios portuarios hasta que se aclare el caso de la nave de la organización alemana Lifeline, a la que permitió el acceso el pasado miércoles con 233 inmigrantes tras seis días a la deriva.