El comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ha tenido que reiterar este martes a España que no puede expulsar a un menor marroquí cuyo caso está estudiando. Este órgano decretó la pasada semana la no devolución del menor y su traslado a un centro de menores desde el CIE de Aluche (Madrid), a donde llegó días después de arribar a la costa de Lanzarote en patera el 1 de enero.

Tras ser interceptada la embarcación por las Fuerzas de Seguridad, los agentes encontraron en el fondo de esta la documentación del chico, que especifica que tiene 16 años de edad. Ante esto, activaron el protocolo de menores y avisaron a la Fiscalía de Las Palmas.

Fiscalía procedió entonces a realizar una radiografía del carpo (hueso de la muñeca) del joven, así como otra prueba para analizar su dentadura, decretando que supera los 20 años. Ante esto, decidió trasladar al joven al Centro de Internamiento de Extranjeros de la capital y decretar su expulsión del país.

Este proceder desató las críticas de organizaciones como Pueblos Unidos, que ha proporcionado cobertura legal al chico, Save the Children o Plataforma por la Infancia. Estas han recordado a la Fiscalía de Las Palmas que el Tribunal Supremo prohibió en 2014 que este tipo de pruebas médicas se impusieran a la documentación de los inmigrantes a la hora de decidir su edad.

Es entonces cuando el comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas toma cartas en el asunto, decretando las medidas cautelares citadas. Pese a esto, Interior no sacó al menor del CIE de Aluche como pedía la ONU, y durante la mañana de este martes comunicó al joven que sería devuelto a Marruecos en un vuelo que despegaría a las 06.45 del miércoles.

"La Fiscalía está perjudicando la posición de España"

Un nuevo movimiento de su abogado solicitando el amparo de la ONU, cuyo comunicado ha llegado a última hora, ha parado in extremis la expulsión del menor. "España está violando la jurisprudencia del Tribunal Supremo y acuerdos internacionales que ha ratificado y que están presentes en la legislación española", ha denunciado el letrado, Santiago Yerga, en una conversación con Público. 

"La Fiscalía se está enrocando en una postura que va a acabar perjudicando los intereses de España ante Naciones Unidas", asevera, haciendo incapié que en este caso que es el Ministerio Público y no el Ministerio del Interior el que está presionando para expulsar al chico, acogiéndose las pruebas médicas.

Ana Sastre, responsable de Políticas de Infancia de Save the Children, ha lamentado que los derechos de este menor marroquí han sido gravemente vulnerados. A pesar de tener documentación que probaba su edad, fue sometido a pruebas altamente cuestionadas condenándole a la desprotección".

La Fiscalía por su parte ha comunicado a la cadena SER que "hasta cuatro médicos dijeron que tenía unos 20 años tras las pruebas de determinación de la edad, y porque la documentación que nos ha sido remitida por el momento,entre ellas fotocopias, no es suficiente para concluir que sea menor de edad".

Tras la segunda petición de Naciones Unidas, la expulsión del menor ha sido suspendida indefinidamente. Su abogado, sin embargo, afirma que no puede "mantener la guardia baja porque la Fiscalía está enrocada en este tema y hay que estar muy pendientes de cualquier iniciativa que pueda emprender".