Doñana está herida de gravedad. Así lo ve la Unión Europea, que ha denunciado a España por no impulsar medidas efectivas para proteger las masas de agua que hay bajo la tierra de este paraje. Unos acuíferos que se ven amenazados, sobre todo, por el uso ilícito del agua para el riego de las plantaciones agrícolas de frutos rojos como la fresa.

Esta situación ha llevado al Gobierno a anunciar que el próximo 21 de febrero declarará la situación "de riesgo" por la sobreexplotación de las masas de agua de Doñana, por lo que paralelamente se iniciarán los trámites pertinentes para el cierre de los 77 pozos ilegales identificados desde 2013, la mayoría de ellos situados en la zona de Lucena del Puerto, Huelva.

Esto supondrá, según la Ley de Aguas, que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) tendrá un plazo de seis meses para constituir una comunidad de usuarios. Tras este plazo, la Junta de Andalucía, tendrá otros seis meses para aplicar un programa de medidas para la recuperación de la masa del agua.

"Hasta la aprobación del programa de actuación, se podrá adoptar las limitaciones de extracción así como las medidas de protección de la calidad del agua subterránea que sean necesarias como medida cautelar", detalla la norma.

Joaquín Páez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en declaraciones a los medios, apuntó que la clausura de los pozos, los cuales suponen multitud de riesgos medioambientales, dependerá de la postura del Ayuntamiento de Lucena, que, si decide recurrir, prolongará las acciones reguladoras en el tiempo. Algo que no es descabellado, si tenemos en cuenta los antecedentes: en 2014 el consistorio recurrió una multa y la orden de clausura de los 77 pozos, lo que alargó el proceso hasta 2017, fecha en la que la Justicia dio la razón a la CHG, aunque Lucena aún no ha ejecutado la sentencia.

La situación de riesgo que vive el humedal de Doñana depende directamente de la extensa red de pozos ilegales que hay en la zona, ya que son una amenaza frontal al ecosistema. Sin embargo, las acciones incoadas para la clausura de estos acuíferos conciernen a un porcentaje mínimo, si se tiene en cuenta el informe de WWF Salvemos Doñana’. Del peligro a la prosperidad, que ubica en el entorno natural más de mil oquedades abiertas de manera ilícita para la sustracción de agua dedicada al regadío de cultivos agrícolas.

Por ello, desde Ecologistas en Acción, opinan que el cierre de los pozos supone una "actuación sobre el diez por ciento" que pretende "acallar las críticas y las presiones". "Están matando el Parque Nacional de Doñana, es lamentable", denuncia el activista Santiago Martín Barajas, para recalcar que la única solución posible para salvaguardar la biodiversidad pasa por el cierre de todos los pozos “ilegales y legales”.

Las alteraciones del ecosistema han llevado a la desaparición del 80% de las marismas desde principios de siglo

En cualquier caso, el tiempo corre y la amenaza se cierne sobre este humedal, considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Tanto, que las alteraciones de este ecosistema han llevado a la desaparición del 80% de las marismas desde principios de siglo, según los datos manejados por WWF.

Además, la constante sustracción de agua destinada a las actividades de agricultura intensiva se traduce en la reducción del aporte de agua de Doñana a menos del 20%. Asimismo, más de la mitad de los cultivos de frutos rojos de la zona se nutren de aguas procedentes de acuíferos y pozos ilegales y sin permisos, según los datos de Environmental Justice Atlas.

No obstante, pese a los datos aportados por científicos y grupos medioambientales –que revelan la decadencia de Doñana–, desde la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir intentan transmitir tranquilidad y aseguran que no se puede decir que la situación sea irreversible. En virtud de ello, los llamamientos a la calma no parecen llegar a los grupos ecologistas, que tras la denuncia de Bruselas, sienten que Europa les ha terminado dando la razón.

El partido verde Equo señala que "tras la declaración" esperan que los próximos pasos vayan dirigidos a "regular de manera efectiva el uso del agua en el entorno de Doñana". Sin embargo, manifiestan su preocupación por que la medida pueda ser "una estrategia para acelerar el trasvase", el cual agravaría la insostenibilidad de un modelo "con fecha de caducidad". Por su parte, Martín Barajas, señala directamente a la tradicional inacción que hay en la Junta, que en su opinión, lejos de perseguir el riego ilegal nutrido con agua de Doñana, lo fomenta.

Para el grupo ecologista SEO/Birdlife, la situación se presenta crítica y por ello instan al Gobierno a que clausure todos los pozos ilegales y a que impulse un plan de medidas que permita que se detengan las extracciones ilegales de aguas subterráneas.