Omar Sylla tiene 29 años, pero llegó a España cuando tenía 17. Arribó a las costas de Tenerife en 2006, procedente de Senegal. "Sólo buscaba una vida mejor. En Senegal veíamos por televisión cómo era vivir en Europa y te planteas salir del país y abandonar a tu familia", relata el joven. "Sólo ves lo positivo, sólo piensas en que vas a llegar bien y que cuando estés en Europa tus sueños se van a cumplir, pero no es así", advierte. "Íbamos más de 150 personas en la patera y no sabíamos que el viaje iba a ser tan duro. Sólo queríamos volver a ver tierra. Cuando llegamos a Tenerife nos metieron en un centro de internamiento que parecía militar. No me preguntaron mi edad ni nada. Las condiciones eran malas y pasamos uno o dos meses allí, sin saber cómo ibas a terminar. La mayoría de nosotros fue metida en avión de vuelta a Senegal, pero a mí me montaron en otro sin saber el destino", explica.

Cuando aterrizó en Madrid, Omar era un menor, pero para el sistema sólo era un inmigrante indocumentado más. "Ni tuve formación ni plan de integración ni nada. Pasé muchos años sin saber qué hacer, por dónde empezar, porque la Ley de Extranjería te impide acceder al mercado laboral. Si no tienes papeles no puedes hacer nada", resume. "

Han pasado 12 años desde que el adolescente Omar llegó a España. Más de una década en la que el sistema de protección, acogida e integración para los menores extranjeros que llegan solos al país no ha mejorado pese al notable aumento de las llegadas, denuncia la ONG Save the Children, que este lunes ha presentado el informe "Los más solos", en el que analiza las carencias del Estado en su obligación legal de tutelar a estos jóvenes migrantes. 

Según la ONG, el año pasado llegaron 2.500 menores migrantes, un 60,5% más que en 2016. 2.177 de ellos vinieron en patera, casi cuatro veces más que en 2016, unas cifras sin precedentes. En la actualidad hay 6.414 menores extranjeros no acompañados (MENA) bajo tutela de las Comunidades Autónomas, un 60% más que el año anterior. Teniendo el cuenta las cifras de llegadas de personas migrantes en pateras a las costas españolas, la organización no duda de que, a cierre de 2018, el número de menas en el país será todavía mayor.

Andalucía, con 2.209 menores tutelados (34%), es las región que más se hace cargo de ellos, seguida de Melilla, donde viven 917 menas tutelados, el 14,3% del total. La gran mayoría de ellos proceden de Marruecos, aunque también ha aumentado el número de menores que vienen de Argelia y de países subsaharianos como Guinea, Costa de Marfil o Nigera.

Las razones por las que deciden abandonarlo todo y probar suerte solos en un país desconocido son, sobre todo, aspiraciones para mejorar su forma de vida, escapar de malos tratos o abusos en su entorno o ayudar económicamente a su familia, aunque también se deben a las propias circunstancias de sus países, azotados en ocasiones por violencia extrema, pobreza severa o continuas violaciones de Derechos Humanos, explica la organización.

"A pesar de la magnitud de las cifras, España sigue sin estar preparada para acoger a los niños y niñas que llegan solos y les condena a la invisibilidad y la exclusión", ha denunciado Ana Sastre, directora de sensibilización de la ONG durante la presentación del informe, donde ha incidido en que  "nuestro país no está preparado para garantizar los derechos de estos niños migrantes".

Los invisibles para el sistema

Sin embargo, estas cifran no reflejan la realidad del fenómeno migratorio de los niños y adolescentes. En las estadísticas oficiales del Ministerio de Interior y la Fiscalía de Menores no aparecen los cientos de chicos esconden su condición de menor para no quedarse en un Comunidad Autónoma que sólo en un paso más en su viaje.

Tampoco figuran los que deciden escapar de los centros de acogida por su masificación, malas condiciones y, en ocasiones, malos tratos y violencia que se dan en ellos. En 2016, 770 niños y 55 niñas abandonaron los servicios de protección y fueron declarados "en fuga", sin estar bajo tutela pública. Centenares de ellos pueden verse viviendo desamparados en las escolleras de los puertos de Ceuta y Melilla, esperando su oportunidad para colarse en un ferry que les lleve a la península; o en algunos parques de Madrid o Barcelona. "En Ceuta y Melilla, los menores permanecen largas temporadas en centros preparados para pasar unas semanas, hacinados y a veces casi sin poder salir a la calle", critica Save the Children. Otra de las razones por las que abandonan los centros

También son invisibles para estas estadísticas los menores que la Fiscalía convierte por decreto en adultos después de que se les realicen pruebas de determinación de la edad, normalmente radiografías oseas o exploraciones de los genitales, aunque el menor porte documentos de identidad que certifican su edad. Un procedimiento con un amplio margen de error, "no avalado por la comunidad científica" y que, en muchas ocasiones, deja a estos chicos en un limbo jurídico y social que les condena a la exclusión, ya que no pueden gozar de sus derechos como ni niños ni como mayores de edad. Otros, simplemente desaparecen entre las grietas del sistema, acaban en otros países del norte de Europa o caen en redes de trata, apunta la ONG.

Síndrome del "efecto llamada"

En el caso de que se reconozca su minoría edad, apunta el informe, ni los recursos no la atención que reciben son las adecuadas. En palabras de Ana Sastre, existe un "síndrome del efecto llamada" que está muy presente en la Administración y que consiste en una "mala planificación de los recursos bajo la premisa de que si reciben una buena atención y hay un sistema de acogida existoso van a venir más menores".

Entre las consecuencias están la saturación y hacinamiento en los centros, falta falta de atención individualizada, que no se tramiten sus permisos de residencia ni se facilite la consecución de permisos de trabajo. "Hay muchas trabas y complejidades en el proceso porque el principal objetivo del sistema es esperar a que cumplan 18 años para que se conviertan en personas sin papeles y, en muchos casos, expulsarles", denuncia Sastre.

La organización recuerda que estos menores migrantes son "uno de los colectivos más vulnerables e invisibilizados en España" y que el Estado y la Comunidades Autónomas son los responsables de "protegerlos y darles el futuro que vienen buscando", por lo que subraya una serie de "medidas urgentes" para garantizar que se respetan los derechos de los menores.

Entre ellas, piden reformar de la Ley de Seguridad Ciudadana para prohibir las devoluciones en caliente de extranjeros, muchas veces incluso siendo menores de edad, algo que ya ha exigido también el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas. Save the Children subraya la importancia de que se cree la figura del "asesor independiente", un persona formada, ajena al sistema de acogida de la Administración que acompañe al menor e intervenga desde su primer contacto con las autoridades para facilitar el proceso de integración legal y social.

También pide la concesión automática de la autorización para trabajar cuando los menores cumplan los 16 años, formación obligatoria para todos los profesionales que trabajan en centros de acogida y que el colectivo de menores extutelados tengan acceso preferente a vivienda, empleo, formación y prestaciones sociales. La organización también recuerda que el mejor espacio para garantizar el desarrollo y bienestar de estos niños es una familia, por lo que debe fomentarse la acogida en familias "a través de procedimientos legales y seguros".