La apuesta por la educación privada por parte de los sucesivos gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid no resulta ya ninguna novedad. Muestra de ello es que la región que actualmente gobierna Isabel Díaz Ayuso es, junto a Catalunya, la única autonomía en la que hay que pagar por estudiar en un centro de Formación Profesional (FP) público, mientras que los privados están ampliamente subvencionados con becas.

Como ya adelantó Público, la presidenta de la Comunidad ha aprobado hace apenas una semana una inyección de 30,5 millones de euros en estas ayudas para el próximo curso escolar 2023-24, al mismo tiempo que la mitad del alumnado (unos 30.000) que ha solicitado estos estudios en la educación pública se queda sin plaza debido a la escasa oferta.

El déficit de plazas públicas de FP es un problema generalizado en todas las autonomías, pero en Madrid es especialmente grave. Los últimos datos recogidos por Comisiones Obreras (CCOO) revelan que el número de alumnos madrileños matriculados en los grados superiores de los institutos públicos ha descendido tres veces más en esta autonomía que en el resto de España en las últimas dos décadas.

Cuando la Comunidad de Madrid asumió las competencias en educación, el porcentaje de alumnado de FP de Grado Superior en centros públicos era del 74,5%, el mismo que la media nacional. No obstante, si bien dicho porcentaje ha bajado en todo el país —hasta el 2021-22 la bajada en el conjunto de España ha sido del 4,4%— en la región gobernada por Ayuso ha sido del 13,5%, más del triple.

El resultado más inmediato de estas políticas es que el territorio tiene la tasa de graduación de FP de Grado Medio más baja de todas las comunidades y unas de las más bajas en FP de Grado Superior. "El modelo de las ayudas-copago no sólo no garantiza el derecho a la educación de todos los jóvenes, sino que excluye a miles de familias", ha denunciado Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de CCOO Madrid.

400 euros por estudiar en la pública

El sindicato se ha mostrado muy crítico con que el PP "en vez de invertir e incrementar el gasto público educativo, deja esa tarea a los fondos que llegan de Europa, a través del Gobierno de España, cuando la inmensa mayoría están asignados a programas de carácter finalista, como los referidos a las plazas de FP de Grado Medio".

Por otra parte, Galvín considera "indignante" que "mientras la Consejería de Educación reparte ayudas para el copago de los estudios en centros privados, a los estudiantes que se matriculan en centros públicos sí les cobren las tasas de 400 euros". No poder pagar la matrícula, una vez sido admitido en un instituto público, se convierte así en otro de los problemas que tienen los alumnos para completar su formación.

Precisamente la transformación de la FP que ha impulsado el Ministerio de Educación durante esta legislatura, además de acabar con la histórica mirada despectiva hacia estos estudios, pretende impulsar las plazas públicas para facilitar el acceso. Sin embargo, hasta ahora, las políticas del PP lo han impedido.