El nuevo revés a las zonas de bajas emisiones demuestra que el dinero pesa más que la urgencia climática en Madrid. Así se ha evidenciado este martes con la anulación,  a petición de Vox, de varios artículos de la norma aprobada en 2021, que reformaba a su vez la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 2018, impulsada por la exalcaldesa Manuela Carmena. La modificación, bajo el marco de Madrid 360 y promovida por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, ampliaba las ZBE en la capital.  

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula específicamente las disposiciones de la ordenanza que delimitaban el alcance de la ZBE para todo el municipio de Madrid, así como las que creaban las dos Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP) en el Distrito Centro.

El fallo señala, entre sus argumentos, una "patente del informe de insuficiencia de impacto económico" relacionada con las medidas de la ordenanza municipal. Sin embargo, la sentencia no evalúa el posible impacto que la eliminación de las ZBE podría tener sobre la calidad del aire y la salud pública, factores que fueron claves en su creación y que han contribuido de manera significativa a la reducción de la contaminación desde su implementación. 

La Justicia ha dado parcialmente la razón a la formación de extrema derecha, aunque no suspende de forma inmediata ninguna ZBE ni su fallo tiene carácter ejecutivo. Esto permite a Almeida redefinir las zonas de protección en 30 días para reducir la alteración del tráfico, aunque deberá justificar el impacto económico que hasta ahora sustentaba la ordenanza. El Ayuntamiento de Madrid ha advertido que el acceso a las ZBE sigue prohibido y que las multas impuestas no serán anuladas. 

Juan López de Uralde, coordinador de Alianza Verde, asegura a Público que la derecha y la extrema derecha han planeado una ofensiva contra las zonas de bajas emisiones "y, en general, contra todas las medidas relacionadas con la crisis climática". 

"Su argumento de que las ZBE perjudican a la clase trabajadora porque no se pueden meter vehículos diésel en las ciudades, es un bulo", subraya López de Uralde. Según el coordinador de Alianza Verde, los datos demuestran que las ZBE benefician a la clase trabajadora, "que es la que más se mueve en transporte público y a la que más afecta la contaminación".

El negacionismo climático de las derechas

Con esta acción, Vox ha vuelto a poner de manifiesto su negacionismo climático. Diversos municipios gobernados junto al PP −Elx (Elche), Palma de Mallorca, Gijón o Valladolid−, han dado marcha atrás en la implementación de políticas dirigidas a combatir la crisis climática y reducir la contaminación.   

Este revés judicial para Madrid 360, recuerda al que se llevó Manuela Carmena cuando impulsó Madrid Central, una de las primeras ZBE en España. Almeida sustituyó esta medida modificando el perímetro anticontaminación establecido por la anterior concejalía de Medio Ambiente. Aunque el nuevo perímetro y las restricciones propuestas por el alcalde madrileño eran similares a las de Carmena, los grupos municipales de Más Madrid y PSOE calificaron la modificación como un "retroceso". Argumentaron que permitiría la entrada diaria de 45.000 vehículos contaminantes más, en comparación con la normativa original.

Almeida autorizó que cada comerciante del centro de Madrid pudiera registrar hasta tres vehículos para transitar por la zona. Además, cada empresario o autónomo que demostrase que trabajaba dentro del perímetro, tenía la opción de modificar hasta dos veces al mes las tres matrículas autorizadas.

Cabe destacar que la ordenanza de las ZBE también incluía medidas para mejorar las zonas urbanas, como la reducción del efecto de isla de calor y el incremento de zonas verdes con especies adaptadas. Sin embargo, tras suceder a Carmena, Almeida eliminó gran parte de estas intervenciones en la capital.

Incumplimiento de las directrices de la OMS

La Ley de Cambio Climático, aprobada en 2021, impuso a 149 ciudades españolas, con más de 50.000 habitantes, la obligación de implementar ordenanzas de movilidad para restringir el uso de automóviles, con el objetivo de reducir los niveles de contaminación. El Real Decreto que regula estas medidas tenía como meta final cumplir con la versión actualizada de las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la calidad del aire, que establecen los niveles recomendados para proteger la salud pública.  

Según Clean Cities, en España se registran más de 30.000 fallecimientos prematuros atribuidos a la contaminación generada por el tráfico. Además, organizaciones como ConBici, que forman parte de esta red, destacan en sus informes los frecuentes incumplimientos de los niveles de contaminación establecidos por las directrices de la OMS.

Las ZBE se establecieron con el objetivo de restringir el acceso, la circulación y el estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta medida se basa en la clasificación de los vehículos según su nivel de emisiones, conforme a lo dispuesto en el Reglamento General de Vehículos vigente. 

Cristina Arjona, coordinadora de Movilidad de Greenpeace, en declaraciones a Público, califica de "incomprensible" la anulación de las ZBE en Madrid. Arjona destaca que estas zonas habían demostrado ser efectivas, a pesar de los intentos de Almeida de eliminar Madrid Central. "En 2023, Madrid logró mejorar sus niveles de contaminación y cumplir con los límites europeos de dióxido de nitrógeno (NO₂), después de años de incumplimientos que llevaron a la UE a condenar a España por los malos resultados en Madrid y Barcelona", explica. 

Según la coordinadora de Greenpeace, aunque la sentencia argumenta que la ZBE podría tener un impacto discriminatorio sobre los colectivos más vulnerables económicamente, "no considera el impacto en la calidad del aire y la salud pública, que afecta directamente a las personas más vulnerables". Arjona subraya que los estudios muestran que, en general, las personas con mayores ingresos tienden a usar más el coche, mientras que las personas con rentas más bajas utilizan más el transporte público. 

"A pesar de esta sentencia, debemos recordar que las ZBE son obligatorias en ciudades con más de 50.000 habitantes y son esenciales para cumplir con los compromisos climáticos de la Unión Europea", afirma Arjona. "Por eso, pedimos al Ayuntamiento de Madrid que recurra esta decisión sin demora y trabaje para mejorar las ordenanzas, teniendo en cuenta a las personas con menos recursos y aumentando su eficacia", concluye.

Contra el modelo urbano sostenible de la Unión Europea

La anulación de las ZBE aleja a Madrid del modelo urbano sostenible promovido por la Unión Europea. Según Clean Cities, han sido implementadas en varios países europeos. Estas medidas también fomentan el uso de transportes limpios, activos y sostenibles, apoyan la transición hacia energías más limpias, reducen la contaminación sonora y contribuyen a la reorganización y naturalización de los entornos urbanos.

A finales del año pasado, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, recordó que la contaminación atmosférica es la principal causa medioambiental de muerte prematura en la UE. Advirtió que no implementar las zonas de bajas emisiones podría constituir un incumplimiento de la normativa europea, con la consecuente pérdida de fondos europeos o posibles multas.