De Manuel Castells a Joan Subirats. Los dos ministros de Universidades que ha tenido esta legislatura verán cristalizado este jueves su trabajo cuando el Congreso de los Diputados vote la aprobación de LOSU, conocida como ley de Universidades. Sustitirá así a ley diseñada en 2001, hace más de 20 años.

Una ley que consolida varias reformas implantadas durante estos cuatro años y que aspira a frenar el aumento de precio de las tasas, la aparición de universidades privadas y que interviene en el cuerpo de profesionales de cada facultad para dar pasos hacia el fin de la precariedad y la temporalidad entre el profesorado. Todo esto, con la mente puesta en cambiar el espíritu de la Universidad para que se convierta en un espacio recurrente y no únicamente un espacio en el que estudiar durante cuatro o cinco años tras finalizar el instituto. 

"La ley pretende evitar los problemas actuales, que es trabajar en 2022 con leyes hechas hace 21 años. La anterior ley no aborda muchísimos de los aspectos nuevos que tenemos", respondía Joan Subirats en una entrevista para Público en relación a la aprobación de la LOSU.

La raíz de la ley radica en una apuesta por menos contratos temporales, más igualdad en los campus y en el cuerpo de profesionales y una mayor apuesta por la investigación. "El profesorado con contrato laboral temporal no podrá superar el 20% en efectivos de la plantilla de personal docente e investigador", asegura la ley. 

A través de enmiedas posteriores, la ley de universidades ha incorporado cuestiones como la limitación del precio de las tasas, que solo podrán mantenerse o reducirse, según aseguran desde el propio Ministerio. Aunque es una materia que depende de las comunidades autónomas, estas deberán aplicar criterios de reducción progresiva. La medida fue aprobada en mayo de 2020 tras un acuerdo con las comunidades y suponía que al menos diez regiones deberían bajar sus precios. Ahora, la medida queda también consolidada en la nueva ley.

De la misma forma, ante el auge de las universidades privadas, la LOSU restringue los criterios de creación de las mismas para frenar su presencia en detrimento del sector público. Por tanto, la ley consolida un decreto que imponía que de los cinco grandes ámbitos de conocimiento, para que un centro se considere Universidad debe desarrollar como mínimo tres, tiene que tener un número básico de doctores y tienen que tener un 5% de su presupuesto dedicado a investigación. Sin embargo, el propio ministro Subirats reconocía que "no hay capacidad desde el Estado para evitar que se creen universidades privadas".

Entre otras medidas de carácter social, la LOSU impide a las universidades establecer adscripción a los Colegios Mayores que segreguen por sexos y será exigible que todas las universidades dispongan "como mínimo" de unidades de igualdad, de diversidad, de defensoría del universitario y de inspección de servicios, "dotadas con recursos humanos y económicos suficientes".

Además, tal y como recoge el artículo 53, "se podrá establecer medidas de acción positiva en los concursos de acceso a plazas de personal docente e investigador funcionario y contratado para favorecer el acceso de las mujeres".