Navarra investigará qué bienes comunales de los pueblos han sido inmatriculados por la Iglesia

El Gobierno de Navarra pondrá en marcha un equipo de investigación para identificar qué bienes comunales han podido ser inmatriculados por la Iglesia católica. Así lo acaba de anunciar el consejero de Desarrollo Rural, José María Aierdi, en una reunión celebrada con representantes de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, que agrupa a 230 entidades locales de la comunidad foral.

El compromiso tiene una trascendencia capital y podría representar un punto de inflexión decisivo en la controvertida batalla de las inmatriculaciones episcopales en toda España. El plan es sumamente complejo y puede suponer años de trabajo, según admiten los técnicos presentes en la reunión. La idea básica consiste en cotejar el inventario de bienes comunales con el listado de inmatriculaciones de Navarra publicado en 2021 por la Consejería de Justicia, bajo el impulso de Eduardo Santos.

Navarra es la única comunidad autónoma que dispone de una ley propia de bienes comunales

La Plataforma está convencida de que cientos de bienes comunales navarros han sido apropiados por la jerarquía católica, en virtud de la prerrogativa hipotecaria que les permitía registrar fincas hasta 2015 con un mero autocertificado episcopal.

Navarra es la única comunidad autónoma que dispone de una ley propia de bienes comunales, cuya propiedad pertenece a los pueblos desde tiempo inmemorial y gozan de un estatus jurídico blindado. Son, por lo tanto, bienes inalienables, inembargables e imprescriptibles, exactamente igual que los de dominio público. El consejero Aierdi adelantó que su gabinete ya lleva semanas trabajando en el asunto y ha empezado a examinar cientos de fincas forestales inmatriculadas.

La reunión se celebró el martes por la mañana en la sede de la Consejería de Desarrollo Rural. Junto al consejero se sentaron dos altos cargos del departamento más dos representantes de la Plataforma: su presidenta, Cristina Contreras, y Andrés Valentín, que también es coordinador de Recuperando, una red de 30 organizaciones patrimonialistas de toda España.

Aierdi mostró su "plena voluntad política" de ejecutar un ambicioso plan que diseñó el consejero Santos

El consejero Aierdi mostró su "plena voluntad política" de ejecutar un ambicioso plan que diseñó el consejero Santos hace tres años y fue guardado en un cajón tras un informe desfavorable del servicio de Intervención. Ahora el departamento de Desarrollo Rural va a habilitar nuevas vías administrativas para garantizar su ejecución.

La propuesta inicial planteó entregar el estudio a la Universidad Pública de Navarra (UPA) a través de un proceso de contratación directa. En esta ocasión, y para sortear eventuales obstáculos administrativos, la Consejería tiene previsto elaborar el estudio con medios propios a través de una sociedad pública. Ya hay consignada en presupuestos una partida de 50.000 euros y se está barajando la posibilidad de contar con un apoyo jurídico externo.

Un sistema digital como base 

Desde enero de 2023, un mapa interactivo muestra la ubicación de miles de bienes comunales navarros, gracias a una aplicación virtual diseñada por la Infraestructura de Datos Oficiales de Navarra (IDENA). Este sistema digital será la base de un complejo análisis de revisión que será presentado en breve. Paralelamente, la Consejería de Desarrollo Rural pondrá en marcha una mesa de seguimiento con participación de la Plataforma, que ha mostrado su absoluta disposición a colaborar con el Gobierno navarro.

"Hemos salido con bastante buena impresión", asegura Cristina Contreras. La entidad que preside lleva trabajando 17 años en defensa de la devolución del patrimonio navarro inmatriculado. Fue uno de sus fundadores, José Mari Esparza, quien descubrió por primera vez en 2006 la inscripción registral de la Iglesia de Santa María, en Tafalla, a través de un sorprendente procedimiento sin garantías que privilegiaba a los obispos.

"Ahora estamos en un punto de inflexión", explica la presidenta de la Plataforma

"Nuestra pelea durante todos estos años ha sido conseguir las notas registrales de los bienes inmatriculados. Y ha sido una batalla casi imposible", explica la presidenta de la Plataforma. "Ahora estamos en un punto de inflexión", que puede tener consecuencias trascendentales para la recuperación del patrimonio público. "Estamos hablando de bienes que son de todos. No pedimos nada más que se defienda lo que es de los pueblos".

Andrés Valentín es miembro fundador de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro y coordinador de Recuperando. "Es una noticia estupenda", exclamó nada más concluir la reunión en la Consejería. Valentín es consciente de la importancia crucial de este proyecto de investigación, si finalmente se ejecuta y no se tuerce por el camino.

Una lucha de casi 20 años

La lucha por los bienes navarros inmatriculados por la Iglesia pronto cumplirá dos décadas. En este tiempo ha atravesado toda suerte de vicisitudes y obstáculos políticos, judiciales y administrativos. No es fácil tener en frente a una todopoderosa institución con tentáculos en las estructuras del Estado. Valentín valora positivamente la voluntad de la Consejería de habilitar mecanismos de seguimiento que permitan a los pueblos vigilar la evolución de los trabajos.

"Salimos muy contentos de la reunión", admite el coordinador de Recuperando

"Salimos muy contentos de la reunión", admite el coordinador de Recuperando. En noviembre de 2021, la Consejería de Justicia presentó ante el Parlamento navarro el más exhaustivo listado de bienes inmatriculados de toda España. El catálogo incluía inscripciones episcopales desde el año 1900 y casi triplicaba el número barajado hasta el momento. El 63% de los 2.952 bienes registrados no tenían carácter religioso. El informe detectó 879 tierras agrícolas y 50 espacios forestales, además de 397 fincas y viviendas urbanas y 38 cementerios. El número de templos de culto ascendía a 981. Y la mano inmatriculadora de la Iglesia alcanzó a 267 núcleos poblacionales.

El plan del consejero Santos, sin embargo, encalló pronto en la maraña administrativa y la ausencia de fuelle político. Un espeso silencio se cernió sobre el proyecto meses después hasta que en diciembre de 2023 el diario Público descubrió que la mayor iniciativa de España para recuperar bienes inmatriculados había sido guardada en un cajón del Gobierno navarro. Los representantes de los 230 pueblos de la comunidad foral confían ahora en que no se vuelva a dilapidar una oportunidad de oro.