Naciones Unidas acaba de hacer publica una dura condena a España por no proteger los derechos de las niñas y los niños en el sistema de Justicia. En un comunicado, al que ha tenido acceso este diario, afirma que España "tiene que hacer más" por defender los derechos de los niños y las niñas víctimas de violencia de género y abusos sexuales cuando éstos entran en los tribunales y por no discriminar a las mujeres cuando denuncian dichas violencias. Se trata de una nota firmada por diversos Relatores Especiales de la ONU, en la que exigen que los tribunales "superen los prejuicios contra las mujeres" y apliquen "un enfoque centrado en los niños y de género".

"Los menores en España están expuestos a la violencia y los abusos sexuales por un sistema judicial que no les protege de los padres abusivos", afirman en la nota. "Incluso en los casos en los que existen antecedentes de violencia de género o pruebas de maltrato, las decisiones judiciales a menudo favorecen a los padres varones, incluso en aquellos casos en los que existen motivos razonables para sospechar que hay abusos hacia los niños y sus madres", añaden.

La nota hace especial referencia al caso de Diana G. M. que recientemente perdió la custodia en primera instancia de su hija de 6 años tras ser acusada de obstaculizar la relación entre la niña y su padre. Esto ocurrió a pesar de los antecedentes de violencia de género y de las pruebas que apuntaban a que había cometido abusos sexuales contra su hija durante años. Sin embargo, el juzgado de Pozuelo de Alarcón le dio la custodia de la menor en exclusiva al padre.

"A pesar de las claras directrices en sentido contrario de la Convención sobre los Derechos del Niño, los tribunales siguen determinando que el interés superior del niño y de la niña es siempre mantener el contacto con uno de sus progenitores, incluso cuando éstos son violentos o abusivos", afirman los expertos en el escrito.

Los relatores explican que una de las causas fundamentales es "la existencia de un sesgo discriminatorio contra las mujeres, que hace que su testimonio se perciba como menos creíble que el de los hombres". Afirman que las mujeres tienen aún menos probabilidades de ser creídas cuando denuncian la violencia física y sexual cometida por los padres contra ellas y sus hijos.

La nota explica que los expertos han seguido de cerca la situación durante más de una década y que en ocasiones anteriores han expresado su preocupación al Gobierno de España. Sin embargo a lo largo de estos años afirman que han seguido recibiendo informaciones de madres en España que "pierden" la custodia de sus hijos a manos de padres maltratadores, que son acusadas de dificultar el contacto de los padres con sus hijos (fenómeno conocido como "alienación parental), "estas mujeres han sido castigadas por los tribunales en lugar de conseguir la protección de su prole".

La nota lleva la firma de Reem Alsalem, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; Melissa Upreti (Presidenta), Dorothy Estrada Tanck (Vicepresidenta), Elizabeth Broderick, Ivana Radačić y Meskerem Geset Techane, Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas; Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho a la salud física y mental; Nils Melzer, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La justicia culpabiliza a las mujeres y desprotege a los niños

En el escrito afirman que la teoría de la alienación parental, aunque carece de apoyo científico creíble, refleja la idea de que cuando un niño o niña teme o evita a su padre o madre, se debe a la influencia del otro progenitor, más que a las propias experiencias del niño. "Las investigaciones realizadas en España y las opiniones de los expertos que siguen el tema han demostrado que en varios países, entre ellos España, las madres han sido acusadas regularmente de recurrir a la alienación parental, acusando a los padres de sus hijos erróneamente de cometer abusos contra ellos en los litigios por la custodia.
Aunque están prohibidas por la reciente legislación española, las teorías sobre la alienación parental parecen seguir desempeñando un papel en las decisiones judiciales en España", afirman.

Los expertos resaltan que dichas teorías aprovechan las actitudes patriarcales arraigadas en el sistema legal, "así como una creciente oleada de críticas contra la igualdad de género en varios países donde los grupos anti-derechos han retratado los derechos de las mujeres como "anti-familia."

"Guiados por teorías pseudocientíficas y regresivas, como la alienación parental, los tribunales de España y otros países no están garantizando el derecho de los menores a estar libres de violencia ni el derecho de las mujeres a la no discriminación", dijeron los expertos. Esta preocupante tendencia se ha detectado también en otros países de Europa, América Latina y otras regiones.

No es la primera vez

No es la primera vez que la Relatora contra la violencia de género y el  Grupo de trabajo contra la Discriminación se dirigen al Estado español por esta cuestión. Sin embargo llama la atención que sean varios relatores de Naciones Unidad quienes firmen el escrito, y que éste tenga la forma de una nota de prensa, un medio poco habitual para realizar comunicaciones hacia los países miembros.

Hace ahora un año, en noviembre pasado, se hizo público un escrito en el que la Relatora contra la violencia hacia las mujeres solicitaban a España explicaciones por la aplicación del inexistente Síndrome de Alienación Parental a Irune Costumero y su hija de ocho años, que fue arrancada de su madre de forma violenta por los servicios sociales de la Diputación Foral de Bizkaia el cuatro de agosto de 2017.

En el escrito, la relatora de Naciones Unidad expresó entonces su "profunda preocupación por la integridad física y mental" de la señora Costumero y de su hija, y llaman la atención a España sobre la necesidad de aplicar los estándares y normas internacionales "que protegen los derechos que se les están vulnerando a las víctimas mencionadas".

Pero además mostraba su preocupación por el hecho de que "muchas decisiones administrativas y judiciales reflejan una interpretación discriminatoria de la legislación nacional por parte de los operadores de justicia pero también por parte de trabajadores sociales, basadas en prejuicios y estereotipos de género" e incluía diversos casos de los que tanto la relatora como el grupo de trabajo habían tendido conocimiento en los últimos meses y en los que se habían visto actuaciones similares por parte de la Justicia.

Ya en mayo de este año una veintena de madres denunciaron a España ante la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de Naciones Unidas (CEDAW por sus siglas en inglés) por la violencia institucional de la que han sido objeto tras denunciar la violencia sexual, física y psicológica en contra de sus hijos e hijas por parte de sus padres. El texto describe el trato recibido por estas madres y sus hijos por parte de la Justicia como tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.

El escrito afirmaba que el Estado está vulnerando el derecho de sus hijos "a no ser objeto de violencia", a ser escuchados y a que se tome en cuenta lo que dicen, a que su interés superior sea una consideración primordial y a no ser separados de sus madres al no existir justificación para ello.

El informe presentado por las madres ante la CEDAW formaba parte del proceso de revisión que este organismo realiza periódicamente (cada cuatro años) a los Estados miembros, para medir el nivel de cumplimiento del Convenio. España está en su noveno proceso de revisión, que debería haber acabado entre octubre y noviembre pasado con las conclusiones finales de los miembros del comité. Sin embargo, España ha pedido una ampliación del plazo en al menos dos ocasiones por lo que se espera que el informe final de los expertos de la CEDAW sobre España no se conozca hasta enero o febrero del próximo años. Nuestro país suele enviar un informe al comité de la CEDAW cada cuatro años, coincidiendo con el periodo de revisión que le corresponde a España. Sin embargo, tal como explican algunas expertas en esta materia, en este año nuestro país no remitió ningún informe y se ha acogido a un proceso simplificado por el que España debe dar respuesta a una serie de preguntas de las expertas de comité de NNUU.

Nuestro país ya fue condenado por la CEDAW en el año 2014 Por el tratamiento que el Estado hizo en el caso de Ángela González Carreño. Una madre que había presentado más de 50 denuncias para impedir que su hija Andrea tuviera visitas no vigiladas con su expareja y padre de la niña, porque ya la había amenazado con hacerle daño. En una de ellas, el padre asesinó a la niña y se suicidó.

La CEDAW pidió a España que reconociera su responsabilidad como Estado en el asesinato, y que subsanara los fallos que habían conducido a esa situación. Entre otras cosas pidió formación específica a todos los operadores jurídicos y trabajar para eliminar los estereotipos de género en la judicatura.
González Carreño tuvo que batallar más de 15 años contra el sistema de justicia, hasta que finalmente en 2018 el Tribunal Supremo reconoció la responsabilidad de España en el asesinato de su hija y la indemnizó.