Los alquileres encadenan subidas desde hace meses en Catalunya. Según el portal inmobiliario Fotocasa, el precio del alquiler en Barcelona es un 20% más caro que hace un año; se trata de la mayor subida de todo el Estado, sólo por detrás de Alicante, y partiendo de unos precios que ya estaban disparados. Un piso de 60 m2 cuesta ahora 1.105 euros al mes, cuando hace un año costaba 920 euros. Son cifras que el Sindicat de Llogateres insta a "poner en cuestión" porque son parte interesada en el negocio, pero que constatan una tendencia apuntada también por organismos oficiales.

Girona registró una subida similar, del 18%, mientras que Tarragona y Lleida se sitúan en el 9% y el 6% respectivamente, siempre según Fotocasa. "Los alquileres deben regularse de forma urgente porque no pueden seguir subiendo. Nos encontraremos cada vez más familias que no podrán pagar", afirma el portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, en una llamada con Público. Tan sólo una cifra irrisoria de municipios a nivel estatal –el 2%– no han visto aumentados los alquileres en el último año. En Catalunya, el encarecimiento medio es del 9%.

El Sindicat lleva meses reclamando al Gobierno que regule los alquileres a través de la nueva Ley de Vivienda, pero ahora lo exige de forma "urgente" ante estos precios. "Nos llegan muchos casos, las familias inquilinas están cada vez más ahogadas", constata Aragonès.

Además, el movimiento por la vivienda quiere que España siga el ejemplo de Escocia, que ha anunciado la regulación inmediata vía decreto para congelar los alquileres y vetar los desahucios al menos hasta marzo. "Sería una estafa que un nuevo paquete de medidas contra la inflación no incluyera el tope de precio en los alquileres, cuando el gasto en vivienda supone el 42% de promedio del gasto familiar", ha afirmado la también portavoz Carme Arcarazo a través de un comunicado.

La desregulación y el turismo impulsan los precios al alza

En un momento en el que la inflación supera el 10%, la recuperación total del turismo y la caída de la regulación vigente en Catalunya hasta marzo han marcado esta tendencia al alza de los alquileres. Entre septiembre de 2020 y marzo de 2022, los precios estuvieron regulados por la ley catalana 11/2020, que establecía topes máximos y que fue tumbada por el Tribunal Constitucional (TC) después de un recurso interpuesto por el PP.  

Se trata de una regulación pionera que sirvió de forma efectiva para contener los precios y no redujo la oferta, tal y como han demostrado varios estudios académicos. Esto contradice los pronósticos realizados por el sector inmobiliario, que además ideó mecanismos para esquivarla, según el Sindicat. "Más allá de las cifras, conocemos las historias. Hubo arrendadores que estuvieron conteniendo la firma de nuevos contratos a la espera de que el TC tumbara la regulación y así poder subir el precio", explica Aragonès.

Los datos del primer semestre ofrecidos por la Agència de l'Habitatge también constatan la subida, aunque son más conservadores. No reflejaban todavía totalmente los efectos de la recuperación del turismo y la caída de la regulación. En toda Catalunya apuntaban a un aumento del 3,5% anual, mientras que en Barcelona ciudad alcanzaba el 6,6%.

Y es que la vuelta del turismo masivo a partir de abril también ha impactado en el mercado de la vivienda. Según datos de Fotocasa, el porcentaje de propietarios de viviendas que optan por el alquiler turístico en lugar del habitual ha crecido un 45% en el último año, pasando del 11% de agosto de 2021 al 16% actual. Durante la pandemia y ante la bajada de visitantes extranjeros, parte de las viviendas turísticas volvieron al mercado de larga duración, pero ahora este efecto se ha revertido casi por completo y ha incidido en la reducción de la oferta.

El Sindicat pide tratar con cuidado los datos ofrecidos por portales inmobiliarios, ya que Idealista, por ejemplo, fue sancionada por la Comisión Nacional de la Competencia por interferir y pactar los precios.

Hacia el aumento del parque público

Actualmente hay un tope del 2% en las subidas vinculadas al IPC que se pueden hacer durante la vigencia de un contrato, de forma anual. Es una medida celebrada por el movimiento de la vivienda, pero el Sindicat reclama que se blinde y que no sea temporal. Cambiar el indicador y vincular los contratos al Índice de garantía de competitividad (IGC), menos volátil, sería una opción. 

"En vez de hacer una ley que permita subidas ilimitadas con el IPC y después aplicar medidas extraordinarias para evitarlo, hagamos una ley que incluya el tope, porque las medidas extraordinarias son limitadas en el tiempo y llegan tarde", sostiene Aragonès.

Para el Sindicat, la Ley de Vivienda debe incluir todas estas cuestiones que afectan al mercado. La regulación de los pisos turísticos y realizar un mayor control del uso fraudulento del alquiler de temporada también son otras propuestas. Y, a largo plazo, ampliar el parque público y modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para reforzar los derechos de los inquilinos.