Los impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) madrileña por el derecho a la vivienda han comenzado una campaña de visibilización y de presión a los grupos políticos de la Asamblea de Madrid para que su medida se debata de una vez en la cámara.

La Coordinadora de Vivienda de Madrid ─en la que se integran la PAH y los grupos de vivienda surgidos del 15-M─, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y la Asociación Libre de Abogadas (ALA); los promotores de la ILP, han convocado una manifestación este sábado después de que el pasado mayo registraran en la Asamblea  su iniciativa ciudadana con el aval de casi 77.000 firmas, 27.000 más de las necesarias.

La protesta comenzará a las 18.00 horas en la Plaza de Jacinto Benavente y continuará por la Puerta del Sol hasta las Vistillas, donde a partir de las 20.00 comenzará un festival solidario en el que participarán artistas como Nacho Vegas o Guacamayo Tropical, y se han sumado a la movilización organizaciones de peso como Amnistía Internacional o Ecologistas en Acción, entre otros.

Cartel del festival-manifestación por el derecho a la vivienda de Madrid.

"El objetivo de la manifestación es visibilizar que Madrid necesita una ley urgente, y el verano ha pasado sin que los partidos decidan llevar a pleno la ILP para que se decida si se toma o no en consideración", explica Alejandra Jacinto, abogada y portavoz de la iniciativa. "Cada día se siguen ejecutando desahucios y tenemos que hacernos oír", explica.

La ILP cuenta, en principio, con el apoyo del PSOE y Podemos y, según apunta Jacinto, necesitan que o el PP o Ciudadanos voten a favor o se abstengan para que se tramite como una proposición de ley, a la que cabe realizan enmiendas. Los impulsores quieren que la decisión sobre si se tramita o se desecha el resultado de meses y meses de trabajo no se demore más allá de noviembre. Por esta razón, explican, han pedido por carta a todos los diputados de la Cámara regional que incluyan la ILP en un pleno próximo. 

La propuesta, entre otras medidas, pretende garantizar efectivamente el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda, recogido en el artículo 47 de la Constitución; la paralización de cualquier desahucio sin alternativa habitacional para personas vulnerables, prohibir la venta del parque público de vivienda de Madrid y poner fin a los casos de pobreza enérgetica, además de establecer sanciones a los grandes tenedores de vivienda (fondos buitre y entidades bancarias) que no saquen sus inmuebles al mercado del alquiler.