Los nuevos presupuestos del Ayuntamiento de Madrid se cierran con una enmienda sorpresa: incentivar la 'jubilación' de los coches más viejos y contaminantes a cambio de que su propietario pueda acceder gratuitamente al transporte público. La medida cuenta con un presupuesto inicial de 600.000 euros, que apenas cubrirían el coste de 1.100 abonos anuales o 11.000 mensuales. Sin embargo, aunque esta dotación resulte escasa para convertirse en un verdadero vehículo para el cambio, representa una declaración de principios.

"Esto es como dejar de fumar", comenta Jesús Herrero, secretario general de la Asociación de empresas gestoras de los Transportes Urbanos Colectivos (ATUC). "Las instituciones públicas tardarán en cambiar la mentalidad de los ciudadanos, pero tienen que empezar por plantear un compromiso firme para lograrlo. Eso es justamente lo que está haciendo Madrid", explica. "Las subvenciones a favor del cambio modal son un paso adelante con respecto a los planes Pive, que no hacían más que promover la sustitución de un coche viejo por otro nuevo. Las ayudas a la compra han permitido mandar al desguace a los diesel anteriores a 2006 y los gasolina previos al 2000, pero no aportaban soluciones a la congestión", señala.

Barcelona, la pionera en España

El Ayuntamiento de la Ciudad Condal supo ver que el reto de limpiar el parque móvil requería de incentivos potentes. Su estrategia para convencer a los conductores de que soltasen el volante fue lanzar la tarjeta verde metropolitana. Este nuevo título de transporte va asociado al DNI del titular del coche que se da de baja y permite utilizar gratuitamente el transporte público de la zona 1 durante tres años.

La medida entró en vigor en octubre de 2017 y, hasta la fecha, alrededor de 200 personas se han acogido a ella. "Si tenemos en cuenta que Barcelona se acerca al millón de vehículos, el alcance del proyecto ha sido muy limitado", valora Adrián Fernández, ingeniero de Obras Públicas, especialista en movilidad y seguridad vial.

En su opinión, la razón de que se haya quedado a medio gas no está tan relacionada con la idoneidad de la iniciativa, sino con la necesidad de crear un plan integral. "La receta es clara. Hacen falta tarifas flexibles que acojan a todos los perfiles sociales y una planificación de la red centrada en las necesidades del viajero, lejos de oportunismos políticos", proclama. Fernández advierte que, como en todo, lo barato sale caro. "El gratis total no es un modelo sostenible. A largo plazo puede traducirse en una pérdida de calidad en el servicio y, además, podría favorecer que se caminase menos", resume.

A París también le sobran coches

Europa cuenta otras propuestas similares. En París, por ejemplo, desde 2016 quienes retiren un coche contaminante pueden recibir una ayuda de 400 euros para el pago del abono transporte o la compra de una bicicleta. También disfrutan de una subvención que les permite ahorrarse un 50% al alquilar los vehículos eléctricos que el Ayuntamiento gestiona. Y quienes opten por la compra de un vehículo de eléctrico reciben hasta 9.000 euros en ayudas.

La alcaldesa Anne Hidalgo se plantea dar un paso más y se ha propuesto que el transporte público de la ciudad sea gratuito en 2020. Esta medida, que será estudiada este verano y que pretende contribuir a reducir la contaminación del aire, ya cuenta con la firme oposición de Valerie Pecresse, jefa de la autoridad de transporte del área, Île-de-France Mobilités (IDFM), que ha aclarado que si los usuarios no pagan, tendrán que hacerlo los contribuyentes.

Alemania ensaya en cinco ciudades

Alemania también está considerando reducir el número de automóviles privados y para conseguirlo probarán a instaurar un sistema de transporte público gratuito en cinco ciudades del oeste del país: Bonn, Essen, Reutlingen, Mannheim y Herrenberg. Esta experiencia piloto comenzará antes de final de año e incluye limitaciones al transporte más contaminante, restricciones al tráfico en el centro de las ciudades y fomento del uso compartido de coche.

Cabe recordar que Alemania, España, Francia e Italia se enfrentan a fuertes multas por incumplir con los límites de contaminación establecidos por Bruselas. Nuestro país, en concreto, sufre cada año la muerte de 25.000 personas derivada de este problema medioambiental, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).