Montserrat propone un pacto de Estado por la infancia que contemple también la custodia compartida

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, ha ofrecido este miércoles al Congreso trabajar en un pacto de Estado por la infancia para garantizar una mayor protección a los menores y que contemple los nuevos modelos de familia y medidas como la custodia compartida.

Y para lograr ese acuerdo, que deberá estar basado en la promoción, la protección y la participación de los niños, ha propuesto crear una subcomisión para ir "dibujando juntos" las respuestas que necesitan los diferentes modelos y situaciones familiares, según ha avanzado durante su primera comparecencia en la Comisión sobre los Derechos de la Infancia y Adolescencia.

Por ejemplo, la guarda y custodia compartida, la homogeneización del concepto de familia monoparental y las ayudas a las familias numerosas, a quienes ha reiterado su compromiso de que tengan categoría de especial a partir del cuarto hijo y mantengan la condición hasta que el menor de los hijos cumpla los requisitos establecidos para mantener los beneficios sociales. En este sentido, ha realzado su objetivo de elaborar un "diagnóstico estadístico de las familias" para conocer las necesidades de los nuevos modelos que han ido surgiendo para "diseñar medidas de apoyo y protección".

Reglamento sobre adopción internacional

Además, la ministra ha señalado que próximamente estará listo el reglamento de la Ley de Protección de la Infancia de 2015, con el que se unificarán los criterios sobre adopción internacional y acogimiento familiar en todo el territorio nacional.

Sobre lo primero, ha subrayado que este año se aprobará el reglamento elaborado con las comunidades y con las entidades colaboradoras, que unificará los criterios y coordinará el sistema, lo que permitirá a las familias adoptar en cualquier organismo del territorio nacional, que todas las entidades tengan que cumplir los mismos requisitos y que el coste sea el mismo en toda España.

Respecto al acogimiento, ha explicado que se está trabajando en un mecanismo interterritorial similar al de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) que facilitará la localización y propuesta de las familias interesadas "tan pronto el niño entre en el sistema de protección". En 2016, existían más de 33.000 niños en situación de desamparo, de los que algo menos de la mitad, 14.104, residían en centros de acogida.

"Hay que proporcionales la oportunidad de vivir en familia", ha resaltado Montserrat, que ha asegurado que su departamento destinará un millón de euros más a campañas para fomentar el acogimiento familiar. Una fórmula para la que se van a "desarrollar los criterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad en acogimiento familiar y residencial", como la valoración de la actitud educadora de la familia, su compensación económica o la especial atención a las necesidades derivadas del acogimiento de menores con discapacidad.

Defensa de la prisión permanente revisable

Montserrat se ha comprometido a aprobar esta legislatura la ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia, "un gran avance y que necesitamos sacar desde el diálogo y el acuerdo en beneficio de nuestros menores". Para ello, ha defendido la prisión permanente revisable: "Tenemos muy presente en nuestra memoria a Marta del Castillo, a Ruth, a José y a tantos menores asesinados vilmente", ha enfatizado para justificar que esta medida impide que los asesinos "vuelvan a recuperar su liberad poniendo en peligro de nuevo a la sociedad".

También ha querido recordar a los 8 niños asesinados por la barbarie machista y a los 24 huérfanos de 2017, a los que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha destinado medidas de mejora de su protección como la revisión de la custodia, el fomento de las actuaciones en el ámbito educativo o la especialización de los Puntos de Encuentro Familiar.

Proteger a los menores es proteger también su salud, y en este sentido ha recordado su intención de sacar adelante la ley de menores sin alcohol para frenar los abusos de esta sustancia entre los jóvenes, para lo que, en su opinión, se deberían reforzar todos los mecanismos para impedir que accedan a ella. Además, ha reiterado el compromiso del Ejecutivo en la lucha contra la obesidad infantil y ha recordado que está trabajando con la industria alimentaria en un plan para reducir en la dieta en tres años el 10 % del azúcar, la sal y las grasas.