Momio es, según la RAE, “aquello que se da u obtiene sobre lo que corresponde legítimamente”, un sinónimo del coloquial “chollo“, que sería una “cosa valiosa o apreciable que se adquiere a muy bajo precio o con muy poco esfuerzo”. Y eso, un momio o un chollo, en este caso con sospechas de fraude, es lo que, para la Abogacía del Estado, supone la inclusión del pazo de Meirás en el patrimonio de la familia Franco.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha citado a los nietos del dictador y a los abogados del Estado a las diez de la mañana del próximo 31 de enero para un acto de conciliación previo a tramitar la demanda en la que los segundos, es decir, el Gobierno, reclaman que la finca sea integrada en el Patrimonio estatal alegando que el militar se hizo con ella de una manera fraudulenta.

La Abogacía del Estado basa su demanda en un acta notarial fechada en agosto de 1938, y localizada hace unos meses en el Archivo de Protocolos Notariales de A Coruña, según la cual el complejo fue comprado en esa fecha por la Junta Pro Pazo del Caudillo, presidida por Pedro Barrié, del Banco Pastor, por 406.346 pesetas a Manuela Esteban Collantes, nuera y heredera de la escritora Emilia Pardo Bazán, “haciendo constar que lo adquieren para entregarlo como donación a Francisco Franco como jefe del Estado”.

Ese documento contradice otro fechado en 1941 que indica que la finca había sido comprada por Franco como particular y por 85.000 pesetas y cuya nulidad reclama la Abogacía del Estado al entender que se trata de un ‘papel’ presuntamente falso o simulado y elaborado ‘ad hoc’ para enmascarar la donación y dar al pazo la apariencia de una propiedad particular cuando, en realidad, sería patrimonio del Estado por haberle sido entregado a su jefe en aquella época en condición de tal.

Los Franco contra la versión oficial

Los Franco sostienen que el dictador era el dueño como particular, algo que choca con la versión oficial que el régimen mantuvo durante casi 40 años, que siempre se refirió a la residencia veraniega como un regalo de sus paisanos, y que tampoco casa con la investigación desarrollada por Manuel Pérez y Carlos Babío en Meirás, un pazo, un caudillo un espolio, que documentan cómo la finca fue adquirida por la junta mediante una hipoteca concedida por el Banco Pastor y posteriormente cancelada gracias a una cuestación, más forzosa que voluntaria, entre funcionarios y ayuntamientos coruñeses.

Los Franco reniegan ahora de esa versión oficial. Lo hacen en el escrito de 110 páginas con el que sus abogados han contestado a la demanda, en el que niegan valor a la primera escritura “por el hecho de que hubo una segunda”, explica Pérez, y en el que defienden que el pazo era una propiedad privada del dictador, entre otros motivos por el hecho de que allí había una explotación agropecuaria a su nombre y porque pagaba impuestos por los beneficios que obtenía de esa actividad.

“Esa empresa se sostenía con fondos públicos. La Casa Civil pagaba el personal, el Ministerio de Agricultura enviaba las semillas y los animales llegaban a través de varios ministerios”, señala el historiador, que anota que “claro que pagaba impuestos, pero era por los beneficios que obtenía de una empresa gestionada con fondos públicos”.

“Ochenta años después sostienen que la escritura que dice que fue un regalo no es válida y que en realidad fue una compra”, indica Pérez, para quien no existen dudas sobre la veracidad de la versión oficial. “La cuestación no fue voluntaria. Hay escritos de un oficial militar que explican claramente que se obligó a la gente a contribuir”, añade.

La fachada El Pazo de Meirás. EFE

Un palacio del siglo XVIII en A Coruña

El pazo, cuya venta impide una inscripción de litigiosidad en la ficha registral, no es la única propiedad de la familia Franco con apariencia de momio y con sombras de sospecha. Otra de ellas es la Casa Cornide, un palacete del siglo XVIII de más de 800 metros cuadrados situado en el casco histórico de A Coruña, aunque en este caso no hay ningún procedimiento judicial en marcha para reintegrarlo al patrimonio público.

La investigación de Bobío y Pérez pone en entredicho la versión oficial, según la cual la finca, de propiedad municipal (fue sede del ayuntamiento durante décadas), había sido comprada por Franco a Barrié después de que este se hubiera hecho con ella en una subasta.

Los historiadores documentan cómo, tras haber pasado el edificio al Ministerio de Educación para albergar una escuela, este, el consistorio y Hacienda cierran un convenio por el que el inmueble vuelve a ser de propiedad municipal mediante una permuta. Poco después, en agosto de 1962 y con la condición de que el adjudicatario no lo vendiera en diez años, el ayuntamiento lo saca a subasta y solo se presentan Barrié, que se hace con él por 305.000 pesetas, y un jefe local del movimiento.

El ayuntamiento libera del veto a Barrié en la misma adjudicación ante “su deseo de transmitir la finca” a Carmen Polo, esposa de Franco, mientras celebra el “alto honor” que supone para la ciudad que “la Señora” tenga en ella “una de sus residencias particulares”.

“Está documentado que se produce una subasta fraudulenta”, señala Pérez, para quien se trata de “una operación diseñada desde el Ministerio de Hacienda y la Casa Civil con conocimiento de Franco y de Carmen Polo”. “El ayuntamiento transigió -añade-, y además financió con fondos públicos la reforma”.

Propiedades bajo la lupa

Esas dos propiedades, una en tela de juicio y otra no, son los bienes emblemáticos de un patrimonio familiar en cuyo crecimiento desde finales de los años 30 varios historiadores han detectado, si no sombras, sí algunos hechos que rozan el prodigio.

Un año antes de sublevarse contra la República que le pagaba, Franco, según publicó El País cobraba 2.428,98 pesetas netas al mes, un salario que se multiplicó por veinte, hasta las 50.000 por catorce pagas, que comenzó a recibir en 1940 como jefe del Estado. Ese sueldo se multiplicaría por doce en los 35 años siguientes hasta alcanzar las 600.000, a las que se añadían otras 154.710 netas (168.477 brutas) como capitán general, según los documentos desvelados por El Economista.

Con esas cantidades, magras para la época (el salario mínimo era de 8.400 pesetas brutas, 50,41 euros), Franco dejó a su muerte un patrimonio de, según las fuentes,  entre 120 y 600 millones de euros (entre 20.000 y 100.000 de pesetas), algo que, de ser así y dejando al margen minucias como el sueldo mensual ‘extra’ de 10.000 pesetas mensuales de Telefónica o la venta de 7,5 toneladas de café donadas a España por el dictador brasileño Getulio Vargas en los años 40, supondría un prodigio de administración y de buen tino en las inversiones.

La guinda honorífica para la potentada familia Franco llegó antes de que hubiera pasado una semana desde la muerte del dictador con la creación del Ducado de Franco por el rey hoy emérito Juan Carlos I y su concesión a Carmencita Franco Polo, su única hija. Su fallecimiento en 2017 desató entre sus hijos unas tensiones que terminaron a finales de julio al formalizar Carmen Martínez-Bordiú (pagando los 2.750 euros de impuestos que tenía pendientes) la sucesión que la sitúa a la cabeza del clan.