Mohamed Benhalima: historia del argelino condenado a muerte entregado por España

"En Argelia hay gas, pero no hay derechos humanos", decía el pasado 20 marzo Mohamed Benhalima en un vídeo grabado desde el patio del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de València. Era un mensaje para la sociedad española y una súplica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "No cometan un error grave contra los derechos humanos (...) Argelia aplica la tortura y mi vida corre riesgo si me mandan a Argelia", añadía entre el bullicio de fondo de otros migrantes que esperan su deportación.

Benhalima tiene 32 años, 19 causas penales abiertas en su país y una condena a muerte por un tribunal militar, según han confirmado Amnistía Internacional, la madre del condenado, su abogado en Argelia (detenido posteriormente) y varios activistas. Es un exmilitar argelino, disidente, activista político y denunciante de corrupción en el Ejército después de años destinado en la frontera argelina en Tindouf primero y como chófer de altos mandos después. También era un solicitante de asilo que buscaba en España protección, pero encontró una deportación al país que lo ha condenado a muerte.

El Ministerio del Interior le consideró, según consta en su expediente de expulsión, al que ha tenido acceso Público, una amenaza para la seguridad nacional o para las relaciones de España con otros países. Justo durante los días en los que Benhalima fue internado en el CIE, Argelia mostraba su enfado ante el giro del Gobierno español en su postura sobre el Sáhara, y hablaba de una confianza "gravemente dañada" al asumir las pretensiones de Marruecos —con quien Argelia ha roto relaciones— sobre los territorios de la antigua colonia española.

La rápida expulsión de Benhalima tras ser detenido en un control rutinario se interpretó como un gesto para apaciguar los ánimos en Argelia, aunque no parece que hayan tenido demasiado efecto. Sí ha levantado una ola de críticas a esta decisión española que, según varias organizaciones de peso, a incumplido el principio de no devolución de un solicitante de asilo a un país donde su vida o su seguridad corren peligro. El Ministerio de Interior, sin embargo, insiste en que el procedimiento siguió "el procedimiento habitual respetando todas las garantías".

La siguiente imagen que se tiene de él es del 24 de marzo. Se le ve serio y abatido, con las manos esposadas a la espalda mientras baja las escaleras de un avión de Iberia que ha fletado el Gobierno español para su expulsión, criticada por un buen número de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Había llegado a Argel y las autoridades mostraron su trofeo en la televisión pública. Escoltado por dos policías, el detenido es conducido a la cárcel de El Harrash. Pasará unos días en el módulo para presos vinculados al movimiento Hirak, las protestas pacíficas que prendieron en Argelia en 2019 y forzaron la salida del Gobierno de Abdelaziz Buteflika tras casi dos décadas en el poder. Después será trasladado a la prisión militar de Blida, de donde es posible que no salga nunca. Aunque Argelia no ejecuta condenas a muerte desde 1993, sigue sentenciando a penas capitales que acaban convirtiéndose en cadenas perpetuas.

El 8 de mayo, Benhalima asistió a su primer juicio, aunque para entonces ya pesaban sobre él 20 años de prisión de otros juicios en ausencia. Los cargos, según detalla Amnistía Internacional y la prensa argelina, incluyen "participación en un grupo terrorista" y "publicación de noticias falsas que socavan la unidad nacional".

Son tipos penales "instrumentalizados ampliamente por las autoridades argelinas para criminalizar la libertad de expresión pacífica", denuncia la organización, que ha documentado numerosas detenciones de periodistas, activistas, defensores de derechos humanos o manifestantes pacíficos desde las revueltas del Hirak. También ha denunciado casos de tortura de varios de esos detenidos. Por eso ha lanzado una petición internacional para que Argelia revoque la condena a muerte de Benhalima.

Riesgo de tortura

El riesgo de tortura fue el principal argumento del abogado del activista en España, Eduardo Gómez Cuadrado, para evitar su expulsión y para que se le concediera asilo. De hecho, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), consideró durante su evaluación del caso que ese temor a ser torturado "debería dar lugar a la admisión a trámite de la solicitud" de asilo. Era la segunda vez que lo pedía, ya en el CIE, pero también fue rechaza por Interior.

"Yo pensé que iba a empezar de nuevo mi vida y a retomar mis estudios en España, pero ahora estoy encerrado en el CIE de Valencia", decía Benhalima días antes de su expulsión. Recaló en España en septiembre de 2019, después de tener constancia de que iba a ser detenido por su labor de denuncia a través de Facebook y Youtube, donde publicaba información sobre malversación de fondos públicos por parte de mandos militares y otros abusos. Llegó en avión a Alicante, con un visado de turista, y pidió protección internacional en Bilbao. Su solicitud fue admitida a trámite y pudo permanecer legalmente en España durante dos años. Sin embargo, su petición de asilo fue denegada en julio de 2021, según consta en su resolución de expulsión, a la que ha tenido acceso Público.

Él nunca tuvo constancia de esta denegación porque también intentó huir de España cuando conoció la detención y posterior expulsión, el pasado agosto, de su amigo Mohamed Abdellah, también exmilitar, activista y denunciante de corrupción que buscaba asilo en España. Según la información disponible, Abdallah, que ha denunciado haber sufrido "torturas físicas y psicológicas en una cárcel militar", pidió que se le notificara su expulsión a Benhalina. Cuando recibió la notificación de la comisaría, pensó que iba a ser detenido y expulsado. Intentó pedir asilo en Francia, pero el reglamento es claro cuando ya se ha solicitado protección en otro país de la UE. Antes de ser devuelto a las autoridades españolas, abandonó el país y trató de llegar a Portugal, aunque tampoco allí encontró refugio.

Sin pruebas

El 14 de marzo fue identificado en Zaragoza en un control policial, y fue detenido por estancia irregular y el día siguiente es internado en el CIE de València. Pide asilo por segunda vez y su abogado recurre la orden de expulsión alegando además que no hay ninguna prueba que indique que Benhalima suponga un peligro para la seguridad nacional.

En su expediente de expulsión, Interior tan solo esboza indicios que vinculan a Benhalima con la organización Rachad, opositora al régimen argelino y considerada terrorista en Argelia desde el pasado febrero, a pesar de ser de corte pacífico. No hay ninguna prueba que vincule a Benhalima con Rachad; tan solo su amistad con Mohamed Abdellah, al que a su vez España relaciona con Larbi Zitout, dirigente de Rachad, que vive en Reino Unido.

Sin embargo, Rachad no está en ninguna lista internacional de grupos terroristas ni sus integrantes han sido deportados de los países en los que residen. A pesar de todo, el expediente de expulsión menciona una y otra vez las palabras terrorista y radical alrededor del nombre de Benhalima, sin incriminarlo directamente.

Pese al recurso de su abogado y a la posición de ACNUR durante la revisión de su solicitud, favorable a que se estudie su caso con más detenimiento, solo tres días después se le deniega el asilo. Se le comunica el 24 marzo, "y pocos minutos después se le notifica su orden de expulsión", subraya su abogado. Dos horas más tarde, Benhalima es subido a un avión rumbo a Argel, algo que también resulta llamativo, ya que lo habitual para deportar a ciudadanos argelinos es el uso de ferris.

Este detalle también hace desconfiar a los abogados y organizaciones que le apoyan de las razones reales de su deportación. Su abogado solicitó la suspensión cautelar de la expulsión ante la Audiencia Nacional, pero para cuando pudo hacerlo, Benhalima ya estaba volando hacia Argel, sin posibilidad de presentar con el debido tiempo los recursos pertinentes. Aun así, hay dos recursos contencioso administrativos contra la denegación del asilo y la resolución del expulsión, precisa su letrado en España, que también han puesto el caso en conocimiento del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.