La compañía australiana Rafaella Resources ha comprado a la española Sacyr la mina de wolframio de San Finx, en el municipio coruñés de Lousame. Se trata de una explotación que contaminó durante años un río local y por la qua varios funcionarios y altos cargos de la Xunta han sido acusados de prevaricación, falsedad y encubrimiento. Los acusan de maniobrar ilegalmente para evitar que Sacyr se hiciera cargo de los costes de la limpieza y recuperación medioambiental de la zona.

La mina está cerrada desde el año 2017, pero sucede que el acuerdo de compra con Sacyr estipula que el comprador sólo empezará a pagar el precio de la venta cuando haya extraído y vendido al menos mil toneladas de material, lo que significa dar por hecho que la explotación, denunciada por vecinos y asociaciones ambientalistas como una de las más contaminantes de Galicia, recuperará su actividad.

Según un comunicado de Rafaella Resources, la operación se cerró la semana pasada a través de su filial Biscay Minerals, que adquiere el 100% de San Finx a Valoriza Minería, la filial minera de la constructora que preside Manuel Manrique, por cinco millones de euros.

Rafaella Resources, que en Galicia también explota la mina de Varilongo, en Santa Comba (A Coruña), también envuelta en la polémica por sus vertidos contaminantes, asegura que pretende convertirse en "líder europeo" en la producción de estaño y wolframita.

Antes de la venta, Sacyr estaba pendiente de que Augas de Galicia, el organismo dependiente de la Xunta que gestiona las cuencas fluviales de competencia autonómica, autorizara el drenado de las galerías de la mina, que se encuentran en la actualidad inundadas, así como el vaciado de las balsas donde acumuló residuos durante decenios, como paso previo para reiniciar la extracción de mineral.

Para asociaciones ecologistas como Ecoloxistas en Acción y Verdegaia, que en los últimos años han llevado el caso a los juzgados, así como para las cofradías de mariscadores y pescadores de la ría de Muros y Noia, drenar las galerías resulta una imprudencia inasumible, porque significaría verter al río, que a través del Tambre desemboca en la ría, millones de litros de agua contaminada por toneladas de lodos tóxicos y metales pesados que acabarían llegando al mar.

"Vamos a defender que la mina no se reabra y que las galerías no se drenen porque sería un desastre ambiental", asegura Francisco Iglesias, representante legal de las cofradías de Noia y Portosín, que encabezan el rechazo al proyecto.

El abogado de las cofradías también muestra su desconfianza ante Rafaella Resources, una sociedad que según Ecologistas en Acción forma parte "de un conglomerado opaco de empresas" controladas por Stardboard Global Limited, con sede "en Hong Kong y en las Islas Vírgenes británicas". "Se trata de dos paraísos fiscales con legislación mercantil que impide la transparencia y así conocer a los titulares reales de las empresas", afirman.

Ecologistas en Acción también recuerda que la mina de Varilongo está pendiente de un expediente sancionador de la Xunta por sus vertidos contaminantes y de otro procedimiento penal "por presuntos delitos contra el medio ambiente". Y advierte de que Startboard Global está implicada en docenas de proyectos “de dudosa reputación, incluyendo proyectos de extracción de carbón, oro, cobre y petróleo en Mongolia a través de Haranga Resources Ltd. y Haranga Khuder LLC, empresa expulsada de la bolsa australiana en 2020 por incumplimientos legales".

El mes pasado, el grupo parlamentario de Unidas Podemos-Galicia en Común-En Comú Podem, junto a cinco agrupaciones ambientalistas, presentó una denuncia contra once funcionarios, altos cargos y ex altos cargos de la Xunta por prevaricación, falsedad y encubrimiento en la tramitación de los expedientes de recuperación ambiental y reapertura de San Finx.

Según los denunciantes, los acusados maniobraron para que Sacyr pudiera evitar los costes del proceso, que algunas fuentes elevan a 20 millones de euros, y financiarlos con dinero público a través de Augas de Galicia.

Esa denuncia se suma a otro procedimiento legal que se sigue en un juzgado de Santiago contra tres de esos funcionarios autonómicos, a los que Verdegaia acusa de falsear documentos públicos relacionados con los procedimientos anteriores. Se trata de Bernardo Tahoces, ex director general de Industria y Minas, Rafael Recuna Carrasco, ingeniero de minas y funcionario de ese departamento, y Juan José Iglesias Suárez, ex jefe territorial de la Consellería de Industria en A Coruña.

Los tres deberán declarar como imputados el próximo 3 de febrero ante el juzgado de Instrucción número 3 de la capital gallega.