Mina de uranio en Salamanca El pueblo que se resiste al uranio

Eugenia González sirve con esperanza a un grupo de turistas: “Aquí vivimos del balneario. Los cuatro meses en los que está cerrado no ves a nadie”, asegura.

Regenta junto a su marido el único bar que hay en la carretera que une Retortillo con Villavieja del Yeltes, al norte de la provincia salmantina del Campo Charro, a pocos kilómetros ya de la frontera con Portugal. A sus 68 años sólo ha salido de allí una vez –cuenta- cuando viajó a Barcelona para conocer a su nieto. El resto de su vida ha transcurrido entre las extensas dehesas de encinas y alcornoques que crecen desde hace siglos en esas tierras, pobladas sobre todo por felices piaras de pata negra.

“Lo primero que hace la gente que llega es preguntar si la mina ya está abierta; cuando la abran, dejarán de venir. No, no quiero la mina. Si la abren, ¿Adónde vamos a ir?”.

A escasos 400 metros de su casa, un antiguo yacimiento de uranio promete años de prosperidad y trabajo a la comarca. Eso es, al menos, lo que asegura la empresa Berkeley, una minera australiana que compró los terrenos con la intención de extraer el elemento radiactivo que alimenta las centrales nucleares.

“No tenemos absolutamente ninguna duda de que va a ser sumamente beneficioso para toda la población circundante. Son muchísimos más los beneficios que los perjuicios, que además no son tales”, asegura el director general de la filial de Berkeley en España, Francisco Bellón, en entrevista con Público.

Una de las encinas centenarias arrancadas para el proyecto.

La empresa había mantenido relativo silencio hasta ahora. Pero la fuerte resistencia al proyecto por parte de vecinos, grupos políticos y organizaciones ecologistas ha puesto a la compañía sobre alerta. Les acusa de “engañar deliberadamente a la población” para “frustrar el desarrollo del proyecto”.

A unos metros de sus oficinas, una pintada reza: “Tanatorios ya, mina a la vista”. Un poco más adelante, otra clama: “Berkeley asesina. Fuera de aquí. No a la mina”. Hay más carteles similares colgados de las casas o los comercios, como el de Eugenia.

“No se puede apoyar a una empresa que quiere arruinar una comarca por nueve años de trabajo”, explica Jesús Cruz, vecino de Retortillo y miembro del principal movimiento de oposición a la mina, la plataforma Stop Uranio. Creen que el daño ambiental para el entorno será irreparable y que acabará con el turismo, la agricultura y la ganadería del lugar, sus principales pilares económicos.

“Las uvas se perderían. Aquí hay vino de denominación de origen, quesos, aceite de oliva. Con la mina todo se va a pique. Tenemos apego por nuestra tierra”, dice David Ramos, otro vecino de la región y activista de Salamanca Antinuclear. Los vídeos que la organización grabó con un drone sobre los terrenos de la mina consiguieron demostrar que la empresa había talado miles de encinas centenarias en un posible delito al medio ambiente que ahora investiga la Fiscalía. Algunos de esos árboles se encontraban dentro de la Red europea de espacios protegidos Natura 2.000 y dan cobijo a especies protegidas, como la cigüeña negra o los galápagos europeos.

Dos vecinos contra el proyecto. LV

“Somos conscientes de que el proceso de licenciamiento para cualquier proyecto minero es complejo y largo”, justifica Bellón, al ser preguntado por las dificultades que atraviesa el plan y la posibilidad de que tengan que renunciar.

Lo cierto es que los grupos opositores, junto a organizaciones ecologistas como WWF, Equo, Grefa o Ecologistas en Acción, han conseguido llevar el caso ante los tribunales por varias sospechas de irregularidades. La Audiencia Nacional investiga desde hace un año la autorización previa que el Ministerio de Industria concedió a la empresa para la construcción de una planta de tratamiento, imprescindible para el funcionamiento de la mina. También Stop Uranio llevó ante la Fiscalía de Salamanca las obras de desvío de una carretera comarcal y la construcción de una balsa, emprendidas por la empresa sin la licencia urbanística. Y la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Salamanca mantiene suspendida la petición para construir en el suelo rústico en el que se ubicará el proyecto. La Comisión Europea evalúa por su parte si afecta a los espacios protegidos de la zona.

“Hay una Declaración de Impacto Ambiental otorgada y favorable y una concesión de explotación desde 2014. Estos dos permisos son firmes, no se pueden recurrir. Estamos 100% seguros de que cumplimos con toda la regulación y con todas las instrucciones técnicas aplicables.”, dice Bellón.

La balsa construida por Berkeley para la mina, paralizada por no tener licencia. LV

Una parte importante de la oposición viene de los propietarios de los terrenos que necesita la empresa, y que ellos se niegan a vender. Otros acceden, a cambio de otras tierras en la zona, pero los vecinos sospechan que no valdrán nada una vez abierta la explotación minera. “Yo no se lo quiero vender porque es mi forma de vida”, dice Fernando Rodríguez, ganadero y dueño de un terreno en Retortillo. “Pero te presionan para que accedas al precio que ellos imponen o amenazan con la expropiación. Que me lo paguen como al alcalde de Retortillo, a 100.000 euros la hectárea”, se queja.

Parte del malestar entre la población viene de la connivencia entre ese ayuntamiento y Berkeley. Su anterior alcalde (PP) vendió a la empresa los terrenos donde ahora tiene sus oficinas. Y dos de sus concejales, ambos del PP, trabajan para la minera. Un juzgado investiga el caso, aunque los concejales siguen trabajando para Berkeley, talando encinas y vendiendo la madera.

“El puesto de concejal en Retortillo no está remunerado, la gente se tiene que ganar el dinero de alguna manera, y nosotros estamos comprometidos con la generación del empleo local”, justifica Bellón.

“Me resulta inexplicable por qué la Junta quiere llevar a cabo este proyecto, modificando la normativa para sacarlo adelante. No digo que vaya a haber cadáveres por el suelo, pero nuestro nivel de salud se va a ver afectado. ¿Quién va a venir a usar esas aguas si están contaminadas?”, lamenta Jorge Rodríguez, alcalde de Villavieja del Yeltes. Él, junto a otros 13 ayuntamientos, han firmado un documento en contra de la mina.

La batalla será larga. Berkeley, por el momento, no renuncia. “No pasa por nuestra cabeza marcharnos, en absoluto”, zanjan.