La fiebre minera que resurgió en España al albor de la crisis económica lo ha intentado con el oro de Galicia, con la monacita de Castilla-La Macha -ambos proyectos finalmente cancelados- o con el uranio de Salamanca –acorralado por las irregularidades-. Ahora, otra multinacional extranjera ha puesto sus ojos sobre el litio que descansa en el suelo de Cáceres.

Este material, imprescindible para las baterías de aparatos electrónicos y que cotiza al alza en todo el mundo por la previsible fabricación masiva de coches eléctricos, se ha convertido en una importante amenaza para la ciudad extremeña, Patrimonio de la Humanidad. Allí, en pleno espacio natural de la Sierra de la Mosca, a menos de tres kilómetros del casco urbano, es donde la empresa Tecnología Extremeña del Litio –una sociedad creada a propósito para el proyecto y participada en un 50% por la española Valoriza Minería SL (filial de Sacyr) y la australiana Plymouth Minerals- planea extraer el preciado ‘oro blanco’ de la que sería la segunda mina a cielo abierto más cercana a una ciudad del mundo.

Lo poco que se sabe por ahora del proyecto de San José de Valdeflorez –como se ha bautizado- es lo que Plymouth publicó en un informe a finales de octubre de cara a posibles inversores. Sólo la zona de explotación de la mina, de donde se prevén obtener unas 15.000 toneladas anuales de litio, supondrá la apertura de un enorme cráter en mitad de la montaña de 1.100 metros de diámetro y 550 de profundidad. Pero sus instalaciones incluyen también la apertura de caminos, un área de procesado, una escombrera y una balsa de evaporación. Casi 1.200 hectáreas en total que se mantendrían operativas durante 24 años, entre la construcción, la fase de explotación y la posterior actividad industrial para procesar el material, aseguran desde Sacyr a este periódico, en la que se construirá la primera fábrica de carbonato de litio de grado batería. La inversión prevista alcanza los 340 millones de euros.

“Litio hay, pero el potencial del que habla la empresa está muy por encima de la realidad porque lo que ellos buscan son inversores. Aquí crean empresas pantalla que funcionan sin transparencia. Todavía nadie nos ha enseñado el proyecto concreto”, dice Eduardo Mostazo, portavoz de la Plataforma Salvemos la Montaña, una agrupación de vecinos opuestos a la mina que se creó en junio tras las primeras informaciones en la prensa local.

Recreación del proyecto de la mina de San José de Valdeflorez, en Cáceres, ralizado por la Plataforma a partir de los datos de la empresa australiana Plymouth Minerals.

Poco después comenzaron a ver las máquinas, –cuenta- abriendo caminos, talando árboles, perforando el suelo. La empresa tiene el permiso de la Junta de Extremadura (PSOE) para investigar en los terrenos, aunque está pendiente de la concesión de explotación, que solicitó en enero, y para la que aún no han obtenido una respuesta, a la espera de una declaración de impacto ambiental favorable.

Mientras tanto, la movilización ciudadana de la Plataforma, a la que se han sumado agrupaciones ecologistas como Ecologistas en Acción, Adene o Seo Bird Life, entre otras, ha conseguido recabar más de 13.500 firmas en contra de la mina, entre otras las del propio Ayuntamiento de Cáceres, que en un principio vio una “oportunidad” en la explotación, pero luego reculó. La alcaldesa, Elena Nevado (PP), y el propio presidente de los conservadores extremeños, José Antonio Monago, comparecieron a finales de la semana pasada para dar su ‘no’ rotundo al proyecto.

“Sólo quieren explotarnos, nos van a dejar un hoyo y se van a llevar el litio. No estamos hablando de una industria que vaya a transformarnos, sino de un proyecto de explotación y especulación”, señala Nevado.

Su rechazo supone un revés importante para los planes de la empresa, que necesita el visto bueno del consistorio para modificar el Plan General Municipal, permitiendo el uso de la actividad extractiva en unos terrenos no urbanizables y de protección natural. Un requisito que sólo podría saltarse de conseguir que el Gobierno autonómico declare el proyecto como de interés regional. Consultada por este diario, la Junta no se posiciona, y se limita a comunicar que el procedimiento de licitación sigue adelante, y que su deber es “garantizar los derechos de todas las partes afectadas, la seguridad jurídica de los promotores que quieran invertir en la región y los de la sociedad, para acceder a la información”.

“No me fío, la verdad. Aquí las máquinas siguen funcionando día y noche”, dice Manuel Sánchez, uno de los más de 60 propietarios con fincas en los terrenos en los que pretende levantarse la mina. Un día, asegura, tuvo que echar a varios empleados de la empresa que habían entrado sin permiso en su parcela de 22 hectáreas talando árboles y desbrozando el suelo.

“Me dijeron que se habían confundido y se fueron. Luego me llegaron a ofrecer 400 euros al año si les dejaba trabajar allí durante cuatro años”, cuenta. Dijo que no, pero tiene miedo de que terminen expropiándoselo. “Con una Ley de Minas anterior a la democracia, y que ni siquiera está adaptada a las normativas europeas, estamos vendidos. Te lo pueden quitar todo por dos perras y te tienes que aguantar”, se queja.

La Plataforma Salvemos la Montaña alerta también sobre los peligros de una mina a cielo abierto tan próxima a la ciudad, que “generaría ingentes cantidades de polvo tóxico y partículas en suspensión”, “acabaría con el agua subterránea” de la zona y supondría un riesgo de vertidos ácidos.

Tecnología Extremeña del Litio mantiene que se trata de un proyecto “respetuoso con el entorno”, que cuenta con “un plan de restauración medioambiental” y que generará en torno a 200 empleos directos y cerca de 900 empleos indirectos durante el periodo de explotación.

“La minería siempre se va a zonas deprimidas económicamente donde la gente se agarra a un clavo ardiendo”, dice Mostazo. Lo cierto es que en Cáceres no sobra el trabajo, pero la Plataforma está convencida de que los puestos que la empresa promete no serán tales, mientras que repercutirá negativamente en los que ahora hay dedicados al turismo y la hostelería.

“El 93% de las explotaciones mineras de España emplean a menos de 20 personas. En la mina Aguablanca de Monesterio (Badajoz) prometieron 400 empleos durante 15 años. A mitad del periodo despidieron a 16 de una plantilla de 25. Hoy quedan 9”, sentencian.