Desde que en 1995 dejaron de existir leyes que penaban la pertenencia a cualquier colectivo LGTBI+ en España, los avances en protección y ampliación de derechos han continuado –no sin dificultades– hasta situar al país como referente mundial en legislación inclusiva para estas personas.

España ocupa el cuarto puesto en el índice Arcoíris, elaborado anualmente por la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), y es considerado como uno de los países que más avances en materia legislativa de protección ha alcanzado en Europa.

Esto ha sido posible gracias a la aprobación de dos normas fundamentales: ley de igualdad de trato y no discriminación y ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI+, conocida como ley trans.

Por estas razones, muchas personas que son perseguidas por su orientación o identidad sexual en sus países de origen encuentran en España un espacio seguro donde desarrollar sus vidas con normalidad.

Todavía hay 64 países donde se persigue o criminaliza a las personas LGTBI+, en seis de ellos con la pena de muerte y en, al menos, otros cinco no hay certeza legal y podría también imponerse, según ILGA.

Además, en 40 países se persigue jurídicamente la libertad de expresión en torno a la diversidad sexual y en muchos otros, aunque la legislación no lo contempla de manera expresa, estas personas sufren tales niveles de violencia y persecución social que les obligan a huir.

Estigma o racismo

"En 2009 fuimos de los primeros países de la Unión Europea que teníamos expresamente recogidas la orientación sexual y la identidad de género como motivo para conceder el asilo y la protección internacional. Aunque el punto de inflexión real fue un cambio de criterio a nivel administrativo que se había dado antes", explica Elena Muñoz, portavoz estatal del servicio jurídico de CEAR.

Frente a un sistema de asilo y protección internacional que sobre el papel reconoce la persecución a personas LGTBI+, los y las migrantes y refugiadas del colectivo se enfrentan a otras trabas que van más allá de la ley.

Estas dificultades pueden ser de índole administrativo para, por ejemplo, demostrar la persecución si en sus países de origen no existe una norma que penalice de forma expresa la diversidad sexual y de género, como ocurre en Rusia.

Rodrigo Araneda, presidente de Asociación de personas migrantes y refugiadas LGTBI+ (ACATHI), explica que, "en el caso de Marruecos, donde sí existe una legislación que pena a las personas LGTBI+, vemos como, en la práctica, se les deniega [en España] la protección a muchas personas de ese país, siguiendo criterios especiales que no tienen nada que ver con los casos individuales y sí con prejuicios".

Estos prejuicios, añade Araneda, "afectan a colectivos concretos", como las personas trans porque, al llegar a España, no se identifican como tal porque no tienen esa terminología: "Esto lo hemos trabajado con el Gobierno pero continúa pasando que se les deniega [la solicitud] por incoherencias".

Por esta razón, "los prejuicios y la desinformación ponen en peligro la aplicación de los criterios que marca la ley de 2009", advierte el activista que trabaja en defensa de los derechos de las personas LGTBI+ migrantes desde hace dos décadas.

Otro problema es la dilatación de los tiempos de espera para la obtención de citas. "Es cada vez más complicado y eso hace que tarden demasiado en poder acceder a los programas de acogida, quedando en una vulnerabilidad mayor", explica Araneda.

La espera puede alcanzar dos años para obtener una resolución. Según Elena Muñoz de CEAR, "el atasco y los retrasos que tiene la oficina de asilo y refugio varía mucho por nacionalidades e incluso por momentos", una arbitrariedad que alimenta la incertidumbre y pone en peligro en la práctica los principios de protección internacional y acogida que el Estado reconoce.

En este sentido, Araneda considera que el problema es "aún más grave" en el caso de las personas trans, "sin facilidades para encontrar grupos de apoyo o recursos para la acogida".

"Ningún plazo se cumple, para empezar, porque debería ser expedita la solicitud de asilo o debería darse en un plazo muy corto. Sin embargo, en los procedimientos de frontera sí que se cumplen los plazos para expulsar a las personas", sentencia el responsable de ACATHI.

La inclusión en la ley trans del reconocimiento que garantiza el derecho de las personas de nacionalidad extranjera a adecuar su identidad en los documentos que se emitan en España, si no lo pueden hacer en su propio país, es determinante en los procesos de protección y asilo, aunque está por ver cómo esta norma se aplica en la práctica.

"Esto lo hemos peleado muchísimo. Era una diferenciación que se hacía si las personas venían y pedían una solicitud de asilo por su identidad de género no reconocida en su país, pero al llegar aquí buscando protección tampoco se la reconocían, era una acogida falsa, no se respetaba su derecho a la identidad", explica Araneda.

Durante el tiempo que duran los procesos de acogida o asilo, y tras la aprobación de los mismos, la comunidad LGTBI+ migrante y refugiada continúa enfrentando desafíos muy importantes en el acceso a derechos básicos, como el empleo.

Según CEAR, siete de cada diez personas de este colectivo en España se sienten discriminadas en los procesos de selección de personal y el 100% considera que añade aún más barreras de las que ya tienen por ser migrante.

Protegerse ante los discursos de odio

"Al llegar aquí piensan que no se van a encontrar con LGTBIfobia o transfobia, pero se encuentran con violencias similares a las que hay en sus países. Sin ir más lejos, el pasado 24 de junio una chica trans y dos gais fueron agredidos hasta dos veces por distintas personas. Esto muestra que el ambiente que se está generando con discursos de odio promovidos por algunos partidos políticos provoca agresiones", matiza Rodrigo Araneda.

En 2022, las agresiones homófobas y delitos de odio contra personas LGTBI+ aumentaron en toda Europa. Fue, de hecho, el año más violento contra el colectivo en la última década, según el último informe de ILGA Europa. En España, según los últimos datos del Ministerio del Interior, los delitos de odio aumentaron casi un 70% respecto a 2019.

Para las personas migrantes y refugiadas LGTBI+ el peligro de agresión y acoso es doble, por su orientación o identidad sexual pero también por su origen.

"Nos preocupa bastante la situación por el tipo de discurso que se está instaurando. Y, de hecho, una de las peticiones que hemos hecho de cara a la nueva campaña electoral es que se blinde el derecho de asilo y no se utilice electoralmente para reducir derechos y atacar a solicitantes de protección internacional", alerta Elena Muñoz.

"Es también culpa nuestra, por dar visibilidad a esos discursos. Pensábamos que la gente viendo esos discursos iba a entender que no eran discursos válidos, y lo que hicimos al denunciar fue promover su difusión", lamenta, por otro lado, Araneda. Para el presidente de ACATHI el camino a seguir en la lucha contra el odio pasa por el trabajo en red.

"Necesitamos lugares de encuentro real, que las personas se conozcan, accedan a otras realidades, que haya una convivencia real y no generar espacios diferenciados. Si no conocemos a las personas es mucho más fácil agredir a alguien", recomienda ante la situación política actual en España, donde el Partido Popular y Vox han pactado gobernar juntos en numerosos territorios y ya han anunciado la derogaciones de leyes a favor del colectivo.

Respecto al sistema nacional de asilo y acogida, Araneda afirma: "Necesitamos realmente acogida y no solo un techo, una alimentación o una adecuación para el trabajo. La acogida real tiene que ver con lo social y el vínculo con las personas", concluye.