En medio de un panorama político donde cada vez circulan con más asiduidad los discursos xenófobos y racistas, el planteamiento de Pedro Sánchez sobre la migración regulada ha generado un gran debate en los últimos días.

La propuesta se centra en la migración circular, un modelo que pretende regular la llegada de trabajadores extranjeros al país con el fin de que trabajen temporalmente en sectores específicos de la economía y luego regresen a sus países de origen. Aunque el Gobierno asegura que esta medida busca reducir la llegada de migrantes en situación irregular y fomentar una migración ordenada, las críticas no se han hecho esperar.

La migración circular no es un concepto nuevo en España. De hecho, este modelo se implementa al menos desde el año 2000 y ha sido utilizado por gobiernos de distinto signo político, tanto del Partido Popular como del PSOE. El ejemplo más conocido es la contratación de temporeras marroquíes para la recolección de fresas en Huelva, un caso que ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones el oscurantismo que rodea este tipo de acuerdos.

En la teoría, la migración circular parece un acuerdo ventajoso para todas las partes: España obtiene mano de obra en sectores que la necesitan, y los trabajadores tienen la oportunidad de obtener ingresos y mejorar su situación económica. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja.

Los recientes pactos alcanzados por Sánchez con Mauritania, Gambia y Senegal para implementar estos programas han reavivado la discusión sobre la eficiencia y la ética de este modelo. Asociaciones humanitarias y por los derechos de las personas migrantes argumentan que la migración circular se centra únicamente en aprovechar la mano de obra extranjera cuando es conveniente para la economía española, sin considerar las necesidades y derechos de los trabajadores.

A pesar de las promesas de garantías laborales y condiciones justas, las denuncias por situaciones abusos y explotación no han dejado de aparecer en aquellos casos que ya llevan años funcionando; algo que pone en duda el compromiso real del sistema con el bienestar de estas personas.

Además, la propuesta de Sánchez no aborda las causas que suelen dar origen de la migración, como la pobreza, las guerras y la falta de oportunidades en los países de origen. Al no considerar estas causas, el programa no contribuye a mejorar las condiciones de vida en esos países, evidenciando que el interés principal detrás de estas políticas es económico y no humanitario.

Por eso, este enfoque ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos y expertos en migración, quienes señalan que la migración regulada, tal como se plantea, no es más que un parche temporal que no soluciona los problemas de fondo.

Hay quienes han querido recordar que, solo en el primer trimestre del año, España expulsó a más de 2.500 migrantes del país. Algo que contradice la narrativa del presidente Gobierno sobre una migración regulada y ordenada, y hace emerger una visible desconexión entre el discurso oficial y las acciones en el terreno.

En este contexto, no han faltado las críticas también desde la oposición. El PP ha acusado a Sánchez de haber cambiado su discurso sobre migración al apoyar la devolución de la migración irregular en España tras las críticas de la formación. Sin embargo, el Ejecutivo ha rechazado esta afirmación y ha cargado contra la actitud de los populares, al considerar que roza la xenofobia.