La idea de la migración legal y regulada es “una utopía por la desgana y desinterés de los Estados”, que condena “a la pobreza, a la estigmatización y exclusión, a la persecución y la muerte a millones de personas”. Y “cuando esta utopía no se hace realidad, aparecen los nuevos focos de negocio alrededor de la migración: las mafias que proporcionan los (más que debatibles) medios para que estas personas alcancen su objetivo. 60.000€ de beneficio por embarcación consiguen las mafias turcas. 4.000€ se paga por una plaza en una patera en las costas libias. 5.000€ por cruzar el Estrecho de Gibraltar en moto de agua. Y así sucesivamente hasta llegar a la cifra de 15.700 millones de euros en los últimos 15 años”. Este análisis se puede leer en el informe Frontera Sur 2018, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A).

La consecuencia de esta realidad “es insoportable”, dice la ONG, que ha acreditado la muerte de 249 personas que intentaban alcanzar España en 2017, de las que, 217 son de origen subsahariano y 32 de origen magrebí, y de las que solo se han recogido 99 cadáveres, de los cuales 17 eran de mujeres. Estos son solo los datos que la APDHA ha logrado contrastar. Según la Organización Internacional de las Migraciones, por cada persona que se comprueba que falleció, hay otras dos de las que nunca se supo nada, lo que podría llevar a triplicar esta cifra. Dice el informe: “En efecto, no hemos podido encontrar datos suficientemente fiables de Argelia, de la costa occidental africana o del propio Marruecos. Más difícil aún es obtener datos sobre el desierto del Sáhara, donde apenas trascendió la noticia de que, en mayo, se encontraron 44 migrantes muertos de sed. Según un informe del Consejo Danés para los Refugiados, el desierto se cobra incluso más vidas de migrantes que el mar. Hay que recordar que, según los datos que hemos ido recopilando en nuestra asociación, más de 6.000 personas han fallecido, en los últimos 20 años, intentando alcanzar España por la Frontera Sur, muertes que ya han convertido el Mediterráneo en una inmensa fosa común”.

“El mal llamado primer mundo, que se presume civilizado, elige la barbarie, las políticas que significan dolor y muerte para aquellos a los que van dirigidas, para sacar de los movimientos migratorios falso beneficio publicitario, por un lado, y beneficio económico por otro. La maquinaria del negocio de los movimientos migratorios y del deber de protegernos del extranjero pobre y “delincuente”, venga de donde venga parece que ha alcanzado alta velocidad, sin llegar a la máxima a pesar de todo y resulta complicado poder ponerle freno a esta gran máquina si somos simples piedrecitas las que alzamos la voz en contra de estas políticas”, lamenta APDH-A.

Acuerdos que buscan trasladar la frontera

En su informe, la asociación critica con dureza los acuerdos de cooperación, desarrollo y ayuda humanitaria que España ha firmado con diferentes países africanos. Dice la APDH-A que detrás “se esconden políticas de control migratorio y represión, sin que importe lo más mínimo lo que pueda pasar con esas personas que huyen en su mayoría del horror y de la pobreza”. La ONG pone el foco en el firmado en el año 2003 con Mauritania, “a través del cual personas de otros países como Senegal o Mali podían ser deportadas allí y ya el país africano se encargaría de la posterior deportación”, aseguran. “En la práctica, se les conduce a diferentes puntos de la frontera mauritana y se les deja allí. Y antes de la deportación son internados en un centro construido con fondos españoles y mano de obra española, el pequeño Guantánamo de Nouadhibou, donde las personas son internadas sin control judicial alguno, sin asistencia legal o siquiera un intérprete. Y lo más grave de todo, sin límite en la duración del internamiento”, afirman en el informe.

En Malta en noviembre de 2015, los Estados europeos se reunieron y acordaron la implantación del llamado Trust Funds, “cuyo objetivo principal es ayudar a los países de origen y tránsito de migrantes hacia Europa para que vigilen sus fronteras. En total: 1.800 millones de euros”. Los más beneficiados fueron Libia, Mali, Níger y el Cuerno de África (600 millones hasta 2020). “Lógicamente no todo el dinero será destinado a control migratorio per se, pero como parte de la inversión que se va a realizar, se espera que los países africanos mejoren sus fronteras interiores y faciliten el retorno de los ciudadanos detenidos en Europa hacia dichos países”, afirma la APDH-A.

“Tristemente, toda esta inversión parece que da los frutos que la Unión Europea pretendía. En el año 2015, según la Organización Internacional para las Migraciones, llegaron a Europa 1.046.599 personas. Al año siguiente la cifra bajó a 387.739. En 2017, 184.170 han conseguido llegar a territorio europeo”, lamenta la ONG, que añade que, dado que los objetivos de la Unión Europea en el control migratorio se están alcanzando, “es de esperar que se invierta más dinero en estas políticas que, lejos de querer ayudar a los países empobrecidos, únicamente buscan establecer la frontera de Europa más al sur de su propio territorio”.

La fronteras de Ceuta y Melilla

En el informe se describen las fronteras de Ceuta y Melilla en los términos más duros. Son “un campo de experimentación de las más crueles e inhumanas políticas represivas de control de flujos en las fronteras terrestres europeas. Inversiones millonarias, pagos oscuros a Marruecos, colocar nuevas vallas, instalar concertinas (últimamente en los puertos), experimentar con drones, o con camiones cisterna. Todo ello ha contribuido a que las fronteras de Ceuta y Melilla se hayan convertido en zonas infernales (y no sólo para migrantes, sino también para porteadoras o trabajadoras transfronterizas…), espacios de arbitrariedad e ilegalidad donde se violan los derechos humanos impunemente”.

España ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por las devoluciones en caliente. Según esta sentencia, estas devoluciones de migrantes en la frontera se hacen contra la voluntad de los expulsados, sin intérpretes ni asistencia jurídica que les informara de sus derechos, sin posibilidad de recurso y de forma colectiva, que está expresamente prohibida en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. “Pero, con la excusa de que la sentencia no es definitiva y se ha recurrido ante la Gran Sala del TEDH, las devoluciones en caliente se siguen practicando por parte de la Guardia Civil y desde la condena, se han detectado al menos 40 casos, que seguramente podrán ser de varios centenares”, afirma la ONG.