Los 12 menores migrantes que denunciaron la pasada semana ante el juez como víctimas de malos tratos por parte del personal de un centro de acogida de Tafira (Gran Canaria) ya han sido reubicados en otros recursos tras casi una semana fuera del sistema de protección a la infancia.

Fuentes de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias han confirmado a Público que los traslados se han producido este jueves. Los menores han ingresado en centros de acogida gestionados por entidades distintas a la que dirige el centro de Tafira, la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, a donde se negaban a regresar por miedo a sus presuntos agresores.

Cuatro exdirectores de esta ONG ya estaban siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción por malversación de caudales públicos, administración desleal y falsedad documental, al detectarse un presunto desvío millonario de dinero público destinado a la acogida de estos menores.

La denuncia de estos chicos vuelve a poner en cuestión la acogida de menores migrantes no acompañados en la islas, que superan los 4.400 y siguen aumentando con cada cayuco que llega a las costas canarias, que viven el mayor repunte migratorio desde la crisis de los cayucos de 2006.

La acogida y tutela legal de los menores que llegan solos recae en exclusiva en la comunidad autónoma, que desde 2020 ha abierto decenas de centros de forma improvisada y por la vía de emergencia, lo que ha generado cierto caos y una rebaja en los estándares de calidad de la acogida. Según la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias de Canarias, en los últimos meses han pasado de mantener 39 centros de acogida de menores a 63, mientras se buscan más alojamientos.

"Agresiones, forcejeos, amenazas y tocamientos"

La docena de chicos reubicados este jueves denunciaron ante el juzgado de guardia el pasado sábado, acompañados de activistas y abogados del colectivo Somos Red. La denuncia de los chicos implicaba al director del centro en presuntas "agresiones, forcejeos, amenazas y tocamientos" de carácter sexual.

Previamente, otro menor acogido, de solo 14 años, había denunciado ante la Policía una presunta agresión por parte de dos trabajadores, por la que ya ha sido suspendido de empleo uno de los presuntos agresores. Tras estos hechos, 23 chicos acogidos, de entre 14 y 17 años, se fugaron del centro el pasado viernes. Ocho de ellos acabaron regresando por voluntad propia, mientras que los otros 12 se negaron y fueron asistidos por diferentes organizaciones sociales.

La Directora General de Protección a la Infancia, Sandra Rodríguez, envió de urgencia a personal técnico al centro el pasado fin de semana al enterarse "por la prensa" de esta denuncia, según ha explicado a Público en conversación telefónica. Los activistas también confirman que el juez no informó ni a Fiscalía ni al Gobierno canario de los hechos ni tampoco solicitó ninguna medida.

"Abandono institucional"

Los chicos se quedaron en situación de "abandono institucional", explican abogados en contacto con los menores. Las mismas fuentes denuncian dejación de responsabilidades de todos los agentes implicados en la protección de estos menores. Desde la Dirección General de Infancia, que ha tardado cinco días en volver a acoger a los chicos denunciantes, hasta la Fiscalía de Menores, pasando por el juez que recibió la denuncia y por la Policía Nacional, que se negó a registrar la denuncia de los chicos al no dar credibilidad a su relato, según aseguran los menores.

"Los menores necesitan estar en un entorno seguro y se han quedado en la calle, solo amparados por organizaciones sociales. Tras denunciar una situación de abuso y maltrato, ni la Fiscalía ni el Juzgado han solicitado medidas cautelares de ningún tipo. Entendemos que se ha generado una situación de desprotección infantil que atenta contra el interés superior del menor que, según la ley, hay que proteger", asegura a Público una abogada que representa legalmente a estos menores.

También critica que en este tiempo no se les haya citado para comparecer por parte del Ministerio Fiscal y que solo ahora hayan sido reubicados en otros centros, alejados de los presuntos agresores.

"No entendemos por qué la Dirección General de Infancia, que tiene la obligación de proteger y tutelar a estos chicos, no lo ha hecho hasta ahora", apunta esta abogada, que señala a su vez la incongruencia de que la Fundación Siglo XXI siga acogiendo a menores migrantes tras dos diligencias abiertas contra su personal, una por malversación y ahora esta por malos tratos.

En declaraciones a este medio, la directora general de Infancia de Canarias asegura que "según los informes técnicos, no se ha vulnerado el interés superior del menor" y ha criticado que las entidades que han acogido a los "menores fugados" no los hayan puesto a disposición de de las autoridades. Un extremo que niegan desde el colectivo Somos Red, que asegura que desde el primer momento contactaron con la Consejería para que los menores fueran reubicados en otros centros.

La causa penal por esta denuncia sigue su curso ahora que el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas –donde se interpuso la denuncia– se haya inhibido en favor del número 3, que ya mantenía una causa abierta contra la Fundación Siglo XXI. Según la Dirección General de Protección a la Infancia, ahora que los menores han regresado al sistema de acogida podrán dar su versión de los hechos. También expone que uno de los menores que regresaron al centro tras la fuga del viernes ha presentado una denuncia por amenazas contra algunos de los menores que se negaron a volver.

Por el momento, el informe técnico apunta a incidentes de robos y violencia por parte de los menores durante la semana previa a la denuncia. Destacan que la fuga de los 23 se produce cuando se comunica a ocho menores que van a ser trasladados de centro para "mejorar la convivencia". En cualquier caso, el expediente continúa abierto, aunque se ha descartado por el momento el cierre cautelar del centro.