Menores ExtranjerosEl limbo de los niños migrantes convertidos en adultos por decreto del fiscal

A Ibrahim (nombre ficticio) le gustaría estudiar, obtener un título profesional y poder trabajar para ganarse la vida. Da clases de castellano y, por las tardes, estudia un curso para ser electricista, pero nunca podrá obtener un certificado oficial de estudios, ni siquiera trabajar porque, en la práctica, es como si Ibrahim no existiera.

Llegó a Málaga a bordo de una patera en 2016 cuando sólo tenía 15 años. Fue su manera de escapar del maltrato que sufría en su casa y de buscar un futuro mejor que el que le podía ofrecer su país, Guinea. Pero cuando desembarcó, una radiografía de su muñeca indicaba que su edad era de 19 años. Fue enviado al Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, internado como si fuera un adulto, un “indocumentado”. Allí intentó que el juez de control reconociera su condición de menor. Aportó su acta de nacimiento, pero se le volvió a realizar una prueba de determinación de la edad. En este caso, la radiografía fue de su mandíbula, pero el informe no fue claro y se archivó su queja.

Allí pasó dos meses, el máximo permitido por la ley, pero no fue expulsado del país. "La Cruz Roja me llevó a un hostal en Vallecas, donde pasé cuatro meses. Era un hostal donde había más migrantes, todos adultos, pero las condiciones no eran buenas, no había mucha comida, si llegaba tarde de las clases de español me quedaba sin cenar hasta el día siguiente. No me daban ropa ni zapatillas. Allí sólo se podía dormir”, explica Ibrahim en la sede de la Fundación Raíces, una organización de apoyo social a adolescentes y jóvenes en situación de desigualdad o riesgo de exclusión social, entre ellos, los menores extranjeros no acompañados (menas) como Ibrahim. Del hostal de Vallecas pasó a un piso tutelado en Vistalegre, compartido con otros compañeros, todos adultos.

"No tengo pasaporte, no tengo tarjeta sanitaria, no puedo trabajar ni estudiar y me voy a quedar así"

Durante ese periodo volvió a intentar probar que era menor. Su embajada tramitó su documentación, enviada por un familiar, incluida su acta de nacimiento original. Fue entonces cuando pudo acceder a los servicios de protección de menores y a estar bajo tutela de la Comunidad de Madrid, pero sólo le duró dos meses. La Fiscalía volvió a citarle para comparecer y, sin asistencia letrada, le declararon de nuevo mayor de edad.

Las pruebas radiológicas para determinar la edad de los menores extranjeros que llegan a España son quizás las menos intrusivas, aunque según denuncia Raíces, a diario se realizan pruebas “inapropiadas para menores” como “desnudos integrales para estudiar los caracteres sexuales”, procedimientos que, a veces, convierten a niñas en mujeres porque tienen el pecho desarrollado.

“Ahora tengo 17 años, pero la Fiscalía dice que soy adulto, así que me echaron del centro de menores”, recuerda Ibrahim. “Creo que a la Fiscalía no le interesa nuestro problema y que nos discrimina por ser de color negro. No tengo pasaporte, no tengo tarjeta sanitaria, no puedo trabajar ni estudiar y me voy a quedar así”, lamenta el joven. No tiene ninguna duda: “Este problema con la Fiscalía ha sido lo peor que me ha pasado desde que llegué a España. Si ellos hubieran dicho que soy menor no tendría que pasar por todo esto”, se queja.

Más de 700 casos

En España hay actualmente 6.248 menas, según datos del Gobierno. Pero esos son sólo los tutelados. Muchos prefieren vivir en la calle, lejos de los centros de acogida saturados y donde, en ocasiones, sufren malos tratos o se les coloca en aislamiento, denuncia Raíces. Tampoco entran en esa cifra los niños como Ibrahim, que son convertidos por decreto de un fiscal en mayores de edad.

Esta Fundación ha atendido desde 2006 a más de 700 menores extranjeros en esta situación, un “limbo jurídico y social”, critica Lourdes Reyzábal, presidenta de Raíces, que explica que ni tienen reconocidos sus derechos como niños ni pueden ejercer sus derechos como mayores de edad. La organización pide que esta labor pase a depender de jueces y no de la Fiscalía porque, contra esos decretos, los menores no tienen derecho a una tutela judicial efectiva, no pueden recurrir directamente ni son revisables en la práctica.

El Gobierno no es ajeno a esta problemática ante la que el Defensor del Pueblo y el Comité de Derechos del Niño de la ONU han mostrado su preocupación por estos procedimientos. “Vulneran sus derechos y les dejan en una situación de indefensión y extrema vulnerabilidad”, afirma Reyzábal, que también recuerda que este protocolo va en contra de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que en repetidas ocasiones ha sentenciado que los documentos de identidad de los menores deben prevalecer ante unas pruebas que, además, tiene un margen de error amplio. “Llevamos años exigiendo al Gobierno que cumpla la ley pero se sigue aplicando este protocolo”, asegura.

Ni niños ni adultos

“El decreto del fiscal sólo tiene efecto para expulsarles del sistema de protección de menores pero no les identifica como adultos”, explica. No pueden trabajar ni alquilar una habitación, describe Reyzábal, que contrapone la otra dramática cara del problema: “Al mismo tiempo, su documentación dice que son menores, por lo que todas las Administraciones Públicas (menos las entidades de tutela de las Comunidades Autónomas), les piden autorización de su tutor legal para ejercer cualquier derecho como ir al colegio o, incluso, solicitar asilo en España”, sentencia.

Eso es lo que le ocurre a Saida, una adolescente que, con 16 años, huyó de Camerún, donde era víctima de agresiones y de un intento de matrimonio forzoso. Ella huyó en avión y, en el aeropuerto de Barajas, se la identificó como menor en desamparo, solicitante de asilo y se la derivó a un centro de primera acogida de Madrid.

El de Saida es el único caso en el que las pruebas dicen que es menor y el fiscal decreta que es mayor

Su caso es el más sangrante de todos los que han llegado a la fundación. “Es la primera vez que las pruebas óseas dicen que es menor y, aun así, el fiscal decreta su mayoría de edad”, señala Elena Rodilla, abogada de Raíces y encargada del caso de Saida. Radiografías de la muñeca y de la boca determinaban que Saida tenía 17 años, pero también fue sometida a un desnudo integral ante el forense para una exploración de sus genitales.

Determinó que el desarrollo de sus glándulas mamarias indicaba que era mayor de edad. “Hemos intentado varias vías y estrategias jurídicas pero el decreto no se puede recurrir directamente, los plazos son muy largos y la chica está pasando por este proceso totalmente desprotegida”, expone la letrada. La última vía que han intentado es un recurso ante el Tribunal Constitucional por dilación indebida y vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva.

La fundación ha documentado varios casos como estos y ha remitido nueve de ellos ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU. En siete de ellos, el Comité ha ordenado medidas cautelares para estos menores mientras se estudia el caso, aunque España no las está aplicando, afirma Rodilla.