El Ministerio del Interior reconoce que al menos 89 menores migrantes fueron encerrados en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) durante el 2018, casi el doble que durante el 2017, cuando se contabilizaron 49 menores internados. Un aumento "alarmante", según ha denunciado este jueves el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) en la presentación de su informe anual sobre la situación en estos centros opacos donde acaban miles de migrantes por un periodo máximo de 60 días, a espera de ser devueltos a su país de origen. Algo que, en la mayor parte de los casos, nunca se produce.

La cifra de menores internados es una de las más preocupantes, ya que la propia normativa de estos centros impide expresamente que acaben allí. "No podrá acordarse el ingreso de menores en los centros de internamiento. Los menores extranjeros no acompañados que se encuentren en España serán puestos a disposición de las entidades públicas de protección de menores", asegura el propio ministerio del Interior. Sin embargo, la decisión depende del Juez de Instrucción competente, que en muchos casos carece de referencias o documentos que prueben la edad de los menores. Sin embargo, especifica el informe, tras la diferentes visitas a más de 800 internados en los CIE de Madrid-Aluche, Barcelona-Zona Franca, Valencia-Zapadores, Algeciras-La Piñera y Tarifa-Isla de las Palomas, identificaron a 93 probables menores. En concreto, detectaron 20 posibles menores en el CIE de Aluche, 42 en el de Barcelona, 16 en el valenciano y 15 en el de Algeciras.

Sin embargo, aunque estos menores migrantes deberían pasar a estar bajo tutela de las Comunidades Autónomas, en algunos casos acaban siendo expulsados a pesar de contar con documentación que acredita su edad. Es el caso, por ejemplo, del menor que fue devuelto a Marruecos desde el CIE de Murcia el pasado septiembre sin practicarle pruebas de determinación de la edad y a pesar de que una ONG había conseguido documentos de identidad que demostraban que era menor. Estas situaciones siguen produciéndose en 2019, como prueba la reciente denuncia de la Plataforma CIE NO, que detalla que un menor argelino lleva más de un mes internado en el CIE de Valencia. El juez de instrucción decretó su internamiento en el CIE "sin que se le practicaran las pruebas médicas preceptivas para determinar su edad", sostiene la plataforma, que ha pedido a la Fiscalía de Menores que actúe para evitar su devolución.

Al SJM le preocupa, por un lado, "la falta de detección temprana de personas con perfiles de especial vulnerabilidad", como los menores, solicitantes de asilo o personas enfermas; y por otra parte, "el trato discriminatorio dispensado a las personas de nacionalidad argelina o marroquí, detenidas en comisarías, mientras que se deriva a dispositivos de atención humanitaria y custodia a las de origen subsahariano o asiático". Para la organización,  "las plazas de acogida humanitaria deben destinarse a personas en situación de vulnerabilidad con independencia de su nacionalidad".

Más magrebíes que subsaharianos

En esta edición del informe, el SJM ha puesto el foco sobre "la discriminación de origen" sufrida por las personas internadas en los CIE durante 2018. Una circunstancia que viene marcada por la mayor facilidad para repatriar a los migrantes irregulares provenientes de Marruecos y Argelia. Estas nacionalidades acaparan dos tercios del total 7.855 migrantes que pasaron por un CIE en 2018 y, según la organización jesuita, se debe a los acuerdos bilaterales de repatriación entre ambos países y España, acuerdos que no funcionan con tanta efectividad en países subsaharianos.

Este cambio en la política de internamientos y expulsiones de migrantes en situación irregular ha llegado con el Gobierno de Pedro Sánchez en el año que ha batido todos lo récords históricos de llegadas de migrantes, tanto en patera como a través de las vallas de Ceuta y Melilla. Más de 64.000 personas llegaron a España de forma irregular el pasado año, cuando nuestro país se convirtió en el principal puerto de entrada de migrantes tras el bloqueo de los puertos italianos y el cerrojazo en la ruta Turquía-Grecia, que ahora vuelve a repuntar.

Pero al mismo tiempo que aumentaban las entrada irregulares, el Gobierno ha engrasado la maquinaria de las deportaciones y expulsiones de gran parte de los recién llegados y ha priorizado el internamiento de marroquíes y argelinos. Los casi 8.000 migrantes internados procedían de 90 países distintos, pero la organización destaca los 2.801 internos de Marruecos (35,66%) y los 2.511 de Argelia (31,99%). Si el pasado año el informe denunció el "sufrimiento inútil" de miles de subsaharianos encerrados durante más de 25 días de media en estos centros "a pesar de la certeza de que no iban a ser devueltas por las dificultades de identificación y de que fueran readmitidas por los Estados de los que se decían ser nacionales", en 2018 critica la discriminación.

A la organización le resulta también "muy llamativa" la concentración de internamientos por dos motivos". A logrado obtener cifras de 5.502 internamientos por expedientes de devolución por entrada ilegal en patera —70% del total— y 1.246 por expedientes de expulsión por estancia irregular —15,86%—.

Récord de expulsiones y devoluciones

Número de salidas de CIE por tipo de causa en 2018.- SJM / MINISTERIO DEL INTERIOR

El informe también subraya que sigue habiendo un porcentaje "nada desdeñable" de puestas en libertad antes de finalizar el plazo por imposibilidad de
documentar el país de origen, más de un 30,24%, aunque el número de expulsiones y devoluciones ejecutadas ha aumentado fruto de esta nueva estrategia de Interior de primar los internamientos de magrebíes. En concreto, en 2018 hubo 3.600 expulsiones y devoluciones por entrada ilegal ejecutadas con éxito desde los CIE, es decir, un 45,83% de las personas internadas.