La calle “Extensión Agraria” del pueblo valenciano de Massalavés continuará llamándose así, en relación con la institución franquista. Y ello a pesar de haberse aprobado hace ocho años el cambio de nomenclatura para pasar a ser la calle del Diputado Antonio Bisbal Iborra, quien fue alcalde de la localidad durante la época republicana y diputado firmante de la Constitución de 1978. La instalación de la placa conmemorativa en diciembre de 2018 habría suscitado una petición vecinal para retirar el nuevo nombre y reponer el anterior. El ayuntamiento, con el PP a la cabeza, ha llevado a pleno la restitución, que ha salido adelante.

Fue en abril de 2011, en el último pleno extraordinario de aquella legislatura, que el consistorio aprobó la modificación de la denominación de la vía. El PSPV perdió la alcaldía en las elecciones celebradas unos días más tarde pero, según detalla la actual concejal socialista Laura González, durante todos estos años se ha ido recordando en sesiones plenarias la obligación del ayuntamiento en hacer efectivo el cambio de nomenclatura y notificarlo a los vecinos. Relata González que el equipo de gobierno liderado por el alcalde Gregorio Andreu ha hecho caso omiso a los requerimientos verbales y ni tan siquiera procedió a la notificación vecinal en los días previos a la instalación de la placa, que fue solicitada por escrito un mes y medio antes.

Cuatro meses después de aquella “inauguración” de la calle (las placas anteriores no se habían retirado, tan solo se colocó una placa conmemorativa), a la cual el alcalde no asistió, el PP introdujo un punto en el pleno del pasado 26 de marzo para tratar la cuestión. El ayuntamiento informaba que había recibido una instancia presentada por los vecinos pidiendo devolver a la calle el nombre anterior. Desde el consistorio apuntan que, de las 25 viviendas que componen la vía, 21 suscribieron el documento a favor de la modificación. El equipo de gobierno municipal instó a votar en relación con la demanda. Votan a favor PP y un concejal no adscrito, y Compromís se abstiene. Los socialistas no se presentan y argumentan por escrito que el punto que trata la cuestión debe anularse o, en todo caso, dejarlo pendiente para que sean los nuevos representantes de la futura legislatura los encargados de decidir. Moción aprobada.

En llamada telefónica al ayuntamiento de Massalavés, el PP sostiene que su papel ha sido el de escuchar al pueblo y dejar votar en libertad. El equipo de gobierno recrimina al PSPV que cuando gobernaban había seis calles en proyecto y no se puso el nombre hasta la última sesión plenaria. Así mismo, entienden la preocupación de los vecinos por las “molestias” en la modificación del nomenclátor y subrayan que no tiene nada que ver con estar a favor o en contra del diputado socialista al cual se dedicaba la vía.

Para el PP local, “la memoria histórica es muy amplia y no sabemos dónde empieza y dónde acaba”. Y concluyen que no entienden que el servicio de “Extensión Agraria” pueda considerarse una exaltación al franquismo. De hecho, durante el pleno en que se votó la reposición de “Extensión Agraria”, se aludió a textos académicos con la intención de justificar esta institución sin aportar, eso sí, la carga ideológica y de control de la población rural que tuvo en el franquismo, muy diferente del uso que se hizo de ella en otras etapas.

Cabe recordar que las asociaciones memorialistas valencianas han denunciado en reiteradas ocasiones la exhibición en la iglesia de Massalavés de una “cruz de los caídos” que se encuentra, por cierto, a muy pocos metros del domicilio de Antonio Bisbal Iborra.

Un caso a estudiar

Consultada sobre la cuestión, la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas recuerda que la Ley autonómica de Memoria Democrática y para la Convivencia desarrolla en su artículo 39 los símbolos, vestigios y actos contrarios a la memoria democrática, entre ellos, por descontado, el nomenclátor de calles. Se consideran como tales y contrarios a la dignidad de las víctimas los elementos en conmemoración, exaltación o enaltecimiento individual o colectivo de la revuelta militar de 1936 y del franquismo, de sus dirigentes o de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial.

Como recuerdan desde la Oficina de Atención a las Víctimas de la Guerra Civil y el franquismo de la Diputación de València, la misma ley autonómica, aprobada en 2017, incorpora un régimen sancionador que deberá ser vehiculado por el futuro Institut Valencià de Memòria Democràtica, un instrumento que ya tiene aprobados sus estatutos desde el pasado mes de enero y ha constituido su Consejo Rector. A falta del nombramiento de la dirección general y su puesta en marcha, la Conselleria subraya que, mientras tanto, se puede actuar igualmente elevando los casos a la Comisión Técnica de Coordinación y al Comité Técnico de Expertos, que son los grupos de trabajo constituidos para la valoración de la retirada de estos vestigios. La Conselleria asegura que en la pròxima reunión se incluirá el caso de Massalavés.

El futuro instituto podrá incoar de oficio el procedimiento para la retirada de estos elementos y constituir una comisión técnica dependiente del instituto para la determinación de los elementos contrarios a la memoria democrática que no hayan sido retirados o eliminados voluntariamente.

Alicante: reposición gracias al PP

El caso de Massalavés recuerda otras ocasiones en que el PP ha dificultado el cambio de la nomenclatura franquista en el callejero. Sin salir de territorio valenciano, quizás la imagen más icónica de esta problemática se vio en la ciudad de Alicante durante esta legislatura: los operarios reponían literalmente las placas con los nombres franquistas después de una orden judicial a partir de una denuncia presentada por el PP por presuntos errores en el procedimiento administrativo.

El cambio de nomenclátor en Alicante se ha extendido alrededor de dos años con acuerdos plenarios y procesos participativos paralelos. El verano pasado, el gobierno municipal del PP rompió a última hora el consenso que se había conseguido para la nueva intentona después de la reposición de las placas franquistas, donde ya se habían aceptado muchas rebajas.

El nuevo listado con los cambios de nombre de las calles modificado por el equipo de gobierno del PP encabezado por Luis Barcala priorizó las demandas de miembros concretos de las juntas de distrito por encima de las propuestas que se habían recogido en el proceso participativo originario por parte de colectivos feministas, asociaciones vecinales o grupos por la memoria histórica.