“El informe que hoy entrego a conocimiento público esclarece la verdad (…) Nadie, de buena fe, podría desconocerla. No digo que sea una verdad ‘oficial’. El Estado no tiene derecho a ‘imponer’ una verdad. Pero, convencido de ella, llamo a todos mis compatriotas a asumirla y a actuar en consecuencia. Compartida por todos, esa verdad, por cruel y dolorosa que sea, removerá un motivo de disputa y división entre los chilenos”.

Era marzo de 1991 y en el palacio de La Moneda resonaba el discurso del primer presidente de la democracia chilena, Patricio Aylwin. Había pasado justo un año desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet, y el mandatario entregaba los resultados de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Tras nueve meses de investigación, el documento cifró en 2.279 las personas que perdieron la vida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

A Aylwin le perturbaba que la verdad y la justicia quedaran sin respuesta. Tomando como modelo las experiencias de Argentina y Uruguay, el entonces presidente planteó la creación de una comisión, que en un primer momento fue observada con reticencia por sus asesores. Así lo explica el periodista Ascanio Cavallo en su libro Historia oculta de la transición' 

El ministro de Defensa de la época prometió a las Fuerzas Armadas que la Comisión, llamada también Rettig por el abogado que la encabezó, no era una iniciativa en su contra, sino “una necesidad para la reconciliación del país”. Cuando Pinochet, que entonces ejercía como comandante jefe del Ejército, supo de la iniciativa, pidió una audiencia para ese mismo día con el presidente, que no lo recibió personalmente hasta 15 días después. Preocupado y molesto, el dictador planteó que no convenía remover las cosas del pasado. Sin embargo, pese a las discrepancias de la plana mayor castrense, la propuesta siguió adelante. La brutalidad de la represión que retrató hizo tomar conciencia de la magnitud de las violaciones a los derechos humanos, organizadas bajo una política sistemática de exterminio, tortura y exilio de los aparatos del Estado.

En Chile se ha avanzado más en verdad y justicia que en España. Quién sabe si dentro de unos años leeremos relatos sobre la creación de la Comisión de la Verdad impulsada por Pedro Sánchez. Textos que quizás reproducirán las palabras del presidente español durante su gira por América Latina: “Tenemos que constituir una Comisión de la Verdad para acordar una versión de país de lo que ocurrió durante la Guerra Civil y la dictadura franquista".

82 años después del inicio de la contienda –España es el país que más tiempo ha dejado pasar de los que han llevado a cabo procesos similares– el país se enfrentará al desafío de llegar a una conclusión definitiva sobre lo ocurrido. Lo hará sin datos oficiales, sin registros de las víctimas ni protagonistas de la guerra. La mayoría han muerto.

Está por ver si la Comisión se limitará a relatar los hechos, como parece que quiere Sánchez –dijo que fuera "lo más plural posible, y que estén incorporadas todas las perspectivas históricas"–, o si irá un poco más allá e instará también a la reparación. Así ocurrió en Chile: “Las sugerencias sobre reparación moral y material que formula el informe son compartidas por todos los sectores. Por eso es que me atrevo, en mi calidad de presidente de la Primera República, a asumir la representación de la nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas. También, pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden, y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos, que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para aminorarlo”, dijo Patricio Aylwin en su discurso en 1991.

Las carencias de la Comisión Rettig, que se ciñó solo a los casos de ejecutados y desaparecidos, fueron cubiertas más tarde por la Comisión de Prisión Política y Tortura Valech (2004) y Valech II (2006), donde se registraron a las víctimas torturadas y encarceladas entre 1973 y 1990. En total, Chile levantó tres comisiones de la verdad.

Transición y pactos

Es difícil creer del todo en las intenciones de Pedro Sánchez cuando desde su propio partido han enmendado la Ley de Secretos Oficiales que se está tramitando en el Congreso para ampliar los plazos que permitirían conocer la verdad sobre algunos episodios de la dictadura y la transición, como el 23F.

De poco servirán las medidas anunciadas si se produce un avance sólo a medias. Lo demuestra el caso chileno. Los informes de las comisiones Valech y Valech II recogen los testimonios de presos políticos y militares bajo un secreto de 50 años, por lo que hasta 2053 no podrá darse a conocer la información. Los secretos del régimen pinochetista sólo podrán revelarse cuando todos los principales implicados ya estén muertos. En 2017, el gobierno de Michelle Bachelet anunció un proyecto de ley para levantar el secreto de los antecedentes, pero finalmente sus intenciones quedaron en nada.

También siguen desconocidos los paraderos de miles de víctimas. De los más de 3.000 detenidos y desaparecidos, sólo se han encontrado los restos de 125. “Hay pactos de silencio, hay gente que sabe y que no dice. Hay 165 condenados por crímenes de lesa humanidad que jamás han dicho una palabra que ayude a encontrar esos desaparecidos”, cuenta a Público la ex directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Lorena Fríes.

Pactos y secretos que imitaron el modelo de la transición española, seguida con mucho interés por políticos e intelectuales chilenos. “La élite política que tramó la transición chilena tuvo en mente el modelo de la transición española porque quería impunidad. Si no hubiese sido por los movimientos sociales y partidos políticos comprometidos con la justicia, la lucha contra la impunidad no habría existido”, dice el diputado del Partido Comunista Hugo Gutiérrez, impulsor de la primera querella contra Pinochet por violación de los derechos humanos en 1998.

Hasta la segunda mitad de la década de los 90, la Ley de Amnistía chilena (1978) fue uno de los principales obstáculos para la investigación de los crímenes cometidos durante el régimen. Como ocurre hasta hoy en España. Sin embargo, Gutiérrez, abogado de profesión y muy crítico con los comunistas españoles por su papel durante la transición, logró burlar la normativa que daba carta blanca a los implicados en actos delictivos cometidos entre 1973 y el 1978. A través de la figura del “secuestro permanente” rebasó los márgenes temporales cubiertos por la ley.

El relato de la historia

Pedro Sánchez quedó “impactado” después de su visita improvisada al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, ubicado en pleno centro de Santiago. Inaugurado por Bachelet en 2010, exhibe todo tipo de documentos para explicar el golpe de Estado contra Salvador Allende y los posteriores años de represión. Uno de los espacios más conmovedores, destinado al recogimiento y la reflexión, es el mural que ocupa varias plantas del museo en las que aparecen fotografías de los desaparecidos y las víctimas de la persecución. Allí Pedro Sánchez estuvo sentado durante un rato. Quizás sintió envidia por el reconocimiento que los chilenos han sabido hacer a sus muertos.

Después de la cita, anunció la renuncia a transformar el Valle de los Caídos en un centro de memoria. Ahora apuesta por transformarlo en un cementerio civil. Aunque los colectivos en defensa de la memoria histórica no entienden el cambio de postura, Sánchez ha decidido instalar en otro lugar el museo de la memoria. “Es clave que haya un impulso del Estado en los temas de memoria histórica, es necesario en un país que no quiere volver a vivir eso. No se puede sustituir la justicia en aras de una estabilidad democrática”, opina Lorena Fríes.

Hace dos semanas, salieron a la luz unas polémicas declaraciones del ex ministro de Cultura chileno, Mauricio Rojas, en las que calificaba al Museo de "montaje”. Sus dichos provocaron una ola de indignación que le obligó a dimitir, solo cuatro días después de ser designado para el cargo. “Su velocísimo paso por el gobierno se debió a una impecable operación de descrédito y calumnias de izquierda que yo creía, ingenuo de mí, reformada y democrática”, escribió este sábado Mario Vargas Llosa, en defensa del ministro.

El episodio abrió de nuevo el debate sobre la batalla por el relato de la historia, otro de los retos que tendrá que enfrentar España si avanzan las propuestas de Pedro Sánchez.

“Hay muchas narrativas que se pueden hacer de la historia. No hay una sola memoria, sino distintas interpretaciones que están en lucha permanentemente. Pero las sociedades y estados han acordado que cuando se trata de violaciones de derechos humanos hay un relato, que es el de las víctimas de los agentes del Estado, que debe estar en estos espacios”, señala la ex directora del INDH.

Hugo Gutiérrez coincide con ella en la importancia del relato: “Es una de las disputas más relevantes porque se trata de quién escribe la historia”, dice. Y concluye: “En España la historia la construyó el vencedor. En Chile, en cambio, los que se dicen vencedores no entienden por qué, si vencieron, el relato lo escriben las víctimas”.