Este viernes ha empezado a andar el Organisme de Protecció i Promoció de la Igualtat de Tracte i la No-discriminació, la oficina de la Generalitat que luchará contra el machismo, el racismo, la LGTBIfobia y todos los tipos de discriminación que recoge la ley 19/2020. Hablamos con su directora, Manuela Fernández, que detalla que trabajarán para dejar de normalizar situaciones de violencia en cualquier ámbito, también en la Administración: "Tenemos la responsabilidad de acabar con la violencia institucional que las propias instituciones promovemos".

El nuevo organismo, que depende del Departament de Igualtat i Feminismes, se ha presentado este viernes en el Palau de la Generalitat en un acto con la participación de la consellera, Tània Verge, la secretaria de Igualtat, Mireia Mata, y la nueva directora, Manuela Fernández.

En una conversación telemática con Público, Fernández remarca que el ente "liderará la puesta en marcha, la implementación y el despliegue" de la ley de igualdad de trato y no discriminación, aprobada en diciembre de 2020 y que engloba una diversidad de formas de discriminación, entre ellas la xenofobia, las múltiples manifestaciones de racismo, como el antigitanismo y el antisemitismo, la LGTBIfobia, la misoginia, la islamofobia, la aporofobia y también discriminación por motivos vinculados a la diversidad funcional o al estado serológico, entre otros.

La oficina será el "motor" de la implementación de una ley que es "pionera" al reconocer razones discriminatorias como el antigitanismo, destaca Fernández. También recoge las cuestiones vinculadas a lo físico, como la gordofobia o la presión estética. "La cuestión no es sólo denunciarlo, sino trabajar para darle la vuelta", afirma. En ello se enmarca la investigación anunciada el pasado 8 de marzo contra una cadena de ropa que sólo vende una talla única correspondiente a las tallas S y XS. "Discrimina la diversidad de cuerpos y abrir una investigación, al margen de que se sancione o no, ya tiene un impacto", señala la nueva directora.

Más allá de las sanciones

Actualmente esta investigación está en fase de diligencias previas y es "probable" que se abra un expediente sancionador. Aunque la labor del organismo "irá más allá" de la parte sancionadora, la ley prevé sanciones leves, graves y muy graves. Fernández pone énfasis en la mediación para ir erradicando progresivamente discriminaciones normalizadas en la sociedad y afirma que el objetivo de muchas víctimas al denunciar es que aquella situación "no le vuelva a pasar a nadie". "No queremos reducirlo a un tema de sanciones. El hecho de abrir una mediación puede tener un efecto multiplicador", apunta.

El objetivo de la oficina será "proteger y atender" a las personas que hayan sufrido discriminación, incluyendo su reparación, que pasa por el apoyo y asesoramiento jurídico si es necesario. El organismo actuará a nivel administrativo e investigará hechos ocurridos en cualquier ámbito público y privado, incluyendo las actuaciones de las instituciones: "Es una ley para todos", recuerda Fernández. El nuevo ente también liderará la elaboración del Plan de Igualdad de Trato y la No discriminación, que será interdepartamental.

Cualquier persona podrá denunciar, aunque no sea la que haya sufrido la discriminación, y el organismo podrá también actuar de oficio. Esto puede ser útil en el caso de víctimas que sientan que "no tienen legitimidad, no se sientan seguras o tengan miedo a represalias", como por ejemplo personas en situación administrativa irregular. "Hay muchas personas que no confían en las instituciones y esto es una barrera", reconoce Fernández.

Por eso el organismo también está impulsando formaciones, tanto a la ciudadanía como a las instituciones, para facilitar la detección de situaciones susceptibles de ser denunciadas. "Hay discriminaciones estructurales y sistémicas y queremos que sirva para revisar estos circuitos que a veces son aparentemente neutros pero que, en el fondo, son discriminatorios".

Trabajo conjunto con la Fiscalía de delitos de odio

En un momento en el que los delitos de odio se han multiplicado, Fernández destaca que trabajarán en coordinación con la Fiscalía de delitos de odio, que ya participó de forma activa en la elaboración de la ley, al igual que con el Departament de Interior y los Mossos d'Esquadra. La directora señala que la ley contra la LGTBIfobia "ha generado un ejemplo" y ha ayudado a que más personas denuncien. "Queremos extender esta práctica también a otros colectivos", sostiene.

Se dedicarán también a la prevención de los discursos de odio, incluso en las redes. "Tenemos interiorizadas situaciones que creemos que son normales, pero no lo son, es violencia. Debemos dejar de normalizarlas y empezar a normalizar el ejercicio de derechos", concluye Fernández.