Entrevista a Manuel Rico"Los protocolos de las residencias durante la covid son la mayor violación de derechos en democracia"

Manuel Rico (1967) es un periodista y escritor gallego nacido en El Bierzo. Durante su carrera ha trabajado en grandes cabeceras nacionales como El Mundo, Interviú e InfoLibre. También fue miembro fundador, subdirector y jefe de política en Público. Ahora es corresponsal en España de Investigate Europe. 

En 2021, publicó el libro Vergüenza, el escándalo de las residencias y recibió el premio de la Asociación de la Prensa de Madrid al Periodista Especializado y el José Couso de libertad de prensa. Desde entonces, se ha volcado en esclarecer lo ocurrido durante la primera ola de la covid en las residencias y apoyar a las familias de las víctimas. De hecho, a su cargo se hizo público el documento que prueba que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso fijó "criterios de exclusión" para no trasladar a enfermos desde los geriátricos a los hospitales.

Asimismo, ha participado en la Comisión Ciudadana por la Verdad impulsada por Marea de Residencias y Verdad y Justicia, y constituida por expertos para investigar por qué miles de mayores murieron en los centros de mayores sin recibir atención médica.

En esta entrevista, Rico destapa algunas de las "mentiras" del Gobierno de la Comunidad de Madrid y señala qué alternativas existieron, pero no se aplicaron, para asistir a los residentes que, finalmente, fallecieron.

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Como periodista, ha decidido luchar por una causa, la de las muertes en las residencias durante la covid. ¿Cree que se hará justicia?

Pronosticar el futuro es siempre lo más complicado y yo creo que los periodistas, en general, tenemos suficiente con intentar explicar el propio presente y el pasado. Yo lo que sé es que todas las víctimas y sus familiares merecen que se haga justicia. Y lo que sé también es que la lucha que tienen para que se conozca la verdad y que se haga justicia es una de las más dignas que hay en este momento en España.

Una de las que merece, sin ninguna duda, el respaldo de los ciudadanos que tengan un mínimo de sentimientos, de ética y de empatía con lo que ocurrió; y lo que ocurrió es que más de 12.000 personas solo en la primera ola murieron en residencias sin recibir atención hospitalaria.

Básicamente, la comunidad donde más fallecidos hubo fue en Madrid, pero también hubo unas cifras completamente escandalosas en Catalunya, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Por lo que la petición de justicia debería ser una petición de toda la sociedad. Si se va a hacer o no, depende de muchas circunstancias. De momento, no se ha hecho, y se han hecho muchas cosas mal en el ámbito judicial.

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Esta tragedia, el fallecimiento de miles de personas en todas las comunidades... ¿Cree que se vivió de manera más sangrante en la región que gobierna Isabel Díaz Ayuso?

Desde el poder político, sobre todo en la Comunidad de Madrid, muchas veces se intentan deslegitimar las críticas diciendo que solo se critica a la capital. Esto, primero, no es verdad. Obviamente, hay que investigar lo que ocurrió en todas las residencias de España. De hecho, uno de las principales fallos del modelo de nuestro sistema democrático es que esa investigación no se había hecho de oficio por parte de la Fiscalía. Por lo tanto, habría que llevar a cabo una investigación en absolutamente todas las residencias de España donde haya habido fallecidos.

Segundo, es verdad que Madrid tiene unas circunstancias especiales: es la comunidad donde más personas murieron sin recibir atención hospitalaria, 7.291 solo entre marzo y abril. Pero, además, hubo tres circunstancias que, combinadas, hacen que la situación haya sido especialmente grave. Son el protocolo tan bárbaro que se aprobó para no derivar a los hospitales a la mayoría de residentes, la no medicalización de las residencias y la no utilización de medios alternativos que estaban al alcance y no se utilizaron.

Esas tres circunstancias se producen en Madrid, pero, insisto, en Catalunya y en las dos Castillas también se produjeron circunstancias absolutamente escandalosas y dignas de investigación. Y, en otros puntos de España, por ejemplo, en Alcoy, hubo una residencia donde fallecieron más de 70 personas. Por supuesto que debería haberse investigado, y no solo en el ámbito judicial, sino el del ámbito político.

La Fiscalía tenía que haberlo hecho de oficio. No lo ha hecho, pero hay que reclamar la investigación en todas y, luego, en cada caso, en cada comunidad, hay que ver en qué circunstancias que se produjeron. Las de Madrid son especialmente graves.

Ha mencionado tres factores que vamos a ir desgranando. Quería empezar por los protocolos: ¿quién los aprueba y con qué objetivo?

Primero, el protocolo impide en la práctica derivar a los hospitales para que reciban tratamiento médico a aquellas personas que tenían una dependencia física alta, por ejemplo, que iban en silla de ruedas, o que tenían un deterioro cognitivo alto. Lo primero que tenemos que saber es que en las residencias la inmensa mayoría de las personas entran en una de estas dos categorías, sobre todo en la del deterioro cognitivo, pero son personas dependientes. Por lo tanto, era un protocolo que afectaba a la inmensa mayoría de los residentes, como luego, por desgracia, se demostró con las cifras de fallecimientos.

¿Quién lo aprueba? Se aprueba el 18 de marzo de 2020. Luego hay otras tres versiones que salen el 20, 24 y 25 de marzo. Las cuatro están firmadas por quien era director de coordinación sociosanitaria en aquel momento del Gobierno de Ayuso, que es Carlos Mur. Esto lo reconoció él mismo en la comisión que estuvo funcionando, durante muy poco tiempo, pero que estuvo funcionando inicialmente en la Asamblea de Madrid y, por lo tanto, no hay ninguna duda de quién lo firma.

Obviamente, no es una ocurrencia de Mur. Él tenía como jefe a una viceconsejera y a un consejero, y en la cadena, al final, estaba la presidenta del Gobierno de Madrid. Imagino que ese protocolo no se habrá aprobado sin su conocimiento y sin su consentimiento.

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Es verdad que el Gobierno de Madrid intentó mentir reiteradamente sobre el protocolo. Un día después de que InfoLibre lo publicase, Ayuso se presentó en la Asamblea y dijo que era un borrador. Es decir, mintió conscientemente. Esa mentira, que tanto ella como sus consejeros y sus servidores mediáticos mantuvieron durante meses, cayó por su propio peso cuando, aparte de los documentos que están ahí, el propio firmante del protocolo admitió que lo había firmado.

La intención, que era lo otro que preguntabas... Bueno, eso tienen que responderlo quienes lo firmaron y quienes estuvieron en las reuniones donde se decidió su aprobación. Yo no puedo leer la intención de nadie. Tiene que ser Mur, tienen que ser el resto de personas que lo aprobaron, quienes lo digan. Yo lo que puedo saber, como cualquier ciudadano que tenga interés en informarse, es cuáles fueron las consecuencias de ese protocolo que, combinados con los otros factores, supusieron la mayor violación de derechos humanos en democracia.

Ha mencionado antes a Isabel Díaz Ayuso. Justamente este martes hizo unas declaraciones. Le preguntaron por este asunto, en concreto, por el tribunal ciudadano que se ha constituido para investigar los fallecimientos en las residencias y ella rápidamente contestó que "cuándo iban a dejar de acosarla con las muertes indignas".

Ayuso ayer [por el martes] se presentó como víctima de un acoso. Además, dio a entender que su Gobierno no había hecho nada malo y, lo más grave, que había familiares que le habían dicho que era correcto no haber enviado a los residentes al hospital. Yo no sé a cuántos familiares de víctimas conoce Ayuso. Y yo solo hablo de las cosas que conozco y de los hechos. Entonces, yo no sé si hay algún familiar que le ha dicho Ayuso que era correcto o que no quería que su ser querido recibirse atención hospitalaria.

Yo lo que sí que sé es que hay tres hechos que están ahí y que son absolutamente innegables. Primero, en Madrid hay tres asociaciones de familiares de residentes: Pladigmare, Marea de Residencias y Verdad y Justicia. Ayuso no ha recibido a ninguna de las tres en estos tres años. Si Ayuso está tan convencida de que ha hecho correctamente todo lo que debía durante la primera ola de la pandemia, es incomprensible que no se lo explique directamente a la cara a esas tres asociaciones, que llevan tres años pidiendo conocer la verdad y que se haga justicia.

No es aceptable en un sistema democrático que no se tenga un mínimo de empatía con las asociaciones de víctimas. Están ahí localizadas, estoy seguro que Ayuso o su equipo son capaces de localizar el teléfono, las redes sociales y ponerse en contacto con ellas. Yo creo que debe hacerlo urgentemente porque es una mínima sensibilidad democrática; ese es el primer hecho: tres años y no ha recibido a ninguna de las tres asociaciones.

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Segundo: si ha hecho todo bien, ¿por qué el PP se opuso al principio y en cuanto tuvo la mayoría suficiente cerró la comisión de investigación que había en la Asamblea? No se entiende, ¿no? Quiero decir, si tú has hecho todo correctamente, la primera interesada en que se conozca la verdad debería ser la propia Ayuso, y la mejor forma de que se conozca la verdad en el ámbito político y el judicial.

Y, tercero, Ayuso preside un Gobierno en el que, en determinados momentos, algunos consejeros han insultado directamente a los familiares de las víctimas. Por ejemplo, diciendo que ya habían superado el dolor. Esos son tres hechos, no están sometido a debate. Y, por lo tanto, respecto a las declaraciones que hizo ayer [por el martes], para mí esas son las tres cuestiones importantes.

Habrá quien se pregunte por qué sí que hubo residentes que fueron trasladados a hospitales y otros que no. ¿Qué criterio existía para poder derivar o no a estas personas que estaban enfermas?

El protocolo establece que no eran susceptibles de derivación las personas que tenían una dependencia física alta o un deterioro cognitivo alto. Es muy importante porque está por escrito y cualquier persona con mínimo de sensibilidad al leerlo, bueno, pues le impacta. Ese protocolo se aplicó, pero podía no haberse aplicado. Hay comunidades, como Castilla-La Mancha, que no tuvo protocolo, pero donde hubo una inmensa mayoría de ciudadanos que también murieron en la residencia sin recibir atención médica.

Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta este aspecto. El protocolo es brutal, pero la aplicación del protocolo que se hizo en Madrid también fue brutal. Lo que estableció el protocolo es una división entre las personas que eran derivables al hospital y las que no. Eso que se conoce como el triaje.

Esto ha sido objeto de otra manipulación constante por parte de Ayuso y el poder político y mediático de la Comunidad de Madrid. Por supuesto que si hay medios escasos y muchas personas que los demandan, es decir, si hay una escasez de recursos, una escasez de respiradores, por supuesto que hay que aplicar un triaje. El problema en Madrid es que se aplicó un triaje por domicilio postal, por el lugar donde residía la gente.

Nadie pone en duda -imagino lo dolorosa que tiene que ser esa opción para un médico- si tiene que decidir entre dos personas y solo tiene un recurso, ¿a quién le da ese recurso? Es una decisión absolutamente dolorosa. Yo creo que todos los ciudadanos tenemos empatía absoluta con los médicos y todo el personal sanitario que estuvo en aquellas fechas peleando contra la pandemia.

El problema, por mucho que intente desviarlo la Comunidad de Madrid, es que aquí se aplicó un triaje por domicilio fiscal. Si tú vivías en una residencia en la calle Monte León 20, no podías ir al hospital, de acuerdo con ese protocolo. Si vivías en el portal de al lado y estabas en las mismas circunstancias, sí. Y eso es la barbaridad.

Segundo, el triaje tiene que hacerse siempre de forma individualizada.
Es verdad que el poder político e, incluso, instancias sanitarias han dicho que siempre se aplicó de forma individual. Pero sabemos que esto no es verdad. Por ejemplo, estoy pensando ahora en un procedimiento judicial en Leganés, donde en uno de los fallecimientos se indica claramente que llamaron al hospital varias veces y ni siquiera cogían el teléfono, porque estarían desbordados.

¿Qué valoración individual se hizo a una persona a la que no coges el teléfono? Es simplemente imposible que alrededor de 20 geriatras de enlace, que eran los que tenían la decisión última, de acuerdo con el sistema que estableció el Gobierno de Ayuso, decidiesen sobre 7.291 personas de forma individual. ¿Cuánto tiempo dedicaron a analizar cada caso? ¿Un minuto? ¿Eso es una decisión médica individual: tres minutos? No hay, no dan las horas, los días. Estamos hablando de 7.291 fallecidos en, prácticamente, dos meses. Es una mentira absoluta. Hubo casos en los que seguro que hubo una valoración individual, pero otros en los que no.

En Madrid, las residencias de menos de 50 residentes no tienen la obligación de tener médico. ¿Con quién hablaron? ¿con el residente con deterioro cognitivo, que no sabe explicar su caso? No es opinión, no es subjetividad, estamos hablando única y exclusivamente de hechos y, por cierto, estamos hablando de datos siempre oficiales, facilitados por la propia Comunidad de Madrid, a través del Portal de Transparencia.

¿Se puede demostrar si en alguna otra comunidad, en algún otro territorio, aunque no fuera por escrito, existieron indicaciones de que los mayores no fueran trasladados a hospitales?

Aquí vuelvo a mencionar los escritos, los documentos, que tienen un elemento de gravedad sin ninguna duda, y lo que ocurrió. Que, obviamente, suele haber una conexión entre ambas, pero por intentar resumirlo: hubo protocolos que contribuyeron a que no se atendiese en los hospitales a los resientes, pero hubo lugares donde sin protocolo tampoco se les atendió.

El más salvaje es el de Madrid, sin ninguna duda. Pero en Catalunya hubo un protocolo que recomendaba no ingresar a mayores de 80 años en UCI. También es un protocolo que discrimina por edad y que tampoco parece aceptable en absoluto, según han denunciado, por ejemplo, organizaciones como Amnistía Internacional.

En Castilla y León también hubo un protocolo más suave en los términos, pero el trato absolutamente fundamental es siguiente: en una situación de normalidad, en una residencia, siempre fallece algún número de personas, menos del 20%, en cualquier caso. ¿Quién fallece? Bueno, pues cuando no tiene absolutamente ningún sentido trasladar a esa persona al hospital porque está en una fase terminal y con el consentimiento de los familiares.

Durante los dos primeros meses de la pandemia, en Madrid fallecieron en el propio centro sin atención hospitalaria el 77%. En Catalunya, el 62%; en Castilla y León, el 70%; y en Castilla-La Mancha, aunque ocultó los datos porque dice que no los tiene, por otras cifras podemos concluir con bastante certeza que también es en torno al 70%. Eso te muestra la anomalía absoluta que se produjo con el protocolo y, en algunos casos, sin él. Y eso es lo que hay que investigar, eso es lo que hay que aclarar.

Hay personas que viven con deterioro cognitivo muchos años. Por lo tanto, lo que está sometido a debate no es que hubiese un triaje. Lo que está sometido a debate es que Madrid inventase el triaje por domicilio, que es un invento mundial, y que discriminara a una persona por ir en silla de ruedas o por tener deterioro cognitivo. ¿Ir en silla de ruedas supone una condena en nuestra sociedad? Yo creo que no, que no debe serlo, pero lo supuso.

Una de las justificaciones que expresan los responsables de la Comunidad de Madrid es que se medicalizaron las residencias. Es decir, que no se trasladaba a los residentes enfermos porque las residencias estaban medicalizadas. ¿Esto ocurrió así realmente? ¿Había había personal sanitario atendiendo a estas personas?

Más allá de declaraciones que se hagan de vez en cuando para intentar justificar lo injustificable, están los datos y los hechos. Quiero decir, en la Comunidad de Madrid hubo dos ayuntamientos, Leganés y Alcorcón, que fueron a los tribunales para pedir que se medicalizase las residencias. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid tiene sendas resoluciones pidiendo que se medicalizasen y el Gobierno de Ayuso en esos procedimientos estuvo en contra.

Otra cosa que ha hecho el poder político es intentar mezclar o confundir con qué significa medicalizar una residencia. Hay una resolución del TSJ de Madrid, donde dice claramente qué es medicalizar una residencia y lo dice en unos términos que el Gobierno de Madrid tiene la capacidad, o debería tener la capacidad, de entender. Medicalizar una residencia, eso que se hizo en Ifema, en el hospital de campaña, es poner los medios personales y los medios materiales técnicos para atender a una persona como en un hospital, en condiciones similares a un hospital.

Para demostrar que eso no ocurrió están ahí los datos. Es más, a algún médico que había en residencias se lo llevaron a hospitales. Pero no medicalizaron una residencia. No ya por la falta de medios materiales, que también, sino por el personal: tú no te puedes inventar a mil médicos y enfermeras.

En la Comunidad de Madrid solo podías hacer una cosa, que es trasladar allí al personal de Atención Primaria. Eso era una decisión política que sí que podía adoptar Madrid, pero decidió no trasladar a ese personal sanitario a las residencias, sino trasladar a todo ese personal a Ifema, al hospital de campaña. Pero luego no llevó a Ifema a las miles de personas que estaban muriendo en las residencias.

Por eso, para entender la gravedad de lo ocurrido en Madrid es importante analizar esos tres elementos que hubo, porque los tres forman parte del mismo puzle, y si cogemos las piezas separadas y no las analizamos conjuntamente, no vemos el alcance de lo que ocurrió. No vemos la gravedad de la violación de derechos humanos y la falta de atención que se produjeron.

A un residente enfermo le daba igual que lo hubiesen trasladado al hospital, que hubiesen medicalizado su residencia, que lo hubiesen trasladado a Ifema o que lo hubiesen trasladado a un hospital privado. Por esas cuatro vías le podían haber ayudado y salvado en algunos casos; en otros, no. A esa a esa persona, a esa mujer, a ese hombre que estaba en la residencia le da igual cuál de los cuatro. Lo que tiene que explicar el Gobierno de Madrid es por qué no utilizó ninguna.

A veces lo que hace el Gobierno es centrarse en una porque cree que así puede eludir sus responsabilidades, incluso en el debate político. Pero lo que tiene que explicar es la combinación de las cuatro. ¿Por qué hubo cuatro opciones para ayudar a que 7.291 personas recibiesen un tratamiento médico adecuado y una parte de ellas hubiese salvado la vida y no se utilizó?

Ha citado a los profesionales de Atención Primaria, pero ¿qué responsabilidad, en qué parte del proceso se encontraban otros niveles sanitarios, como, por ejemplo, las ambulancias, el Summa 112? ¿Qué papel jugaron?

El Summa 112 jugó un papel relevante porque para cerrar, digamos, el sistema –lo que decide el Gobierno de la Comunidad de Madrid, frenar en seco las derivaciones desde residencias a a hospitales, obviamente, podía tener un agujero que es que desde las residencias el personal de la propia residencia o familiares llamasen a la ambulancia– se necesitaba que las ambulancias solo fuesen a las residencias si tenían la autorización para realizar ese traslado. Y eso es lo que se hace.

Por eso, en la hora siguiente a la firma digital del protocolo, Carlos Mur envió correos electrónicos en las cuatro versiones del protocolo y entre ellos está siempre el que era máximo responsable del Summa. Cumplían un papel fundamental y era que si alguien llamaba de una residencia pidiendo una ambulancia, solo podía ir si contaba la autorización del geriatra de enlace. Con una excepción: los residentes que tuvieran seguro privado.

Si un residente tenía seguro privado podía llamar a una ambulancia privada y le trasladaría a un hospital privado, que introduce otro elemento más de discriminación en lo que se produjo en Madrid, en este caso por la condición económica. Si tenías seguro privado, sí te podías salvar. Si carecías de seguro privado, el sistema se había cerrado por completo para ti.

Con todo este balance, ¿considera que lo que pasó fue debido a la acumulación de una serie de improvisaciones del Gobierno regional o que más bien fueron decisiones políticas?

Lo que pasó es algo tan brutal y tan complejo que tenemos que ser absolutamente serios y detallistas a la hora de explicar lo que ocurrió. Por intentar resumirlo, hay causas anteriores al inicio de la pandemia que influyeron en lo que ocurrió. Las residencias llegaron a la pandemia completamente al límite de personal, con muchísimo menos personal del que se requiere (siguen así, por cierto) para un cuidado y una atención digna.

Hay macro residencias en España con 300 y 400 plazas. La inmensa mayoría tienen habitaciones dobles. Obviamente, esas habitaciones dobles contribuyen a que se expanda el virus. Esto no lo dice un periodista ni cuatro. Informes de Euskadi, Navarra, Castilla y León y Catalunya señalan que incrementó el impacto de la mortalidad. Y tener muchas habitaciones dobles y muchas camas es lo que facilita hacer dinero.

Por lo tanto, es muy importante analizar los factores previos a la llegada de la pandemia, los factores estructurales; porque siguen ahí a día de hoy, y si mañana volviese una crisis sanitaria de la misma gravedad, volverían a ocurrir cosas similares. Espero que no todas, pero muchas serían similares porque son factores estructurales, no los podemos olvidar.

También hay unos segundos factores, decisiones políticas, que fueron claramente erróneas y que constituyen un elemento más que requiere análisis. Esto no es una cuestión partidista. En Galicia gobernaba Feijóo y adoptó decisiones completamente contrarias y que en la primera ola de la pandemia se demostraron mucho más eficaces que las de Ayuso en Madrid. Y son del mismo partido político.

En este tema son gobernantes como Ayuso, porque creen que así en el debate político se van a cerrar filas, quienes politizan. Los familiares de las víctimas no tienen ningún interés en que se politice porque entre los familiares de las 7.291 personas de Madrid, de las 2.700 de Catalunya, que murieron sin asistencia sanitaria, los hay votantes de todos los partidos. O sea, que solo determinado poder político tiene interés en en politizar la cuestión.

En tres comunidades se abrieron comisiones de investigación para analizar lo ocurrido (Castilla y León, Madrid y Catalunya). En cuanto tuvieron mayoría suficientes, los gobiernos –que son los actuales– las cerraron. En Catalunya, para crear un grupo de estudio que no tiene nada que ver con una comisión de investigación, es un escándalo. Pero es que hubo otros lugares donde gobernaba el PSOE donde se negaron a abrir las comisiones de investigación. A mí me parece escandaloso que en el País Valencià no se haya analizado lo que ocurrió en Alcoy.

No es una cuestión política; solo políticos que tienen miedo de que se conozca la verdad. Pero también es erróneo reducir todo al ámbito político. Hubo decisiones empresariales y hay decisiones estructurales que estaban ahí, que contribuyeron a esa barbaridad.

Lo que los familiares reclaman, verdad y justicia, tienen todo el sentido del mundo. La verdad la necesitan los familiares, pero la necesitamos toda la sociedad porque la única forma de aprender de las cosas que se hicieron mal es conocer lo que pasó para cambiar los problemas estructurales y que no vuelva a ocurrir.

Y la justicia se explica por sí misma. Por supuesto que todas las víctimas tienen derecho a que se haga justicia. Es una pena, es lamentable, pero sobre todo es un fallo del sistema democrático español grave que la Fiscalía no haya cumplido con su obligación y que la Fiscalía de oficio no haya investigado todos los casos.

Es un escándalo que sean los familiares de las víctimas quienes tienen que intentar aportar pruebas o que se pongan en marcha los procedimientos. Es un escándalo que se hayan archivado centenares de denuncias ante la Fiscalía en Madrid, en Catalunya y en otros lugares, sin realizar una sola prueba y sin escuchar a los familiares de las víctimas. Atenta contra las normas que tienen los propios fiscales.

Hay fiscales, como la fiscal superior de Madrid, que puso negro sobre blanco en la memoria anual de la Fiscalía cosas que son mentiras flagrantes. Puso por escrito que la no derivación a los hospitales no había tenido impacto en el número de fallecidos. Puso por escrito que el tratamiento médico que recibían en la residencias era similar al que hubiesen recibido en un hospital. Cómo era ese tratamiento similar en una residencia que no tiene médico.

Ha comentando la influencia de factores estructurales y económicos. Quizá sugería la necesidad de un cambio en el modelo de de residencias. Ese cambio, ¿tiene que intervenir directamente en las externalizaciones, en las privatizaciones? Es decir, con más residencias públicas, ¿se solucionaría esto? ¿Cuál serían los primeros pasos a dar?

El sistema residencial en España está tan mal, hay tantísimas cosas por hacer... La única forma de solucionar algo es ponerte en marcha, no quedarte sentado de brazos cruzados. Para mí, el elemento fundamental es incrementar el personal. La calidad de vida de una persona que está en una residencia depende de muchísimos factores, pero directamente del personal.

Voy a poner un ejemplo que a mí me parece escalofriante: el País Valencià aprobó –el Gobierno anterior, vamos a ver si este lo mantiene– un decreto sobre el nuevo modelo de residencias y uno de los puntos que establece es la prohibición de que se levante antes de las 6.00 horas a los residentes.

Alguien que no conozca el sistema puede decir qué cosa más rara, por qué ponen esto en una norma. Bueno, en muchas residencias levantan a las personas a las 6.00 horas porque como tienen tal escasez de personal, tienen que empezar a esa hora a levantarles para que puedan estar todos a las 9.00 horas desayunando. Y lo mismo al revés, los acuestan mucho antes.

¿De verdad queremos vivir en una sociedad donde a una persona mayor la levantas las 6.00 horas de la mañana por falta de personal? ¿De verdad que España no se puede permitir dedicar dinero suficiente para que esas personas tengan una vida digna? Podría poner 50 ejemplos como este. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es incrementar enormemente las ratios de personal y, obviamente, eso cuesta dinero.

Hay una posición de la patronal en la que yo estoy de acuerdo que es que, básicamente, unos buenos cuidados hay que pagarlos. En Vizcaya y Gipuzkoa pagan 90 euros por plaza; y en Castilla La Mancha, 50 euros, si llega. Entonces, claro que se necesita dinero para que nuestros mayores estén bien cuidados, y el dinero, por cierto, procede de los impuestos. Por tanto, también necesitamos un cambio fiscal para que aporten los que verdaderamente tienen, pero eso nos lleva a otro debate.

Más personal, pero luego por supuesto que hay que cambiar muchas otras cosas estructurales. Hay que tener una legislación que no sea obsoleta. Hay que terminar con las habitaciones dobles. ¿En qué momento como sociedad hemos pensado que es buena idea que alguien por ir a vivir a una residencia tiene que pasar a compartir su vida con un extraño? Es una violación contra el derecho a la intimidad de las personas.

Hay que cambiar todas esas cuestiones y, luego, tenemos un sistema residencial donde el 90% de las residencias -estamos hablando de más de 5.200 centros- están en manos privadas. Pero esto es una opinión personal, me gusta mucho distinguir los hechos de las opiniones personales. Si bien, debería haber muchas más residencias públicas porque cualquier sistema de lo que sea, donde alguien tiene el 90% controla el sistema. Y, por lo tanto, va a poder imponer sus condiciones, pero eso puede ser un debate más ideológico.

Para mí, ahí lo relevante es que hubiese una normativa seria donde se estableciesen, por ejemplo, ratios de personal correctas, un sistema de inspección serio... En España, cuando llega la pandemia, hay poco más de 200 inspectores e inspectores para más de 5.200 residencias. Aunque fuesen superhéroes y superheroínas no podrían controlar las residencias. Si hubiese un sistema de un régimen sancionador serio cuando se violan derechos humanos, realmente se les caería el pelo a quienes violan los derechos de las personas mayores que viven en residencias.

Con estos tres elementos, te aseguro que los fondos de inversión no vendrían a hacer negocio con la vida de las personas mayores porque no les interesaría. Yo defiendo que haya muchas más residencias públicas, pero se puede llegar a unos cuidados dignos con estos tres elementos y esos tres elementos están en manos de los políticos y pueden cambiarlos; y, por lo tanto, la sociedad tiene que presionar a los políticos para que los cambien.

En derechos humanos, me parece que con independencia del color político, cualquier ciudadano podría estar de acuerdo en estas medidas. Si tiene una mayoría tan amplia, que estoy seguro de que lo tiene, no entiendo por qué en los parlamentos autonómicos no se está legislando en esta dirección salvo contadísimas excepciones.