Ocurrirá en apenas unos días, el próximo 30 de septiembre, en la localidad madrileña de Las Rozas: por cada adulto que acuda a la corrida de toros que se celebra en el municipio con motivo de sus fiestas patronales, tres menores de 16 años podrán acompañarle completamente gratis. No es un caso aislado ni infrecuente. En Daimiel (Castilla-La Mancha), 1200 niños de entre 6 y 14 años recibieron en junio las entradas para los toros que una empresa taurina regaló a las puertas de los colegios. Y en Córdoba, durante la última feria taurina, se instalaron palcos infantiles de acceso gratuito para que los menores de entre 5 y 12 años se aficionaran a la “fiesta”. El pase incluía también una explicación teórica sobre la tauromaquia.

Las tres iniciativas se lanzaron meses después de que el Comité de los Derechos de los Niños de las Naciones Unidas instara a España en febrero de este año a prohibir la presencia de menores en espectáculos taurinos por sus "efectos dañinos"; y en las tres, las administraciones correspondientes adujeron el mismo motivo para tolerarlas: la libertad de las empresas privadas para promocionar  actos de su interés.

De la consideración del Comité y la Convención sobre los Derechos del Niño, con la que España está obligada a cumplir, no se ha vuelto a hablar. Ni durante el anterior Gobierno, ni en este.

“Es grave que no se estén cumpliendo las recomendaciones de la ONU, que considera estos actos como una "práctica violenta" para los niños. Esto va más allá del debate sobre tauromaquia sí o tauromaquia no. Estamos hablando de derechos de la infancia”, dice en conversación con este periódico la diputada de En Comú Podem Mar García Puig.

Su grupo, junto a Esquerra Republicana, presentó este miércoles una Proposición No de Ley en el Congreso que, por primera vez, pedía cumplir con la recomendación de la ONU e impedir la asistencia de menores de edad a toda clase de eventos taurinos. Pero el fracaso fue estrepitoso. PP y Ciudadanos votaron en contra y el PSOE se abstuvo.

“Sabíamos que encontraría muchas resistencias, pero ha terminado siendo vergonzoso. Esperábamos el apoyo de los socialistas, pero es un tema en el que no quieren entrar. Esperamos que el Gobierno reflexione y vea la gravedad de incumplir las recomendaciones”, añade.

Aunque el Comité aclaró que no estaba en contra de la tauromaquia en España, que reconocía como un “evento histórico y cultural”, la recomendación de la institución provocó airadas reacciones entre el sector taurino, que se apresuró a descalificar al organismo y a rebajar sus consideraciones a meras “opiniones sin base científica”.

“Naciones Unidas puede hablar ya de tantas cosas que no se sabe ni quién lo dice. Yo fui de menor a los toros, mis hijos y mis nietos también, y no he visto que tengan ningún trauma. Más violencia hay en muchas series de televisión, muchas de ellas infantiles, y nadie dice nada”, dice a Público Miguel Cid Cebrián, exsenador socialista y presidente de la Asociación Taurina Parlamentaria a la que pertenecen, entre otros, el presidente del Senado, el conservador Pío García Escudero, o la actual vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo.

Jorge Cardona Llorens, Catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de Valencia y miembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU desde 2010 aclara que, a pesar de que las recomendaciones del Comité no son vinculantes, el artículo 19 de la Convención obliga a España a “adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a los niños contra toda forma de violencia”.

“Es en este marco en el que hay que contemplar la observación a España. Se ha hecho una referencia explícita a los toros como ejemplo de espectáculo en el que hay actos violentos y que está generalizado en la cultura española. Se le pide al Estado que evite que los niños y niñas participen o asistan, de la misma forma que, si estuviera más extendido en España, se le hubiera pedido que lo hubiera hecho sobre espectáculos de boxeo, lucha libre o peleas de gallos, por poner ejemplos de espectáculos que implican violencia”, señala.

Aunque cada vez se celebran menos corridas de toros en España —han caído más de un 50% en la última década— el número escuelas taurinas no ha dejado de crecer: de las 42 que había en 2011, hasta las 58 que existen hoy, según la última estadística del Ministerio de Cultura. La ley sí impone una edad mínima de 14 años para los aprendices que quieran practicar con reses vivas, pero es la única limitación con respecto a los menores en la práctica taurina. Ninguna otra normativa impide su entrada en las 545 plazas de toros que hay en el territorio o cualquier otro espectáculo similar. No obstante, cada comunidad autónoma tiene competencias para regular en materia de tauromaquia. En Baleares, por ejemplo, sí se ha prohibido la entrada a los menores de 18.

“Los menores de edad son un grupo vulnerable porque no dan su consentimiento para ser expuestos a espectáculos violentos. Y son susceptibles de presentar conductas por esta exposición, tanto de aceptación, normalización y recreación de la violencia, como trastornos de ansiedad o estrés postraumático, ya sea por presenciarlos o participar directamente en ellos”, dice por su parte la psiquiatra forense, y delegada de la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos (CoPPA), Gabriela Cruz Ares.