"Llevamos mucho tiempo en silencio, incomprendidos, señalados y revictimizados. Necesitamos una legislación acorde a nuestra situación, que nos ampare y proteja. Que proteja a los niños y niñas de Europa. Ruego a la Unión Europea que se convierta en el escudo que los menores necesitan. Que atienda y apoye la campaña de Justice Initiative, en la que estoy orgulloso de participar y considero tan necesaria".

Juan Cuatrecasas tiene 26 años. El pasado martes fue uno de los tres casos seleccionados por la fundación Justice Initiative para dirigirse a la Asamblea Nacional de Francia, en París. Familiares y víctimas de 20 países europeos se han organizado para pedir apoyo a la iniciativa internacional que demanda a la Unión Europea cambios normativos y legislativos que den más protección a los menores víctimas de abusos sexuales y más prevención, también para atajar la lacra de la pornografía infantil, que avanza en Europa a pasos agigantados. Además de movimientos a nivel político, también ha comenzado una campaña de recogida de firmas con la que impulsar una moción en la Eurocámara.

Entre 2008 y 2010, Juan sufrió abusos sexuales por parte de un profesor numerario del colegio Gaztelueta, en Leioa (Bizkaia). Este centro concertado del Opus Dei sigue recibiendo financiación pública del Gobierno Vasco todavía, tal y como adelantó Público. El colegio nunca creyó a Juan cuando denunció tras mucho esfuerzo, "con sentimiento de vergüenza y de culpa, como todas las víctimas", apuntala su madre, Ana Cuevas. No creyeron a sus padres ni al entonces niño, que tuvieron que mudarse a otra comunidad autónoma tras el "linchamiento" al que fue sometida la familia por parte del colegio y de la poderosa orden religiosa española. "Y todavía hoy, con una condena firme, se está cuestionando a mi hijo por parte de la dirección del centro", insiste la madre.

El pederasta fue sentenciado a 11 años de prisión en 2018, aunque la condena de la Audiencia Provincial de Bizkaia fue rebajada después a solo dos años, lo que llevó a que evitara la cárcel; "mucho antes de la polémica de la ley del solo sí es sí, pero aquí nadie dijo nada", remarca Cuevas, entre la incredulidad y la indignación.

Miedo a denunciar ante la falta de apoyos

"Si las víctimas que denuncian, que dan la cara, no encuentran el apoyo necesario a todos los niveles, ¿qué mensaje se lanza a quienes no han denunciado todavía? Si a la vergüenza y a la culpa que sienten se une el miedo a sufrir acoso, como el caso de mi hijo, o a que se les ponga en duda, habrá muchas víctimas que no se atreverán a denunciar", sostiene Cuevas.

Días después del breve discurso de Juan en Francia, la madre solo puede sentir "orgullo y emoción". Su hijo ya habló ante la comisión del Parlamento Vasco sobre este tema, "pero siempre le cuesta, le pone nervioso, aunque lo hace por él y por el resto de víctimas, para que no se las olvide y se las revictimice", apunta la madre.

Porque las secuelas del abuso no se acaban nunca, ni con una condena ni después de años de terapia y ayuda. Quizás no se superan nunca, porque "siempre hay recaídas", asegura Cuevas, que pide apoyo de por vida para que las víctimas puedan avanzar. "No puede ser que una víctima de abusos solo pueda salir adelante dependiendo de la capacidad económica de su familia. Es una auténtica aberración", lamenta la madre.

"Cualquier ayuda psicológica y psiquiátrica no es gratuita, al menos la que pueda tener continuidad y no sea de una vez cada año. No puede ser que quien denuncia tenga que esperar durante años el resultado de un juicio para acudir a un psicólogo o un psiquiatra. Eso tiene que hacerse con apoyo público desde un inicio. La capacidad de una víctima para recuperarse desde el momento en el que se detecta el abuso no es la misma que diez años más tarde", sostiene.

"Pequeños detalles", grandes ayudas

Y esa ayuda que no todos los bolsillos de las víctimas pueden sostener es definitoria para el porvenir de un menor que estuvo en manos de un agresor. "Hablamos de medidas que no tienen que ser costosas, sino de reconocimientos a nivel educativo o laboral", explica Cuevas.

Juan está a punto de terminar una carrera universitaria, pero el camino no ha sido fácil, muchas veces por detalles que pasan desapercibidos para quien no es víctima de abusos y que "sería fácil de aplicar", remarca Cuevas. "Por ejemplo, no se les incluye como alumnos diversos en el mundo escolar. A pesar de que tienen necesidades espaciales evidentes. Incluirlos aquí les facilitaría muchas cosas", considera.

"Mi hijo ha perdido años escolares porque no estaba bien cuando llegaban los exámenes y tuvimos que anular varias matrículas. Se tiene que arriesgar siempre, jugársela en los exámenes en pocos días. Tuvo que hacer Selectividad como uno más, por ejemplo, cuando estaba muy preocupado por tener que sentarse junto a cien personas, algo que le agobiaba mucho", ilustra la madre. "Me dijo que si no aprobaba no se volvía a presentar", recuerda. Aprobó.

Pero también hay situaciones que pueden condicionar a nivel laboral. "En determinados momentos tienen recaídas y pueden suponer la expulsión laboral de la empresa en la que estén. Son cosas que no se tienen en cuenta y que requieren medidas necesarias para que sigan adelante con su vida, medidas sencillas que además suponen menores costes para la Seguridad Social, porque prevén problemas en lugar de tener que resolverlos luego", opina Cuevas.

La madre recuerda que las indemnizaciones son necesarias no solo en concepto económico, sino como medida de "reparación", pero considera que debería haber "dos tipos de indemnizaciones", una por el delito cometido, y otra que acompañe para toda la vida, al igual que el trauma de un abuso. "Y creo que debería considerarse víctima a toda la unidad familiar, porque los abusos a menores pueden cambiarte la vida, como nos ha pasado a nosotros", incide.

La familia tuvo que abandona Bizkaia y trasladarse a La Rioja para huir del señalamiento público que tanto el centro como el Opus Dei pusieron en marcha cuando denunciaron. "Luchar contra alguien con tanto poder es titánico y nunca he entendido por qué. Nuestra lucha no tenía que ser contra el Opus Dei, nosotros denunciamos a un profesor numerario", recuerda. 

"El problema es que no atienden a las víctimas y siguen encubriendo a los pederastas. Para proteger su imagen deberían hacer lo contrario, pero lo que suele ocurrir, tanto en la Iglesia como en otras instituciones, es que están con el pederasta en lugar de con las víctimas. Si se hicieran las cosas bien saldrían reforzadas, tanto ellas como las víctimas", concluye la madre.

La iniciativa de Justice Initiative es la forma que miles de víctimas de abusos en toda Europa han articulado para romper el tabú que envuelve la agresiones sexuales a menores. "Y de lo que no se habla, no se legisla", remacha Cuevas. Su tarea no es sencilla. Lograr cambios a nivel europeo se hace cuesta arriba cuando "países como Rumanía, por ejemplo, no nos han permiso incluir la palabra Iglesia junto a los abusos a menores", dice.

Les queda un largo camino, aunque ya han logrado apoyos de miembros del Consejo de Europa, y también están recogiendo firmas ciudadanas para presentar ante el Parlamento Europeo. Necesitan medio millón para que su iniciativa siquiera eche a andar a nivel institucional.