La parte socialista del Gobierno se ha mostrado dispuesta a revisar el texto de la futura ley de vivienda en lo que respecta a la limitación de precios de los alquileres. Después de una votación de infarto que aprobó —por la mínima y gracias a un error del PP— la reforma laboral, el apoyo de los partidos del bloque de la investidura sigue el mismo camino tortuoso con una ley de vivienda que también consideran descafeinada. Aunque con una gran diferencia: aquí los sindicatos de inquilinos no ven ninguna mejora, por mínima que sea, en la nueva normativa que tiene que validar el Congreso.

Este viernes, una delegación del Sindicat de Llogateres de Catalunya y del Sindicato de Inquilinas de Madrid se ha reunido con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para enumerar diferentes enmiendas sin las cuales la ley sería "fallida".

Según ha explicado a la salida de la reunión Carme Arcarazo, portavoz del Sindicat de Llogateres de Catalunya, la ministra "ha admitido que se necesitan mejoras para que bajen los precios de los alquileres" y "se ha abierto a estudiar e introducir" las enmiendas que plantean los activistas, con las que formaciones como ERC o EH Bildu, junto a Unidas Podemos, están de acuerdo. Según Arcarazo, a partir de la próxima semana comenzara el análisis del Ministerio y el próximo jueves 17 se volverá a reunir con los sindicatos.

El Gobierno aprobó el pasado 1 de febrero la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda. Un proyecto de ley que ha costado casi un año sacar adelante y que ha sido torpedeado por el Consejo General del Poder Judicial, amén de las tensiones internas en el Gobierno de coalición. Sin embargo, al igual que la reforma laboral, el texto debe pasar por la Cortes y el riesgo a que decaiga es tan real como el que enfrentó la reforma laboral. ERC, EH Bildu, Más País, Compromís y Nueva Canarias anunciaron que registrarían una Ley de garantía del Derecho a la Vivienda elaborada por los propios sindicatos de vivienda, que entienden que tal y como está redactada la ley, no serviría prácticamente para nada. "Estamos en sintonía con varias formaciones y acordaremos con ellas que, si no hay enmiendas, no valga la pena votar", ha advertido Arcarazo.

Las cinco enmiendas de los sindicatos

En concreto, el movimiento de vivienda defiende cinco grandes cambios en el texto para que la regulación de los alquileres a nivel nacional tenga efectos significativos.

En primer lugar, defienden que la bajada de los alquileres de acuerdo a los índices de precio elaborados por el Ministerio de Transportes debe aplicarse a todos los arrendadores. La propuesta actual solo lo contempla cuando el arrendador sea una empresa propietaria de diez viviendas o más.

"Esto deja fuera a la gran mayoría de inquilinos. En Barcelona, por ejemplo, el 70% de los inquilinos no se podría beneficiar de la regulación", defienden los sindicatos. Y añaden que esta medida también eximiría de reducir los precios inflados a los propietarios que son personas físicas, "independientemente de que tengan dos pisos o 200", puntualizan. La única barrera que encontrarían estos propietarios sería la limitación del incremento de precios al 10% sobre la  renta del último contrato firmado.

A su vez, defienden que la ley necesita incluir un régimen sancionador para quien no cumpla, algo que tampoco estaría contemplado en el texto aprobado en el Consejo de Ministros. "Es inadmisible que no haya multas para quien incumpla. Así nunca se cumplirá una la ley", ha declarado Arcarazo.

Por otro lado, piden cambios sustanciales en los criterios para declarar una zona de precios tensionados, imprescindible para poder aplicar las medidas aprobadas. Con el norma actual, lo podrán solicitar los municipios o regiones con zonas donde el precio del alquiler supere el 30% de los ingresos medios por hogar, pero a la vez solo si en los últimos cinco años ha subido cinco puntos por encima del IPC.

"Debe ser suficiente con una de las dos condiciones", afirman los activistas. Además proponen que el límite esté en un crecimiento del precio de la vivienda de dos puntos por encima de la inflación, y no en cinco. Exigen además "herramientas" para que los datos estén disponibles también a nivel municipal.

También consideran que la regulación debe ser inmediata tras aprobar la ley. "Un período de gracia provocaría que se firmaran muchos contratos antes con subidas abusivas para esquivar la aplicación del régimen de contención de rentas", afirman.

Por último, quieren que se garantice la vigencia de la Ley 11/2020 del Parlament de Catalunya, la llamada ley de vivienda catalana, que actualmente está recurrida al Tribunal Constitucional. Según los sindicatos, se trata de una medida "de contención de rentas en funcionamiento" que está ayudando a desinflar la burbuja de los precios que lleva más de un lustro en auge.