La Plataforma 7N-Madrid contra las violencias machistas ha elaborado una serie de enmiendas al borrador de la Ley de Infancia, aprobado el pasado el pasado 9 de junio por el Gobierno en el Consejo de Ministros. La organización, que valora "muy positivamente" la norma, entiende que "es necesario incorporar una perspectiva de género", a pesar de que ésta esté planteada en el anteproyecto, tal y como se hizo eco este medio. "Esta ley es muy ingenua en algunos aspectos. Creemos que hay un fondo más perverso", opinan.

Más allá de las menciones que en el borrador se hace de "los niños, las niñas y los adolescentes", el texto "no presenta realmente un desarrollo ni un calado" enfocado en la perspectiva de género, como así lo solicita el Pacto de Estado contra la violencia de género. "El art. 12 hace una enumeración de conductas violentas pero es fundamental enmarcar que una gran parte de la violencia que reciben las y los niños proviene de la violencia machista", apunta la organización. "No se puede comprender el maltrato en la infancia si no se entiende la violencia machista", comentan desde la plataforma.

En este sentido, la organización recuerda que sólo una de cada cuatro mujeres asesinadas había denunciado previamente: "En porcentajes, el 28,5% de mujeres víctimas de maltrato presentó denuncia, de las cuales sólo obtienen sentencia condenatoria el 23,33% del total". Esto es, casi el 70% de la violencia machista no se reconoce o no se detecta, "y esta violencia incide directamente sobre las y los niños hijos del maltratador", apostillan desde la organización.

En este contexto, la Plataforma 7N-Madrid, a través de una campaña de firmas, ha publicado un documento con las diez enmiendas al borrador. "Hemos pedido una cita con diferentes partidos políticos, pero aún no hemos obtenido respuesta. Esperemos que podamos transmitirles nuestras propuestas antes de que finalice el plazo para presentar las enmiendas parciales", fechado para el 2 de septiembre.

Las diez enmiendas

A su juicio, exigen la retirada de visitas y patria potestad de los hijos con el fin de evitar lo que se conoce como violencia vicaria: "Un maltratador no sólo no es un buen padre, no es figura de protección y usa a los hijos como objetos para seguir ejerciendo un dominio sobre la mujer, dañándolos psicológica y físicamente llegando incluso en ocasiones a matarlos".

A diferencia de lo recogido en el borrador, la organización propone que los niños, niñas y adolescentes de todas las edades sean escuchados por verdaderos especialistas adaptados, ya que el anteproyecto contempla que "un funcionario 'valore su madurez', dejándolo al arbitrio e interpretación de quien no está capacitado".

La plataforma exige, como tantas otras organizaciones -además del propio presidente del Comité de Derechos del niño de la ONU, Luis Pedernera-, que se prohíba el uso del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP). A su parecer, el borrador presenta una contradicción en lo referente a este aspecto "al obligar a denunciar a cualquiera que conozca indicios de violencia si se permite después que se castigue a las madres que denuncian abusos sexuales o maltrato retirándoles la custodia".

También abogan por la prohibición de la custodia compartida sin acuerdo entre los progenitores, pues entienden que sirve para perpetuar la violencia machista en casos de separación o divorcio, además de que la falta de comunicación entre los padres perjudica a los hijos. 

La plataforma pide que se reconozca la violencia institucional que puedan ejercer los profesionales sobre los niños, las niñas y los adolescentes por su mala praxis. Recuerda además que los abusos sexuales intrafamiliares "suponen el 85% del total", por lo que plantean que estos delitos "no prescriban o su plazo abarque una edad suficiente ya que la víctima denuncia mayoritariamente a partir de los 40 años".

La organización exige una gestión exclusivamente pública de los centros de menores tutelados. Actualmente, tal y como recuerda, estas instituciones tienen su gestión cedida a empresas privadas, algunas de ellas antiguas instituciones religiosas vinculadas al franquismo reconvertidas en ONG, que cobran de 3.000 € a 9.000 € al mes por niña o niño tutelado según la conflictividad del caso, una cantidad que no se corresponde en muchos casos con la realidad del gasto para el bienestar" de los menores. 

Asimismo, proponen que se prohíba el derecho de filiación en caso de que un niño o una niña sea fruto de la gestación subrogada, aunque provenga de otro país donde esta práctica esté permitida. "Desde la perspectiva de los Derechos Humanos se rechaza la idea de que las mujeres sean usadas como contenedoras y sus capacidades reproductivas sean alquiladas, de la misma manera que se rechaza que NNyA [niños, niñas y adolescentes] sean tratados como objeto de compraventa", añaden.

En esencia, para acabar con la violencia en la infancia, la organización propone una formación con perspectiva de género y un conocimiento más profundo de la violencia machista. "Exigimos una mirada feminista en la formación en universidades, centros educativos públicos y concertados, así como los Colegios de Abogados, y que además se amplíe a los Colegios de Psicólogos que no se contemplan en el anteproyecto", añaden.

Solicitan la corrección del término "sustracción" y que pase a denominarse "desobediencia" para los casos en los que la madre decida no entregar a sus hijos e hijas en una situación que considera de riesgo ante un maltrato o abuso sexual. "Si los organismos públicos no corrigen sus estructuras fallidas a la hora de proteger a NNyA, es un agravante que la desobediencia se convierta en  sustracción de menores cuando el motivo es la protección real de los NNyA", apostillan.

Por último, rechazan el artículo 8 del borrador, el cual alude a la colaboración público-privada. La Plataforma 7N defiende que la protección a la infancia debe de tener una gestión pública para evitar que esta tarea caiga en manos de empresas con sesgo ideológico y/o religioso", zanjan.