La Ley Integral de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como de solo sí es sí, que nació tras la primera sentencia de La Manada (cuando miles de mujeres salieron a gritar: "Hermana yo sí te creo", "no es abuso, es violación" o "hay que acabar con la justicia patriarcal"), se ha convertido en el centro de un agrio debate político, jurídico y mediático que afecta, además, a una larga pugna dentro del propio movimiento feminista sobre el llamado punitivismo.

El camino de esta ley hasta su aprobación no ha sido sencillo. Los primeros pasos para estudiar la reforma de los delitos sobre agresiones sexuales se dieron con el Partido Popular en el Gobierno, cuando en mayor de 2018 encargó a la Comisión de Codificación Penal (un órgano que el Ejecutivo mantiene sin funciones) que hiciera una primera propuesta de reforma. Cuando dicho comité se reunió se descubrió que estaba formado por 20 hombres y que en él no participaba ninguna mujer, por lo que se emprendió una rápida reforma de su composición para que fuera paritaria.

La comisión, ya con mujeres, emitió su propuesta de reforma sobre los delitos sexuales (que incluía eliminar el delito de abuso) tras la moción de censura del PSOE que desbancó al PP del Gobierno. Pero aquel primer Gobierno socialista de Pedro Sánchez tampoco pudo llevar adelante tal reforma, porque el adelanto electoral hizo decaer el texto que habían llevado al Congreso.

Fue posteriormente, ya con el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, cuando el Ministerio de Igualdad capitaneado por Irene Montero recogió la iniciativa para reformar el Código Penal en estos aspectos y la ha llevado adelante. Las tensiones entre los socios del Ejecutivo al inicio de su andadura fueron duras. Sobre todo entre el Ministerio de Igualdad y el de Justicia. Finalmente, las aguas volvieron al río y su tramitación avanzó. 

Tampoco estuvo exenta de tensiones la revisión de la norma por algunos de los órganos consultivos. Algunas críticas realizadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sobre todo la relacionadas con la definición del consentimiento (una de las claves de la ley), sentaron mal a Igualdad, que tachó su informe como "machista". El órgano de gobierno de los jueces también alertó sobre el hecho de que rebajar algunas penas podían tener el efecto de desproteger a las víctimas y de que, si se tocaban "los límites máximos de las penas", se podrían producir revisiones de condena. Pero en ningún momento advirtió que esto pudiera pasar por rebajar las penas mínimas. 

La ley entró en vigor el pasado 7 de septiembre, cuando fue publicada en el BOE. Ahora se conoce que el mismo día en que la ley entró en vigor se producía en Madrid la primera excarcelación de uno de los condenados a los que la Audiencia Provincial ha rebajado la condena.

La batalla judicial

A principios de esta semana diversos tribunales anunciaban que se habían realizado las primeras rebajas de penas a hombres condenados por delitos sexuales en base a la existencia de penas más bajas incluidas en la nueva ley. Era una posibilidad que el Ministerio de Igualdad había negado que pudiera pasar y que según expertos en derecho penal no debía ser una consecuencia de la norma. Desde el Ministerio afirman que nadie les advirtió de la necesidad de incluir en el texto una disposición transitoria que guiara en el camino de una a otra ley y que apuntase cómo se debían interpretar.

Algunos juristas consultados por este diario, además, afirman que introducir tal disposición transitoria puede ir contra el derecho constitucional de los condenados a reclamar mejoras en sus condenas por un cambio en la ley que les resulte favorable. 

Reclamar un posible beneficio para el reo es un derecho no sólo reconocido en el Código Penal sino también en la Constitución. Desde Igualdad mantienen que no se trata de agujeros o fallos de la ley, sino una "falta de aplicación de la ley" por parte de los jueces y de una "justicia machista" que "está poco formada en perspectiva de género". Unas afirmaciones que han levantado ampollas.

Distintas asociaciones judiciales, así como el propio Consejo General del Poder Judicial, han hecho público comunicados de rechazo hacia las manifestaciones de Irene Montero y de otros miembros de su Ministerio críticas hacia los jueces. 

Según la ministra, la ley no presenta fisuras ni fallos. Algunos juristas sustentan esta afirmación. Según Manuel Cancio, catedrático de derecho penal en la Universidad Autónoma de Madrid "esta ley, como todas, tiene fallos, pero éste no es uno de ellos", en alusión a la posibilidad de revisión de condenas. En 2015, la Fiscalía emitió una circular que indicaba cómo interpretar una reforma del Código Penal realizada entonces. En ella afirmaba que si al revisar las penas éstas entraban en el rango de la nueva norma, las penas no debían ser revisadas. Desde Igualdad afirman que este texto sienta jurisprudencia.

La ley esconde un largo debate dentro del feminismo

Pero los enfrentamientos sobre la norma no solo son jurídicos. La nueva ley es el terreno también de otro enconado debate dentro del feminismo: el del punitivismo. Al igual que otros asuntos controvertidos como el de la abolición o la regulación de la prostitución, el de incrementar o bajar la penas a los condenado por violencias machistas (y especialmente los de violencias sexuales) divide al feminismo en dos, con posturas muy enconadas. Desde hace varios días, diversas feministas radicales critican el hecho de que la nueva ley reduzca penas y afirman que esto se debe a la decisión política de introducir en la norma las teorías no punitivista que mantienen sectores de Podemos. Esta línea de pensamiento considera necesario bajar las penas de prisión porque no contribuyen al fin de las violencias y porque da alas a las posiciones de la extrema derecha. 

Quienes se oponen a una bajada de penas a los agresores sexuales afirman que la ausencia de un reproche penal minimiza y resta importancia a las agresiones  y que genera un círculo de injusticias que alienta la idea de que las agresiones a mujeres son un asunto menor y que desactiva a las víctimas. 

También existe un amplio movimiento antipunitivista dentro del feminismo que critica al Ministerio de Igualdad por todo lo contrario, por haber incrementado las condena penales en la norma. Una de las voces más activas es la de Clara Serra, que en un reciente hilo en Twitter afirmaba que "lo que ha ocurrido en relación a la ley de libertades sexuales sitúa de nuevo el debate sobre la violencia machista en el ámbito penal y pone a la sociedad a pedir penas más duras en lugar de aportar soluciones más eficaces para las mujeres". Serra y otras feministas que siguen esta línea entienden que la nueva norma endurece las penas en lugar de reducirlas. 

Esta aparente contradicción entre quienes critican al Gobierno por bajar la penas y las que lo hacen por haberlas subido se debe a que la reforma no trata sobre modificaciones penales de un delito, sino que aúna dos delitos (el abuso y la agresión sexual) en uno solo, que ha provocado que en algunos casos se rebajen las penas mínimas. Además, la introducción en la ley de nuevos delitos, como el del acoso callejero, ha introducido supuestos que antes no estaban penados. 

Serra advierte en su hilo que desde hace meses "se había advertido de que la fusión de los dos delitos penales implicaba la creación de horquillas penales más amplias que podían posibilitar la rebaja de algunas condenas". Para esta escritora y activista, "esto, que no es lo que se pretendía, es el resultado de la improvisación, las prisas y la falta de escucha de los informes expertos, que siempre, aunque vinieran de la judicatura progresista, se han calificado como machistas por parte del Ministerio". Serra califica de "irresponsable acusar de machista a lo que es la norma más favorable al reo cuando tenemos a las puertas a una extrema derecha punitiva siempre dispuesta a usar la violencia machista como excusa para endurecer el castigo penal".

Algunas feministas que están en la antípodas de Serra critican, por su parte, el hecho de que Igualdad esconda este aspecto de la ley. "Si la idea de Igualdad era bajar los tipos, porque creen que eso es lo que hay que hacer, que lo digan y que no se escuden en argumentos sobre el machismo del poder judicial. Machismo hay, pero eso no es lo que está ahora sobre la mesa", ha comentado una feminista que prefiere no desvelar su identidad. 

Para Adilia de las Mercedes, jurista especializada en género y Derechos Humanos, "tanto Naciones Unidas como Europa han señalado una y otra vez a España por la alta cuantía de muchas de sus penas; las penas de menor cuantía serían entonces una respuesta adecuada y necesaria a la aplicación del principio de proporcionalidad. Pero esto no es lo que se está defendiendo; quizá porque en una sociedad que exige penas más altas cada vez, el discurso punitivo conecta enormemente con un importante sector de la ciudadanía. Sin embargo, la realidad demuestra que penas más altas no se traducen ni en más ni en mejores condiciones de respeto a los derechos de las mujeres".

La jurista Altamira Gonzalo admite no tener un discurso elaborado y cerrado en relación al punitivismo. Reconoce que "la cárcel no sirve para reinsertar a las personas. Está claro. Pero no conozco la alternativa. Creo que la educación es la clave, pero hemos visto la dificultad de cambiar los principios en los se fundamenta". Gonzalo recuerda que "legislar es complicado y requiere escuchar y atender las opiniones de las personas expertas. Es más fácil tener un discurso político que elaborar una ley que lo recoja". El debate no ha hecho más que comenzar.