Diez años después de aprobarse la conocida como Ley de Dependencia, cerca de 350.000 personas en España no reciben ningún tipo de prestación o ayuda a la que tienen derecho. Estos suponen casi el 30% del total. Las cifras desveladas hoy por el Observatorio de la Dependencia son sorprendentes. En los últimos cinco años se estima que 150.000 dependientes (una media de 90 por día) han muerto mientras esperaban que se les aplicara la ley. 

Según los datos hechos públicos hoy por este organismo, un total de1.213.873 personas tienen reconocida su situación de dependencia (2,6% de la población). De ellas 865.564 están siendo atendidas, mientras que 348.309 (29%) están en lista de espera.

A pesar de la leve recuperación del Sistema de Atención a la Dependencia que se inició en 2015 debido principalmente a la mayor sensibilidad de los nuevos gobiernos autonómicos, "a este ritmo se tardaría 5 años sólo para atender a la actual lista de espera", afirma José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. 

El Estado, lejos del 50% de la inversión prometida

Los datos del Observatorio de la Dependencia denuncian que la Administración Genereal del Estado sólo aporta un 18% del total del gasto por dependencia, muy alejado del 50% previsto en la ley. Esto obliga a las Comunidades Autónomas a aportar el otro 82% restante. En los últimos cuatro años, el recorte acumulado del Estado en dependencia asciende a  3.734 millones de euros, "considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares", añade Ramírez.

El pasado mes de diciembre, coincidiendo con el décimo aniversario de la Ley, los representantes de la mayoría grupos del arco parlamentario del Congreso de los Diputados (con la sola excepción del PP y del PNV) suscribieron un pacto por la reversión, para los Presupuestos Generales del Eestado de 2017, de los recortes producidos y con el compromiso explícito de acabar con las listas de espera en un máximo de dos años. También se pactó estudiar el futuro de la financiación del sistema para ver su integración en el ámbito de la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).

"Con 90 fallecidos al día sin haber podido ejercer su derecho, procede, al menos, recuperar lo recortado plasmándolo en los presupuestos de este año", afirma Ramírez. 

Suspenso en dependencia para nueve Comunidades Autónomas

Una de las características entre territorios son las gravísimas desigualdades que existen, tanto en cobertura como en modelos de gestión. Nueve Comunidades (Asturias, Cataluña, Baleares, Cantabria, Comunidad de Valencia,  Navarra, Aragón, Canarias, y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla) suspenden en la Escala de Valoración del Observatorio. Tan sólo dos de ellas (Castilla y León y La Rioja) obtienen un notable. Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Galicia, Murcia, País Vasco y Extremadura están entre un aprobado y un notable.

"Es previsible que haya algunas Comunidades Autónomas que no puedan recorrer el camino que les queda sin un cambio drástico de modelo de atenciones y una inyección financiera específica", concluye Ramírez.