Custodia de las hijasUn juez separa a una madre de sus hijas por un informe pagado por el padre y sin escuchar a las niñas

El titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Colmenar Viejo (Madrid) ha confirmado su decisión de quitarle la custodia a la madre de dos niñas por considerarla responsable del rechazo de las menores hacia su padre y de provocarles un trauma que ha generado una situación insana con él, ha adelantado Cadena Ser. 

El progenitor, que fue denunciado en 2012 por abusos sexuales sobre la hija mayor cuando ésta tenía cuatro años, fue absuelto de este delito por un error en la grabación de la prueba preconstituida, un mecanismo por el cual los menores pueden declarar en circuito cerrado y su testimonio grabado para que no tengan que volver a prestar declaración a lo largo del proceso y evitar la revictimización, tal como explica a Público, Carmela del Moral, analista jurídica de derechos de la infancia de Save the Children.

En un juicio posterior por la custodia de las menores, el juez decretó la separación de la madre de las niñas y la concesión provisional de los abuelos paternos, decretando la separación total de la madre por un periodo de nueve meses impidiendo cualquier tipo de comunicación con ellas. 

En un auto emitido la semana pasada, el juez Enrique Agudo afirma que “es preciso alejarlas provisionalmente del entorno materno, pues la permanencia en las menores de recuerdos negativos sobre la figura de padre justificarían su rechazo y podría estar instaurando un trauma que viene dado precisamente por la actitud de la madre”. El magistrado alega que las niñas necesitan relacionarse con el padre en condiciones de normalidad. Estas medidas del juez cuentan con el apoyo del Ministerio fiscal.

El progenitor fue denunciado en 2012 por abusos sexuales sobre la hija mayor cuando la niña tenía cuatro años, pero fue absuelto por un error en la grabación

Tal como refleja la Cadena Ser, el magistrado nunca escuchó a las niñas que en repetidas ocasiones han expresado su deseo de volver con la madre. Tampoco las exploró el equipo psicosocial del juzgado, formado por la psicóloga Dolores Rodriguez Dávila y la trabajadora social Elena Velasco Lázaro, que responsabilizan a la madre de provocar en las niñas un trauma y de generar una relación insana con el progenitor. Un procedimiento, tal como explica del Moral, que "es contrario a lo que establecen las leyes, que afirman que los menores deben ser escuchados en cualquier caso y tengan la edad que tengan en casos de separación, por un equipo competente". Por el contrario, el juez sí tuvo en cuenta la  valoración del equipo terapéutico privado Tótem, pagada por el padre de las menores.

Teniendo en cuenta el estudio psicológico privado, el equipo psicosocial del juzgado afirma que el rechazo de las menores a irse con el padre es culpa de la madre y proponen al juzgado una “desprogramación afectiva”, lo que supone la aplicación del inexistente síndrome de Alienación Partental (SAP), que no está reconocido en la práctica psicológica ni en los procesos judiciales y que el propio Consejo General del Poder Judicial niega.

Según la información difundida por la Ser, tras nueve meses de aislamiento total de la madre hacia las niñas, se le permitieron cuatro llamadas telefónicas en navidades, y desde el pasado mes de enero visitas entre la madre y las niñas de una hora de duración a la semana con doble supervisión en un Punto de Encuentro, un régimen más duro que el que se estableció al padre cuando éste estuvo imputado por presuntos abusos sexuales.

La madre ha denunciado este caso ante el Consejo General del Poder Judicial, ante el Defensor del Pueblo y también ante el Colegio de Psicólogos, en este último por falta de rigor científico y parcialidad en las evaluaciones.