María Sevilla, la que fuera presidenta de la Asociación Infancia Libre, ha sido requerida para presentarse en el Juzgado de lo Penal número dos de Madrid el esta semana para recoger el escrito de ejecutoria que decreta su entrada en prisión. A partir de ese momento tendrá diez días para entrar voluntariamente a un centro penitenciario de Madrid. Esto ocurre después de que el Tribunal Supremo haya inadmitido su recurso de casación contra la sentencia que la condenó a dos años y cuatro meses de prisión y otros cuatro de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad.

El pasado 25 de enero, la jueza del lo penal de Madrid desestimó, también, la petición de Sevilla de que se suspendiera su entrada en prisión a la espera de la decisión del Gobierno de concederle el indulto. Un escrito de indulto que está sobre la mesa de la ministra de Justicia, Pilar Llop, desde el 29 de diciembre del año pasado.

Sevilla fue condenada por la sustracción de menores, después de permanecer en paradero desconocido con su hijo durante más de un año, después de que un juzgado decretara en diciembre de 2017 el cambio de custodia hacia el padre del menor. Desde el inicio Sevilla ha afirmado que el único motivo para desaparecer fue el de proteger a su hijo de malos tratos y de los supuestos abusos sexuales que el menor manifestó con cuatro años. 

En 2012 se interpone la primera denuncia contra la expareja de María Sevilla por los supuestos abusos. La denuncia no la inicia Sevilla, sino que se interpone a petición del Ministerio Fiscal, debido a las manifestaciones del menor sobre los posibles abusos cometidos por el padre.

Diversos informes pediátricos y psicológicos a los que ha tenido acceso Público (tanto de parte como de organismos públicos) advierten de que la versión del menor sobre los abusos tienen signos de veracidad y que existen indicadores que así lo corroboran. Sin embargo, tras diversas vicisitudes, la denuncia fue sobreseida por falta de pruebas y se archivo provisionalmente hasta que se aportaran nuevas evidencias. 

En la madrugada del 30 de marzo de 2019, un numeroso grupo de policías pertenecientes a la Unidad Adscrita al Juzgado de Plaza de Castilla irrumpió en la casa donde residían María Sevilla con su hijo, su pareja actual y otra hija en común, a las afueras de Cuenca, cumpliendo una orden judicial. En ese momento el menor, que entonces tenía once años, fue entregado al padre y Sevilla quedó en libertad con cargos a las pocas horas y con una orden de alejamiento de su hijo. 

Sevilla denunció en diversas ocasiones la debilidad y falta de voluntad de investigación por parte del juzgado que instruyó el caso penal. El escrito en el que se solicita el indulto para Sevilla vuelve a incidir en esta cuestión. Afirma que "no se han producido investigaciones eficaces", que ninguno de los profesionales médicos que hicieron seguimiento del menor y a los que relató los abusos han sido escuchado en ningún procedimiento penal. El escrito denuncia, además, la existencia de estereotipos de género, como la aplicación del inexistente Síndrome de Alienación Parental en el informe del psicólogo forense adscrito a los juzgados, donde se afirma que "no se puede descartar instrumentalización materna de la denuncia". 

"Existe un abandono de la perspectiva de los derechos de la infancia cuando se obliga a un menor a relacionarse con un progenitor por el que siente un profundo rechazo –y que a mayor abundamiento se haya investigado por abusos sexual al propio menor- bajo la amenaza de desvincularlo de su figura de apego que es su madre, poniendo por encima de la salud mental y bienestar del menor la reanudación apresurada de un contacto paterno", afirma el escrito en el que se pide el indulto, que está firmado por diversas organizaciones feministas y de juristas, como la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas PV, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Federación de Mujeres Progresistas y la Federación de Consejo Nacional de Mujeres y Menores Resilientes de Violencia de Género.

Recientemente, diversos expertos del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas han llamado la atención a España por el excesivo uso del supuesto Síndrome de Alienación Parental y por la desprotección de mujeres y menores en el sistema de Justicia. La Relatora Especial de la ONU sobre violencia la Mujrer, sus causas y consecuencias, Reem Alsalem, explicó a este diario que su oficina ha recibido más de 30 denuncias de madres a las que la justicia les ha retirado custodias o las tutelas de sus hijos tras denunciar violencia de género o abusos sexuales hacia sus hijos. Un problema que consideran como un "patrón estructural" en la justicia española a tenor de las denuncias. 

Estos expertos han exigido en diversas ocasiones a nuestro país en los últimos dos años que el Estado tome medidas para proteger tanto a madres como a sus hijos y que asegure que los tribunales "superen los prejuicios contra las mujeres" y apliquen "un enfoque centrado en los niños y de género".

El pasado martes la Fiscal de Sala contra la violencia sobre la mujer, Teresa Peramato, ha hecho un llamamiento a los fiscales para trabajar con perspectiva de género y asegurar que en los casos en los que exista sustracción de menores por parte de la madre, investiguen si la mujer ha actuado en el marco de una situación de violencia machista. Una llamada de atención importante, dado que existen numerosos casos en nuestro país en los que las madres denuncian violencia de género o abusos sexuales por parte de sus parejas hacia sus hijos e hijas y que tras un largo litigio judicial acaban sin la custodia de los mismos, que son entregadas al padre acusado, sin la patria potestad o enviadas a prisión por desobedecer órdenes judiciales, cuando afirman proteger a los menores.  

Este diario ha documentado a lo largo de los últimos años varios de estos casos, entre los que figuran el de Juana Rivas, Sara B. B., Irune Costumero, María Sevilla o Patricia González, entre otros. ​

El caso Infancia Libre está relacionado con una serie de actuaciones policiales que entre los meses de abril y mayo de 2019 detuvieron a tres mujeres por supuesta sustracción de sus hijos y a otra, al vicepresidenta de la organización, la llamaron ante el juzgado. Paralelamente la Unidad de la Policía adscrita a los juzgados elaboraron un informe en el que acusaban a una treintena de madres y a varios profesionales de la sanidad púbico de formar una trama delictiva que se dedicaba a interponer denuncias falsas de abusos sexuales de sus hijos por parte de sus parejas para arrebatarles la custodia de los menores. El informe fue desestimado por la Fiscalía de Madrid, por no encontrar ningún indicio de trama criminal ni de denuncias falsas.