ÁvilaLa Justicia tumba la construcción de un complejo turístico en una zona protegida de Burgohondo

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha revocado una sentencia del Juzgado de Ávila y ha anulado la autorización para construir un complejo turístico-religioso en suelo protegido del municipio de Burgohondo, en Ávila.

El promotor, la denominada Iglesia de Pobres y Humildes en Profecía de Esperanza (Iglehumilpre), pretendía la urbanización de un paraje de gran valor natural al nordeste de la Sierra de Gredos, con un coste de más de ocho millones de euros, para construir en cerca de 15.000 metros cuadrados 40 edificaciones sobre una finca rústica protegida.

La asociación Ecologistas en Acción ha ganado el recuso. En la sentencia, el Tribunal considera que la creación de estas infraestructuras constituirían una actuación de transformación urbanística de la finca, que pasaría de ser suelo rústico a ser suelo urbanizado, en contra de la ley de Suelo.

Además, la sentencia critica que ni en el proyecto aprobado ni en la Declaración de Impacto Ambiental favorable que emitió la Junta de Castilla y León en 2013, se hayan valorado las repercusiones que pudiera producir en la red municipal de abastecimiento de aguas y en la red de saneamiento. Esto a pesar de que el complejo urbanístico estaba diseñado para un aforo de 1.000 personas, en un pueblo de tan solo 1.225 habitantes situado en una comarca con graves problemas de abastecimiento y de vertido de aguas.

La sentencia el reconoce el alto valor natural y paisajístico de la finca y su entorno

En la misma línea, el escrito se posiciona en contra de que se pretendiera realizar el proyecto en suelo rústico por criterios económicos, a costa de apropiarse de las plusvalías que generase, que hubieran debido corresponder a la comunidad. En la misma línea, el escrito del tribunal reconoce el alto valor natural y paisajístico de la finca y su entorno.

Por su parte, Ecologistas en Acción considera muy preocupante que proyectos como el ahora anulado no hayan sido desestimados en la Declaración de Impacto Ambiental o al resolver la autorización la Junta de Castilla y León, ya que la propia sentencia reprocha a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que no haya resuelto el recurso.